miércoles, 22 de agosto de 2007
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Riachuelo: la Corte notifica la demanda por contaminación - 22/08/07 - fuente
La Corte Suprema de Justicia comenzará hoy a notificar la demanda por la contaminación del Riachuelo a 44 empresas, entre ellas, algunas de primera línea, y a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense.
Además, pedirá informes a la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, sobre cómo financiará el plan de saneamiento del contaminado curso de agua.
Cuando hace un mes se realizó la última de las audiencias, el tono y la fuerza de las preguntas de los jueces del tribunal dejaron en claro que la Corte no cree que el Gobierno tenga un plan serio de saneamiento ni un proyecto sustentable en el tiempo.
Un peritaje del plan presentado por Picolotti, realizado por expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) criticó la improvisación con que se ha venido manejando el tema. Dijo que no hay información centralizada y que no se previó cómo llevar adelante un programa sanitario ni un plan detallado de obras.
A última hora de ayer, la Corte firmó una resolución que comenzará a ejecutar en las próximas horas. En lo sustancial, ese escrito establece:
* Pedir informes detallados a Picolotti sobre los planes de saneamiento, de obras y sobre el plan sanitario. La causa se inició hace un año, pero las presentaciones de Picolotti todavía no logran satisfacer a los magistrados.
* Preguntar qué previsiones presupuestarias se realizaron para mantener la ejecución de esos programas en un plazo extendido que abarque posibles gobiernos de variado signo político.
* Trasladar la demanda a todas las empresas involucradas, entre ellas, varias de primera línea.
Así es que hoy comenzará formalmente la causa y empezará a correr el plazo para que las empresas contesten las demandas.
La causa
El reclamo por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo fue planteado hace dos años por unos setenta vecinos de Avellaneda y de La Boca que se consideraron afectados.
Pero el planteo no avanzó demasiado hasta que el presidente Néstor Kirchner dijo, en Alemania, durante la cumbre Europa-América latina, que el problema ambiental era una prioridad del Gobierno y reprochó a los líderes europeos y a los empresarios tener un determinado discurso en el Viejo Mundo y otro en la Argentina.
Con el correr de los meses, la demanda obtuvo el apoyo de otros vecinos afectados por la contaminación de la cuenca, que se extiende a lo largo de 64 kilómetros y cuya zona de influencia alcanza a 4,6 millones de personas.
La demanda, que cuenta con el patrocinio del jurista santafecino Jorge Mossert Iturraspe, está dirigida contra los gobiernos nacional, porteño y bonaerense y contra 45 empresas, entre las que figuran Shell, YPF, EG3, Sol Petrol y Dapsa, aunque muchas de ellas están en regla y han demostrado que no tienen intervención en la contaminación de la cuenca.
La demanda también apunta a varias firmas instaladas en el Polo Petroquímico de Dock Sud.
Los vecinos solicitan que los tres Estados y las empresas los indemnicen por los daños que sufren cotidianamente, que se recomponga el medio ambiente y, además, que se cree un fondo de compensación ambiental.
Ahora, las empresas y los gobiernos tendrán la oportunidad de contestar la demanda.
La Corte Suprema de Justicia comenzará hoy a notificar la demanda por la contaminación del Riachuelo a 44 empresas, entre