Amnesty Internacional contra penal uruguayo en Punta Rieles

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lunes, 15 de junio de 2009

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Penal utilizado por la dictadura uruguaya - 15/06/2009


www.amnistia.org.uy - 9 de junio de 2009.
Amnistía Internacional Uruguay ante posible reapertura de ex Penal Punta Rieles como centro de reclusión.

Amnistía Internacional Sección Uruguay, desea expresar su posición respecto a la polémica que se ha suscitado acerca de la posible reapertura, como cárcel, del Establecimiento Militar, conocido como ex Penal de Punta Rieles.

Durante la dictadura cívico militar uruguaya, Amnistía Internacional se movilizó por la situación de las presas y presos políticos uruguayos. Desde fines de los años 60 y hasta 1984, además de amparar a cientos de uruguayos y uruguayas como presos de conciencia, pidió periódicamente que un cuerpo independiente visitara las cárceles uruguayas para estudiar las denuncias de torturas practicadas en dichos centros de reclusión. Esta solicitud le fue negada sistemáticamente, hasta que a mediados de 1984, Amnistía pudo visitar el Penal de Punta Rieles.

El Informe que la organización emitió después de esta visita, denunciaba la situación de las presas, afirmando que en su vida cotidiana eran mal tratadas de diferentes maneras. Vivian un permanente hostigamiento por parte de la policía femenina especializada a cargo y en ocasiones eran golpeadas con un tolete (especie de palo) que dichas policías portaban. Asimismo varios oficiales presentes en sesiones de torturas a las que, por varios días y hasta meses, fueron sometidas las presas, posteriormente cumplieron funciones en el Penal. Como dijo gráficamente una testigo: " Repito: los carceleros de hoy son los torturadores de ayer y esto es esencial para comprender el meollo, para comprender lo que es la vida de la presa en el establecimiento…"( AMR 52/28/84/8, Pág. 3).

Las presas eran castigadas dentro del Penal y puestas en confinamiento solitario en numerosas ocasiones. Vivian un estado de inseguridad permanente, con suspensiones de visitas, amenazas y requisas dentro de las celdas que arruinaban sus escasas pertenencias y la comida que podían guardar en ellas. Muchas veces fueron trasladadas ilegalmente a diferentes sitios para ser torturadas y reinterrogadas (1.)

Amnistía Internacional considera que abrir Punta Rieles sin cerrar las heridas del periodo de gobiernos militares, dada la impunidad prevalente en Uruguay, sería una afrenta a la memoria de las víctimas de los malos tratos y torturas que se efectuaron dentro de este Penal y a la sociedad uruguaya en su conjunto. Además, esta decisión contrasta con los esfuerzos realizados en otros países de la región para convertir antiguos centros de tortura en sitios de memoria y enseñanza.

Por lo tanto expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión política respecto a la reconversión de ese sitio nuevamente en Penal, cuando existen iniciativas concretas y vigentes que buscan convertir el lugar en un sitio para recordar las violaciones de derechos humanos del pasado y trabajar así para la no repetición y reparación de estos hechos. Es por esto que Amnistía Internacional solicita a las autoridades competentes buscar alternativas a esa decisión.

(1 Uruguay: Informe sobre las condiciones en el Penal Punta de Rieles, AMR52/28/84/8 Amnistia Internacional. Secretariado Internacional.)
(fuente)

"Las latas" de la Libertad - Uruguay

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Graves fallas en el sistema carcelario - 15/06/2009



SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES EN URUGUAY; mas sobre la decisión de la JUSTICIA, que OBLIGA a CERRAR "las latas" de LIBERTAD
LA JUSTICIA CONDENÓ AL ESTADO URUGUAYO POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS ABOGADOS GUSTAVO SALLES Y RAMIRO CHIMURIS
Extractos de Entrevista al Doctor Gustavo Salle; 9 de junio del 2009 en CX36 Radio Centenario-LA IMPRESCINDIBLE- 1250 AM –por José Luis Vazquez.

FALLO:
“Acógese parcialmente la demanda y en su mérito ordénase al estado, Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior en forma inmediata conforme a lo dispuesto por el artículo 9 literal C de la ley 16011, primero, disponga la eliminación como centro de reclusión de los módulos metálicos del Penal de Libertad lo que deberá efectivizarse en el plano máximo de 120 días. Segundo, disponga las medidas necesarias para eliminar el hacinamiento carcelario en los centros de reclusión que padecen súper población lo que deberá efectivizarse en un plazo máximo de 8 meses y tercero, disponga la separación de procesados y condenados en todos los establecimientos del país lo que deberá efectivizarse en el plazo máximo de 8 meses”

La justicia falló contra el estado, falló contra el gobierno del Frente Amplio (FA), la justicia reconoció que este gobierno está violando los derechos humanos en materia carcelaria y era una denuncia que habían hecho los abogados Gustavo Salle y Ramiro Chimuris.

Palabras del Dr Salle:
Yo quiero decir que este fue un proceso muy importante, porque la prueba que lo que se hizo fue verdaderamente trascendente, quiero decirle a los amigos que en este proceso declaró por informe naturalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, testificó personalmente el comisionado parlamentario para los asuntos carcelarios el doctor Álvaro Garcés, declaró, testificó también por informe los senadores Eleuterio Fernández Huidobro, Víctor Vaillant, se agregó el informe carcelario 2008 del comisionado parlamentario de 245 páginas y se agregó el informe preliminar del relator de la tortura para la ONU el doctor Manfred Novack.

También declararon altas autoridades del Ministerio del Interior como por ejemplo la directora de secretaría general doctora Blanca Arizeta y declaró también el señor director nacional de cárceles el inspector Sas De todas estas testificaciones, de todas estas pruebas ingresadas al proceso emergió plenamente probado que... en las cárceles de este gobierno se violan en forma grave, permanente y sistemáticamente los derechos humanos; naturalmente esa es una conducta gravemente ilícita por eso se justificó la intervención excepcional y de carácter residual que tiene el amparo, es un mecanismo procesal de características heterodoxas que incluso la propia jueza sentenciante, la doctora Cristina Cabrera Costa reproduciendo un trabajo del profesor Néstor Saquéz dice, el amparo es un instituto de carácter excepcional, residual y heroico reservado para las delicadas y extremas situaciones en las que por falta de otros medios legales peligra la salvaguardia de los derechos fundamentales.

He allí entonces la fundamentación de por qué acudimos a la acción de amparo, para que cese esta política de estado que además responde a un flagrante y deleznable doble discurso de la presidencia de la República, porque en el año 2005 en uno de sus primeros discursos ya como presidente de la República el doctor Tabaré Vázquez decreta el estado de emergencia humanitaria por la situación en que se encuentra la población reclusa del país.

Es cierto que esta situación de las cárceles se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, que hubo políticas verdaderamente oprobiosas, tanto por parte del gobierno blanco como del gobierno colorado y de ahí entonces el decreto de emergencia humanitaria.

Todos esperábamos naturalmente que con ese decreto y reconocida la situación ya instalada de la violación de los derechos humanos este gobierno las cambiara, porque además esperábamos una sensibilidad particular de un gobierno que tiene a muchísimos presos políticos en cargos del Poder Ejecutivo, altos cargos de la supra estructura estatal, pero inscripto en lo que ha sido la filosofía de este gobierno lejos de mejorar la situación la misma se profundizó, se agudizó, es decir el hacinamiento y de ahí la violación explícita de los derechos humanos se agravó con el gobierno auto denominado progresista.

Por eso nuestra denuncia penal, que no es esta la sentencia, ante la justicia del crimen organizado un mes antes que llegara a nuestro país Manfred Novack, es decir que les quiero comentar a los amigos que no precisamos de las Naciones Unidas, no precisamos de un extranjero para actuar en forma aguda, seria, trascendente en defensa de los derechos humanos, hicimos la denuncia con posterioridad y tomando como elemento de prueba dada su gravitación a nivel del Poder Ejecutivo e internacional del informe preliminar de Novack, lo tomamos como fundamento de la acción de amparo que prospera por la cual se llega a este fallo que yo voy a dar lectura:

“Acógese parcialmente la demanda y en su mérito ordénase al estado, Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior en forma inmediata conforme a lo dispuesto por el artículo 9 literal C de la ley 16011, primero, disponga la eliminación como centro de reclusión de los módulos metálicos del Penal de Libertad lo que deberá efectivizarse en el plano máximo de 120 días.
Segundo, disponga las medidas necesarias para eliminar el hacinamiento carcelario en los centros de reclusión que padecen súper población lo que deberá efectivizarse en un plazo máximo de 8 meses y tercero, disponga la separación de procesados y condenados en todos los establecimientos del país lo que deberá efectivizarse en el plazo máximo de 8 meses".

Se desestima la parte de la acción de amparo en la que pedíamos la formación de una comisión de seguimiento y la sentenciante entiende que con los elementos legales, con los instrumentos procesales con los que cuenta la justicia para hacer cumplir este fallo no es necesaria la formación de dicha comisión que además es de dudosa legalidad según la propia sentenciante Sí, el propio procedimiento previsto en la ley 16011 constriñe a los operadores jurídicos a actuar con celeridad, precisamente porque se entiende que es para situaciones donde están en juego derechos fundamentales cuya forma de amparo es mediante este procedimiento expeditivo.

Yo voy a contestarle a algunos periodistas que hoy en la mañana se preguntaban y no entendían por qué esta sentencia, lo cual resulta verdaderamente asombroso y paradójico, dando pauta de cual es el estado de situación de nuestro país de por qué la sentencia acoge la protección de los derechos humanos de los procesados y aún de los condenados. Pero parecería que la doctora Cabrera le leyó la mente a esos periodistas que se quedan en una visión, en una cosmovisión recalcitrante y ella decía en su sentencia:

“Por el contrario las cárceles que vulneran los mínimos éticos y jurídicos atentan por igual contra el individuo encarcelado y contra la sociedad que recluye de modo inhumano, los centros referidos en la actualidad reproducen la criminalidad, sirven de escuela de crimen como se ha sostenido públicamente por distintos actores del sistema político y social nacional, tornando absolutamente ilusorio el derecho a la resocialización a quien por diversas causas ingresan a los mismos”. 

Es decir, la doctora Cabrera se adelanta a estos comentarios absolutamente torpes y dice, si nosotros tenemos cárceles donde se perfecciona al delincuente, donde se aumenta su resentimiento contra la sociedad, vamos a tener cuando indefectiblemente ese individuo salga, salvo que estos reaccionarios quieran la pena de muerte incluso para delitos no muy graves, de poca trascendencia porque en nuestro sistema procesal actual se va a la cárcel incluso por delitos de poca trascendencia ontológica, entonces se reproduce la criminalidad y ese individuo cuando sale como la cárcel no cumple con la finalidad que le asignó el constituyente en el artículo 26 de la Constitución, sale perfeccionado en el crimen y con un resentimiento antisocial más intenso, por lo tanto con cárceles que sirvan para reeducar, reinsertar, resocializar tendremos entonces un efecto inmediato en la población en general, no vamos a tener individuos tan resentidos, tan violentos, tan perfeccionados en la criminalidad.

Por otro parte les quiero decir a estos periodistas que no entienden nuestro accionamiento pero que tienen hijos de 18 años y mayores que nadie está libre de caer preso, porque si se tiene la fatalidad de un accidente, de un delito culposo han habido casos en los que se termina en la cárcel y se termina en estas cárceles.
Además yo pregunto, ¿entonces están haciendo una apología de la violación de los derechos humanos, están diciendo que el estado frente al individuo que delinquió tiene el derecho de torturarlos?, porque entonces esa posición no es solamente inédita sino que además es criminal porque es apología del delito.

Para quienes ven en esta sentencia un error de la justicia yo les digo que por el contrario, esta sentencia no solamente tiene una trascendencia en lo que refiere a la protección de los derechos humanos y de la dignidad de los individuos que están procesados, porque además hay otro aspecto importante a relevar nuestras cárceles tienen un porcentaje altísimo de procesados y no de condenados, es decir de individuos que están amparados por el principio de inocencia que solamente decae, que solamente se elimina cuando hay sentencia condenatoria basada en autoridad de cosa juzgada.

Cuando uno pide cárceles donde se resocialice al individuo imputado de un delito también está buscando la protección de los derechos humanos, pero además estimados amigos cuando un gobierno viola en forma permanente y sistemáticamente los derechos humanos de las personas bajo su tutela, porque la violación de los derechos humanos en nuestro país se produce con relación a los presos, pero también se produce con respecto a los menores en situación de segregación, de internación educativa, cuando se habla de los enfermos psiquiátricos bajo medidas curativas también se produce la violación de los derechos humanos y este gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de esta población en situación de vulnerabilidad, también viola los derechos de toda la ciudadanía porque incumple con el cometido esencial y constitucional de brindar seguridad a todos los ciudadanos, incumple con el cometido de brindar métodos de prevención y curación de las enfermedades en la forma que requiere nuestra población.

Entonces hay un componente de coherencia en la política de estado de este gobierno que es la política de la omisión, la política de la prescindencia, la política de la negligencia, la política del incumplimiento y nosotros decimos que fundamentalmente el responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no es cierto que no haya recursos para atender la salud, la educación, la seguridad o las cárceles del país, el tema es la asignación de esos recursos y naturalmente si nosotros tenemos un Ministro de Economía cuya preocupación fundamental es cumplir con la usura de la banca internacional y pagar la ilegítima deuda externa que ahoga, que sojuzga a nuestro pueblo, que somete a condiciones infrahumanas a un 56% de nuestros niños, que somete a condiciones infrahumanas a los pacientes psiquiátricos, que somete a condiciones infrahumanas a los menores infractores y a los reclusos de las penitenciarías de nuestro país, evidentemente la culpa no es solamente del Ministerio del Interior en su momento la señora educadora Daysi Tourné.

Hay culpas compartidas porque esta batalla había que librarla dentro del consejo de Ministros torciendo las políticas claudicantes y cobardes que se dan dentro de ese órgano del Poder ejecutivo, esa era la pelea que tenía que dar Daysi Tourné y era la pelea que tenía que dar como militante socialista que no dio y que por el contrario coadyuvó con esas políticas.

Esta sentencia está referida directamente al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior; pero nosotros decimos que esta violación de los derechos humanos parte de una conducta omisiva de estos jerarcas y los de otras areas, entonces llegamos a lo que se denomina en derecho penal a lo que aparentemente podría ser una conducta criminal por omisión.

Ese es nuestro enfoque, esa denuncia está para dirimir la competencia del juez que tenga que intervenir, porque los jueces que sucesivamente la han tomado han tratado naturalmente de sacársela de encima.

El abogado del Ministerio del Interior naturalmente sabiendo su posición endeble ante la defensa de los derechos sustanciales de la situación de fondo, porque es consciente de la violación de los derechos sistemáticamente y en forma permanente por este gobierno, intentó obstruir el paso de nuestro accionamiento diciendo estos dos sujetos Chimuris y Salle no tienen legitimación activa, no son nadie para venir a instaurar una acción contra el estado, claro que no lo hace en estos términos el colega que es muy correcto en su semántica pero en buen romance la defensa era esa.

En la actualidad existe un colectivo identificable conformado por todos los reclusos alojados en las cárceles del país como argumenta la parte demandada, no obstante los doctores Salle y Chimuris demandaron por los derechos de dicha población carcelaria y de todos quienes a diario ingresan o ingresarán en el futuro y que en las actuales condiciones de los establecimientos en la que se aloja a la mayoría de los presos verán indefectiblemente vulnerados sus derechos constitucionales y está correcto y le vuelvo a contestar a esos periodistas reaccionarios que ellos mismos no están libres de caer en una de estas mismas cárceles y tendrá que pagar peaje para cuidar su integridad física y moral y si no paga peaje la perderá.

Yo ya conté la anécdota que le relaté directamente al relator internacional para la tortura Manfred Novack cuando un defendido mío ante el juez que le iba a hablar por una salida transitoria, el juez le preguntó como estaba y él le dijo ahora estoy mejor porque ya no me violan tantos, me conseguí un novio y por lo tanto me viola uno sólo, ese es el estado de situación amigos, por lo tanto cuando en nuestro pueblo asediado por una propaganda, por una cultura de la represión se pide más severidad, tengan presente los padres, tengan presente las propias personas que se pueden llegar a ver enfrentados a una situación existencial y enfrentados a una patota que en determinado momento lo va a violar o lo va a castigar o lo va a infestar porque no pagó el peaje nosotros hacemos la defensa de los derechos humanos de los encarcelados pero también es una defensa como lo dice la doctora Cabrera de toda la sociedad, no queremos escuelas, no queremos post grados, no queremos Harvard del crimen y cuando digo, Harvard por supuesto que me viene a la memoria toda la delincuencia de cuello blanco, toda esa delincuencia que la crónica roja no toca, esa delincuencia que ha costado a la humanidad trillones de dólares, millones de muertos, millones de enfermos; de esa criminalidad estos que piden represión, estos que piden mantener la violación de los derechos humanos en las cárceles lejos de ser críticos son adulones de esos delincuentes de cuello blanco, son incapaces de hacer grandes crónicas con respecto a las estafas de las grandes corporaciones o a los delitos medio ambientales de las grandes corporaciones, los crímenes de las farmacéuticas o a los crímenes de las patentes o a las pandemias inventadas por laboratorios que están en crisis financiera y de la noche a la mañana se vuelven ricos.

Se dan cuenta amigos, esa es la tragedia de los medios de comunicación al servicio de las elites ricas
(fuente)

PADRE GRASSI - PIDEN 30 AÑOS PARA EL ABUSADOR

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

miércoles, 8 de abril de 2009

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Impresiona escucharlo declamar su inocencia y mentiras ! - 08/04/2009



Nota correspondiente a la publicación del día Martes de 7 de Abril de 2009
17:05 - SOCIEDAD

El fiscal pidió 30 años de prisión para el cura Grassi por abuso de menores

En su alegato, solicitó además que se disponga su detención, ante una posibilidad de fuga. "Es un mentiroso compulsivo que no puede parar de cometer los mismos delitos por el que se lo acusa", dijo uno de los abogados querellantes.
La fiscalía solicitó hoy 30 años de condena para Julio Grassi y su detención efectiva, al considerarlo culpable de los 17 delitos de abuso sexual que se le imputan contra tres menores que hasta 2002 eran asistidos en la fundación Felices los Niños, que dirige el sacerdote.

El fiscal Alejandro Varela solicitó esa pena en su alegato y fundamentó el pedido de prisión efectiva basado en la extensión del daño, la "perdurable angustia" en sus víctimas y el perjuicio ocasionado a la Fundación como entidad de asistencia.
Varela consideró como atenuantes a la pena, que para este tipo de delitos prevé un castigo de 10 a 37 años y medio de prisión, al hecho de que el sacerdote no haya tenido condenas anteriores.

"El perro guardián del rebaño era el lobo que lo guardaba para su provecho", dijo en alusión al sacerdote y afirmó que "quedaron totalmente probadas para la Fiscalía los 17 hechos de abuso sexual" contra Ezequiel, Gabriel y Luis, nombres con los que se conoció a los denunciantes.

El fiscal señaló que la defensa "intentó entorpecer" el juicio "cuando traía a pocos testigos en el tiempo que debía desarrollar su prueba" y que Grassi y su equipo visitaban a los testigos antes de que declararan.

Varela consideró falsos los argumentos sobre presuntos complot "ya sea de Susana Giménez, canal 13, la periodista Miriam Lewin, los ex empleados de la Fundación o ciertos miembros de la Justicia que el acusado mencionó en el juicio".

También tomó como agravante que Grassi "no haya aceptado realizarse ninguna pericia en los Tribunales de Morón y sí lo haya hecho en la localidad de El Calafate", la cual "si bien no es determinante, califica al procesado tal como se lo vio, en el día a día, durante el desarrollo del juicio".

Para Varela, el cura "no tuvo una prisión morigerada" pues vive "en una casa quinta frente a la Fundación" y aunque "en reiteradas oportunidades esta fiscalía denunció violaciones a las restricciones, esas denuncias no tuvieron éxito".

"Todos los peritos coincidieron en que las víctimas no eran mentirosas, no son fabuladores y con esas pruebas, más los testimonios que hablan de cómo Grassi se manejaba dentro de la Fundación, se formuló el pedido de condena", fundamentó.

El fiscal pidió también que Grassi cumpla prisión preventiva efectiva una vez que el Tribunal dicte sentencia y acusó de falso testimonio a por lo menos cuatro testigos que trabajaban con el sacerdote cuando ocurrieron los hechos juzgados.

Al salir del Tribunal, Grassi volvió a reiterar su inocencia y aseguró que el pedido del fiscal no lo sorprende: "aunque hubiera pedido un mes igual me hubiera dolido, porque soy totalmente inocente", aseveró.

"No hay ninguna prueba para acreditar las 17 denuncias que me hicieron en este juicio, confío en que mis abogados van a demoler técnicamente los dichos del fiscal y se va a demostrar que todas las denuncias son mentiras", dijo el religioso.

Pablo Gallego, del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) y abogado de Ezequiel, consideró "brillante" el alegato del fiscal, que "da por tierra todas las acusaciones que se hicieron contra los chicos" y contra él mismo.

"Esto demuestra que se les creyó a los denunciantes y Grassi está disfrutando de sus últimos días en libertad", recalcó.

El juicio continuará el 13 de abril con los alegatos de los abogados querellantes, luego seguirá la defensa del cura, las respectivas réplicas, la última palabra de Grassi y la sentencia del Tribunal, que se estima será para mediados de mayo.

El abogado defensor, Daniel Cavo, adelantó que pedirá la absolución total de los delitos que se le imputan a Grassi y que, en caso de ser condenado, apelará la sentencia.
(fuente)

BUSSI y MENENDEZ - Llanto y bronca de los criminales

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

sábado, 30 de agosto de 2008

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Dos miserables criminales más a la cárcel ! - 30/08/2008


Entre medio de los argumentos disparatados, indignantes y ridículos de comparar la lucha guerrillera de Sierra Maestra, Cuba con la lucha en los montes tucumanos, decir que el comunismo quería disolver la familia (cosa que ellos sí hicieron), reivindicar la lucha "por el sentir nacional", defenderse expresando que la izquierda quería "eliminar al que pensaba distinto", y mil locuras más, podemos disfrutar de la condena, OTRA MÁS, a estos dos delincuentes aberrantes, criminales de lesa humanidad, lacra de la Argentina y basura de la humanidad!

Que se pudran en la cárcel y veamos a sus defensores como la lacra Cecilia Pando, etc., lo reivindicarán.


"La Justicia de Tucumán condenó a Bussi y a Menéndez a prisión perpetua.

Ambos represores fueron condenado hoy a prisión perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.

Tras conocerse la sentencia, se registraron incidentes en los alrededores de los Tribunales. Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; por asociación ilícita; violación de domicilios y privación ilegítima de libertad; imposición de tormentos agravados; y homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado por la participación de dos o más personas con el fin de actuar con impunidad.

Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, en cambio decidieron diferir el pronunciamiento sobre la forma de condena de prisión impuesta a los imputados, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente que en el caso de Bussi es arresto domiciliario.



Esta situación causó malestar entre los manifestantes de derechos humanos que esperaban el fallo frente a la sede del Tribunal Federal Oral de Tucumán y que pretendían que se disponga el traslado de Bussi y de Menéndez al penal de Villa Urquiza para que cumplan la condena junto con presos comunes.

El tribunal, además, hizo lugar a los pedidos efectuados por el fiscal Alfredo Terraf y solicitó que se abra una investigación contra los testigos Roque Ramón Cabral y Raúl Ildefonso Molina por la presunta falsificación de instrumentos públicos, y contra José Víctor Jerez y Carlos Décima, por falso testimonio.

Durante la mañana, los represores defendieron su proceder durante los años ’70 y reiteraron que la Argentina "padecía una guerra", al hablar antes de escuchar la sentencia del juicio oral.

El primero en exponer fue Bussi, quien, dirigiéndose a los miembros del Tribunal aseguró: "Pese a no ser mis jueces naturales, tienen el honor de ser magistrados del lugar que fue cuna de la independencia y sepulcro de la subversión marxista-leninista". "Junto a soldados combativos, derrotamos en la Sierra Maestra argentina la agresión que perseguía convertir al país en un satélite soviético.

Me siento un perseguido político de los derrotados de ayer en un combate justo", aseveró Bussi.

Respecto de Vargas Aignasse, Bussi insistió en que nunca lo vio y volvió a aventar la tesis de que cuando el ex senador, el 5 de abril de 1976, era trasladado a su domicilio para ser puesto en libertad, fue secuestrado "por parte de aquellos a los que había delatado" en la cárcel de Villa Urquiza y agregó que "esa metodología era propia de los montoneros para los delatores".

Bussi reconoció que el 24 de marzo de 1976, día en que fue detenido Vargas Aignasse, recibió de la Junta de Comandantes "una orden de carácter inexcusable e insoslayable, pormenorizada hasta en sus menores detalles, que estaba destinada a prevenir cualquier tipo de reacción inmediata por parte de potenciales opositores, para consolidar a la junta en el ejercicio del poder político de la nación".

Seguidamente, habló Menéndez, que no se detuvo en ningún detalle de la causa y que se limitó a manifestar que, desde 1960, la Argentina "padece las consecuencias de la peor de las guerras, la silenciosa, la revolucionaria, que es global, inexorable y permanente". "La Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden y para sus compatriotas.

Pero, como lo hizo recientemente un oficial uruguayo, con patético dolor, podemos preguntarnos: ’¿para quién ganamos la batalla?", preguntó.

El fiscal Terraf había solicitado que los represores fuesen condenados a prisión perpetua por haber formado parte de una tiranía que, tras el golpe de Estado de 1976, se dedicó a aniquilar a quienes pensaban diferente. "La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder.

Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida", aseveró Terraf.

Al formular sus alegatos en el juicio oral por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, el fiscal requirió que los militares retirados cumplan la pena en la cárcel de Villa Urquiza, para lo cual deberían ser revocadas las detenciones domiciliarias de la que gozan en la causa.

Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.

Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.

A pesar del fallo, la situación judicial de Bussi y Menéndez no termina ahora, porque ambos están imputados en otras 600 causas por violaciones a los derechos humanos.

(fuente)

Tras el fallo, Garré pidió que Menéndez sea alojado en una cárcel común La ministra de Defensa solicitó de manera urgente al presidente del tribunal oral federal de Tucumán que el ex militar sea trasladado de la unidad en la que está alojado. Además, dispuso la prohibición de nuevos alojamientos de procesados en otras dependencias de las FF.AA.

Garré argumentó su pedido en que ninguna Unidad Militar es “idónea para alojar a personas condenadas en procesos penales, ya sea desde el punto de vista edilicio, como en lo que respecta a las condiciones de seguridad” necesarias para personas privadas de su libertad.

En un comunicado, destacó además que ni el Ministerio de Defensa, ni ninguna otra dependencia de las Fuerzas Armadas puede asumir la responsabilidad de alojar a personas que se encuentran privadas de su libertad sin que esto implique violar “prescripciones establecidas por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y excederse en sus competencias”.

Para el secretario de Derechos Humanos de Tucumán, el juicio marcará "un antes y un después en la provincia" El secretario de Derechos Humanos de Tucumán, Daniel Posse, aseguró esta mañana que la sentencia que se pronunciará hoy en el juicio oral contra Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez marcará "un antes y un después en la provincia". "Esto tiene una gran significación e importancia histórica, además de jurídica, porque el 10 por ciento de los desparecidos son tucumanos", aseveró el funcionario antes de ingresar a la sede del Tribunal Oral en lo criminal Federal de Tucumán.

Estela de Carlotto dijo que espera “cadena perpetua y cárcel común para los genocidas” La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo hoy que esperaba "una condena a cadena perpetua firme, en cárcel común y sin ningún privilegio" para los represores Luciano Menéndez y Antonio Bussi acusados de la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse.

"El simbolismo que representa la condena a estos personajes es un alivio y un ejemplo de lucha perseverante por los derechos humanos que está librando la Argentina", señaló Carlotto horas antes de conocerse la sentencia a los represores Menéndez y Bussi.

Carlotto agregó en declaraciones a Télam que los delitos de lesa humanidad cometidos por los represores "no pueden quedar como si nada" y se lamentó de que por la vigencia de las leyes de impunidad no hayan sido juzgado antes.

"Ellos son genocidas confesos que reivindican los horrores que han cometido justificándolos con mentiras. Lamentamos que se les haya facilitado el acceso al poder como si fueran ciudadanos comunes", manifestó la titular de Abuelas por el apoyo dado a Bussi cuando en su momento se le permitió ser elegido gobernador de Tucumán y luego diputado.

La Iglesia al banquillo

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

lunes, 18 de agosto de 2008

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Otro juicio oral importante comienza - 18/08/2008

Se inicia el juicio contra el sacerdote Grassi

En la causa se habla de presunta corrupción de menores con una pena de hasta 25 años de prisión. El cura se dice inocente.

Buenos Aires. El sacerdote Julio César Grassi será juzgado desde mañana por presunta corrupción de menores, y aunque la Fiscalía y la querella apuestan a su condena, el sacerdote confió en que demostrará que es inocente y, en ese sentido, afirmó que "si hay Justicia" será "absuelto".

Grassi, acusado por tres menores que estaban bajo su tutela, dijo que el caso "fue todo una trama mal hecha por periodistas" y aseveró: "Si hay Justicia, voy a ser absuelto".

El debate comenzará luego de varios años de investigación y, de ser considerado culpable, el religioso podría recibir una condena de hasta 25 años de prisión.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón, que deberá decidir si condena o no a Grassi por "abuso deshonesto agravado y reiterado en concurso ideal, con corrupción de menores agravada sobre tres menores".

El proceso, que duraría más de cuatro meses, comenzará a las 9 de la mañana de este martes en el décimo piso de los Tribunales ubicados en Colón y Almirante Brown, en Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires. El tribunal oral resolvió que no haya público ni periodistas en la sala de audiencias.

Los acusadores del sacerdote fueron tres jóvenes que pertenecían a la Fundación "Felices Los Niños" y que estaban bajo su guarda. El caso se conoció a través del programa "Telenoche Investiga", de Canal 13. El primero en hablar fue el joven conocido como "Gabriel", quien afirmó que el sacerdote habría abusado de él en la Fundación.

Luego se sumaron otras presuntas víctimas: los chicos denominados "Ezequiel" y "Luis", que reportaron haber visto o sufrido -respectivamente- supuestos abusos.

Sin embargo, los denunciantes serán convocados a declarar recién dentro de varias semanas, porque el cura pidió que se leyera toda la prueba aportada durante estos años.


"Soy pecador..."

Poco antes del comienzo del juicio, Grassi se defendió y dijo: "Soy un pecador, no soy el mejor, pero estoy del lado de los buenos" porque "acá hubo gente grande que los extorsionó (a los chicos) y lo voy a demostrar en el juicio".

"Fue una trama mal hecha por periodistas que se fueron a fiscales. Me han mandado a juicio oral con nada de prueba, con contradicciones, con testimonios falsos", enfatizó el sacerdote católico por radio.

Añadió que "presentaron testigos falsos y hubo funcionarios judiciales que convalidaron este proceder" y se mostró "confiado de que empiece el juicio y pueda convencer a los jueces de toda esta causa armada".

El abogado Juan Pablo Gallego, querellante en el proceso, aseguró que "aunque él diga lo opuesto, están probados los abusos, las amenazas a testigos y el plan de la defensa para desmentir la consistencia de estas acusaciones. Hasta hubo funcionarios judiciales involucrados en esas maniobras que también tendrán que explicar sus actos ante la Justicia".

El letrado señaló que Grassi "muchas veces a lo largo de estos años anunciaba en los medios que tenía pruebas para desmentir todo y que quería someterse a juicio, pero cuando llegaba a los jueces la actitud era otra, con maniobras dilatorias".


Tres menores

Junto a los abogados Jorge Calcagno y Sergio Piris, que representan a "Gabriel" y a "Luis", Gallego actúa en nombre del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN).

El letrado sostuvo que esa entidad "trabaja con la más absoluta claridad para defender los derechos de niños sin tener en cuenta acusaciones realizadas por Grassi y confía en obtener una decisión final ajustada a derecho".

El caso salió a la luz el 23 de octubre de 2002 a través del programa Telenoche Investiga (TI), de Canal 13, y Grassi quedó detenido, hasta que el 21 de noviembre de ese año cuando la jueza Mónica López Osornio lo procesó pero le otorgó una libertad vigilada.

El caso llegó finalmente a juicio en medio de la tramitación de la causa en la que hubo amenazas a testigos, acusaciones de extorsión por parte de Grassi y del supuesto "apriete" a una de las víctimas, situación en la que incluso hubo denuncias contra jueces de menores.

(fuente)

“Bussi confirmó todo con una impudicia total”

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domingo, 10 de agosto de 2008

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MARTA RONDOLETTO, DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DE TUCUMÁN - 10/08/2008


Impresiones sobre la declaración del dictador y sobre la sociedad tucumana, que lo votó como su gobernador, frente al juicio. “Se autocompadece cuando habla de sí y es cruel con los otros”.

En esta misma casa, en noviembre de 1976 un grupo de tareas secuestró a seis integrantes de la familia Rondoletto: los padres, Pedro y María, los hijos, Silvia y Jorge, y Azucena, la mujer de Jorge, que estaba embarazada de cinco meses. Marta Rondoletto fue la única que se salvó; tenía 28 años, era dirigente del gremio de prensa. Los vecinos le contaron que los represores habían llegado buscándola. Marta es integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, y desde 1984 ha trabajado en la recolección de pruebas sobre la represión y su responsable en la provincia, Antonio Domingo Bussi.

Escuchar la declaración que el viernes hizo en el juicio oral, dice, “fue escuchar de boca de un genocida todo eso que tuvimos que ir armando durante años con los relatos de los sobrevivientes, con la documentación escrita de los propios militares y literatura sobre las prácticas de represión en otros países. Confirmó con una impudicia total eso que habíamos ido armando como un rompecabezas”.



–¿Fue importante su declaración desde el punto vista legal?

–Absolutamente, porque ya no somos nosotros los que estamos aportando, “esto es lo que dice fulanito”, “esto lo reconstruimos por el sobreviviente tal o porque otro recuerda”... todos los requerimientos legales contra él han sido construidos sumando montones de citas, citas de teóricos del derecho militar, lleno de citas teóricas.

–Y ahora dijo “lo hice así”.

–Y además dijo “yo tenía la suma del poder”. A eso se agrega lo de (Luciano Benjamín) Menéndez: “asumo todo lo que hicieron mis subordinados”, entre los que está incluido, por supuesto, Bussi.

–¿Bussi aportó algún dato que ustedes no conocieran?

–Me llamó la atención lo que dijo al referirse a la gente que secuestraron el 24 de marzo: “Yo tenía la lista desde febrero de a quiénes teníamos que detener y cómo detenerlos”. Bussi nos detalló hasta qué punto hubo una planificación. Se demuestra además que el Operativo Independencia sirvió como un ensayo para esta planificación que hicieron en el golpe. Otra cosa que sabíamos es cómo uno de los objetivos era denigrar a la persona, convertirla en nada. Y si hubo algo impactante en la audiencia fue que ésa fue la estrategia que él desplegó al hablar de su víctima, (Guillermo) Vargas Aignasse. La forma en que dijo “Vargas Aignasss”, como lo pronuncia él, “era un perejil y un buchón, y tooodos en (la cárcel de) Villa Urquiza lo sabían”... Vimos cómo funcionaba esa cosa clave de la represión, porque él estaba categorizando a Vargas Aignasse, pero también estaba hablándoles a sus familiares, que estaban en la sala. Eso nos mostró una característica clave de la represión, la forma en que eran conducidas y tratadas las víctimas y sus familias.

–¿Cómo es el clima social en Tucumán? Da la impresión de que todos tienen una víctima cecercana, pero que todos tienen también cerca a un represor.

–Sí... no sé si un represor activo, pero sí en las familias están las dos cuestiones, sobre todo acá en la capital. Si no son represores, son personas que desde el punto de vista ideológico están de acuerdo con Bussi. Y no es que coinciden con los militares: coinciden con Bussi, y el juicio lo ha exacerbado. Ha vuelto a aparecer, circula por la calle, habla y se ve.

–¿Un gusto por las jerarquías?

–Sobre todo por el orden que se supone él impone; muchos lo siguen viendo como el único que va a castigar a los corruptos. Y si bien es cierto que en la primera elección en la que se presenta consigue 90 mil votos, va aumentando hasta llegar a los 250 mil que lo hacen gobernador, y después baja a 90 mil, es todo un dato que sus hijos en las últimas elecciones hayan sacaron 31 mil votos.

–¿Esto explica que recién ahora se lo esté juzgando, y por un solo caso?

–Es un problema generalizado de la Justicia, que necesita hacerse cargo de que aquí hay un paradigma teórico y jurídico que habla de otro tipo de delito. Para que se pruebe el delito se necesita que el tipo diga “yo confieso, yo lo hice” y ponga la firma o alguien diga “yo lo vi”. Pero estamos ante delitos mucho más complejos, delitos para los que no tenemos cuerpos. Por otra parte, a veces hasta los empleados de los juzgados apañan las conductas de los represores, y eso se manifiesta en el cajoneo de expedientes y en la lentitud con que se mueven. No es problema del secretario del juzgado, es problema del pinche. Hemos denunciado a empleados de un juzgado que van a tomar café llevando un expediente contra Bussi con sus abogados, a la vista de todos.

–¿Qué pensó cuando Bussi se puso a llorar?

–Ahhh... ¡otra vez llorando! Ya lloró cuando le hicieron el juicio por las cuentas suizas. Dijo “ni acepto ni niego” tenerlas. ¡Y lloraba! De la misma manera que ahora, pero en un contexto más grotesco, porque ahora se juzgaba una desaparición. Y además, con esa combinación de autocompasión cuando hablaba de sí y crueldad cuando hablaba de los otros.

–¿Cuáles son los próximos juicios contra Bussi?

–El que está más cerca es el fusilamiento de cuatro militantes de Montoneros, y tal vez a fines de este año esté terminada la megacausa de Arsenales (que funcionó no sólo como un centro de detención sino también de exterminio). El expediente agrupa 80 casos, y entre ellos está la desaparición de mis familiares.

–¿Cree que lo van a poder juzgar en sus condiciones de salud?

–Ese va a ser el escollo más concreto que vamos a tener que seguir superando, con hechos reales o no, porque tiene 82 años. Ahora, si sigue con la lucidez que demostró al declarar, no hay razón para que los juicios no continúen.

–¿Qué pasa con los represores que estaban por debajo de él?

–Hay pocos detenidos. Sabemos de algunos que, con pedido de captura, van a cobrar la pensión.


(fuente)

"Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas"

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domingo, 20 de julio de 2008

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Desparecidos: se recolectaron más de 2800 muestras de ADN en todo el país - 20/07/2008


Fue en el marco de la campaña iniciada hace ocho meses "Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas". Está destinada en la Argentina a familiares de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983.

Según informó la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, concluyó la primera etapa del trabajo iniciado en noviembre de 2007 y "de todo el país se han recuperado para su análisis más de 2.800 muestras y en territorio bonaerense se colectaron 1.200".

En tanto, agregó que el Equipo Argentino de Antropología Forense "comenzó a enviar al exterior estas muestras para iniciar el proceso de comparación".

El EAAF, la Fundación Antropológica Forense de Guatemala y el Equipo Peruano de Antropología Forense implementan esta iniciativa para identificar restos de personas desaparecidas por razones políticas en América Latina.

En la Argentina se busca realizar análisis genéticos a familiares de víctimas de desaparición forzada ocurridas entre 1974 y 1983 y para ello se impulsó la campaña nacional "Una simple muestra de sangre puede ayudar a identificarlo", para la toma de muestras, y se puso en marcha la creación del Banco de Sangre de Familiares.

La expectativa del EAAF es recolectar 3.600 muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas, para poder compararlas con muestras de 600 esqueletos recuperados que aún no fueron identificados.

Los restos fueron exhumados de los cementerios bonaerenses de Avellaneda y de Lomas de Zamora y del de San Vicente, en la provincia de Córdoba.

El Equipo busca crear un Banco de Sangre de Familiares, que se realiza en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Salud.

En el país sólo existe el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand, creado por las Abuelas de Plaza de Mayo y destinado a recolectar muestras de familiares de niños desaparecidos y a través de estos datos ya recuperaron su identidad 90 jóvenes que nacieron en cautiverio o fueron secuestrados cuando eran bebés.

Si una persona es familiar de una víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, cuyos restos no fue posible recuperar, puede comunicarse al 0800-333-2334 para donar una muestra de sangre.

La toma de las muestras de sangre se realiza en todo el país de manera gratuita y los datos obtenidos son confidenciales, aclara el EAAF.

El mes pasado la campaña se trasladó a España y del 12 al 19 de junio la Embajada Argentina en ese país fue el centro de extracción de muestras de familiares de desaparecidos y también ocurrirá lo mismo en los consulados de Barcelona, Vigo, Cádiz y Tenerife.

En más de veinte años de labor, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a 300 víctimas de la última dictadura y recoger material genético de dos mil familiares de desaparecidos.


(fuente)


Crítica Digital

POR EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE
Ya tomaron 2.800 muestras por desaparecidos

A ocho meses de iniciada la campaña "Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas", el EAAF busca llegar a 3.600 muestras.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recolectó en todo el país más de 2.800 muestras de sangre, a ocho meses de iniciada la campaña "Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas", destinada en la Argentina a familiares de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983.

Según informó la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, ya terminó la primera etapa del trabajo iniciado en noviembre del año pasado y "de todo el país se han recuperado para su análisis más de 2.800 muestras y en territorio bonaerense se colectaron 1.200".

El EAAF "comenzó a enviar al exterior las muestras para iniciar el proceso de comparación". La iniciativa la comparten con el Equipo Peruano de Antropología Forense para identificar restos de personas desaparecidas por razones políticas en América Latina.

"Una simple muestra de sangre puede ayudar a identificarlo", cita la búsqueda en la Argentina, donde se puso en marcha la creación del Banco de Sangre de Familiares.

Los restos fueron exhumados de los cementerios bonaerenses de Avellaneda y de Lomas de Zamora y del de San Vicente, en la provincia de Córdoba.

La toma de las muestras de sangre se realiza en todo el país de manera gratuita y los datos obtenidos son confidenciales.

El mes pasado la campaña se trasladó a España y del 12 al 19 de junio la Embajada Argentina en ese país fue el centro de extracción de muestras de familiares de desaparecidos y también ocurrirá lo mismo en los consulados de Barcelona, Vigo, Cádiz y Tenerife.

En más de veinte años de labor, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a 300 víctimas de la última dictadura y recoger material genético de dos mil familiares de desaparecidos.

Todavía tenemos una inmunda parte podrida sin extirpar !

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sábado, 12 de julio de 2008

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Piden perpetua para Menéndez y Videla quedó cerca del juicio - 1207/2008


La querella solicitó la máxima pena para el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército. Ratificaron el procesamiento del ex dictador.

Buenos Aires. El ex dictador Jorge Rafael Videla y el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, dos de los represores más emblemáticos de la última dictadura militar, sufrieron otro revés judicial ayer en las causas en su contra por violaciones a los derechos humanos.

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Videla por el robo de niños nacidos durante su régimen (1976-1983), pero además le imputó nuevos casos en su contra, en un fallo que deja al ex jefe de la primera junta militar en la antesala del juicio oral.

Por otra parte, en el juicio que se lleva adelante contra Menéndez por el secuestro, tortura y asesinato de cuatro militantes políticos en 1977, la querella solicitó al tribunal una condena a prisión perpetua a cumplir en una cárcel común.

Videla había sido procesado en 1998 por lo que se denominó el "plan sistemático" para el robo de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.

Desde entonces, el ex dictador cumple con arresto domiciliario que beneficia a los mayores de 70 años. Pero la causa no había llegado a juicio debido a la vigencia de indultos y leyes de amnistía de los que se amparaba la defensa de Videla para frenar su juzgamiento.

"Se amplía la imputación a Videla por veintidós casos más de sustracción, retención y ocultamiento de hijos de personas desaparecidas como consecuencia del plan sistemático de represión ilegal de la subversión implementado durante la última dictadura militar", señaló la Cámara Federal.

Los crímenes que se le adjudican a Menéndez, a otros seis ex militares y un civil en el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Número 1 de la provincia de Córdoba, ocurrieron en el campo de concentración cordobés conocido como La Perla.

Menéndez fue, entre 1975 y 1979, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, con jurisdicción en varias provincias.

En 1988 fue condenado por varios casos de homicidio, torturas y robo de menores, pero en 1990 fue beneficiado por un indulto concedido por el ex presidente Carlos Menem.

Los abogados de los familiares de las víctimas solicitaron al tribunal la máxima pena por entender que Menéndez fue "autor mediato de los hechos, del dominio de la voluntad y del dominio del aparato organizado del poder para el aniquilamiento sistemático de las personas".



(fuente)

Benjamín Menéndez, una inmunda rata asesina

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jueves, 29 de mayo de 2008

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Encima les tenemos que dar la protección de la justicia - 29/05/2008


RECHAZO EL JUICIO QUE LE SIGUEN POR "INCONSTITUCIONAL"

Menéndez se declaró responsable de todo, pero culpable de nada
Reivindicó la represión ilegal como un triunfo "contra el terrorismo marxista."

MENENDEZ. EL REPRESOR DIJO QUE EL JUICIO QUE LE SIGUEN ES INCONSTITUCIONAL.

Yo como comandante soy el único responsable de la actuación de mis hombres. Por eso a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada" dijo, con los restos de su tono marcial, Luciano Benjamín Menéndez ante el tribunal que lo juzga en esta ciudad desde el lunes. El ex hombre fuerte del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura se declaró responsable, aunque no reconoció culpa alguna.

Ayer, poco antes de las seis de la tarde, y cuando se le preguntó si declararía, luego de leídos los cargos de la causa "Brandalisis", el represor sacó una hoja de su bolsillo y leyó, ante una sala colmada de Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y organizaciones de Derecho Humanos que se esforzaron por conservar la calma.

"No voy a declarar porque estos juicios son inconstitucionales", leyó. "Y no declaro, juez, como no lo he hecho ante nadie que no fuera mi juez natural". Menéndez llegó a citar a Lenin y Gramsci para apoyar sus argumentos que defendieron lo que para él fue "enfrentar y vencer al terrorismo marxista que aunque vencidos militarmente, abandonaron la lucha armada pero no la lucha política". Siempre según su lógica, "no hay más que ver los nombres y los antecedentes de los que nos acusan para corroborar su filiación ideológica". También apuntó: "Ahora usan las instituciones que defendimos para juzgarnos". Menéndez concluyó diciendo que las instituciones "persisten porque triunfamos nosotros", y que hay quienes "quieren reemplazarlas por su burdo remedo comunista".

Lo que siguió dejó en claro que este hombre de casi 81 años sigue siendo el jefe de los siete que lo acompañan: luego de su discurso, todos se abstuvieron de declarar, y se proclamaron inocentes de los delitos de lesa humanidad de los que se les acusa.

En la mañana, las defensas recusaron a uno de los vocales del tribunal, Carlos Otero Alvarez, secretario de una fiscalía penal durante la dictadura; además de cuestionar a dos testigos que "no concuerdan con las fotografías presentadas." Por la tarde el tribunal que preside Jaime Díaz Gavier, junto a José Vicente Muscará y Otero Alvarez, rechazaron todas las recusaciones.

Ayer también se refrendaron cada uno de los datos de los acusados: nombres, estado civil, ocupaciones y sus sueldos como militares retirados: el más alto es el de Menéndez: declaró 5.000 pesos. Lardone se salió del molde a la hora de los apodos: fue el único en admitir que le decían y dicen "Fogo", o "Fogonazo". Verborrágico, explicó el origen: "Lo tengo de cuando era fotógrafo del Teatro Rivera Indarte en los '60 y '70". El juez y parte del auditorio se sorprendieron de su pasado "artístico". "¿Y cómo es que pasó a la carrera militar?", interrogó Díaz Gavier. Lardone respondió: "Es que entré como Personal Civil de Inteligencia".

(fuente)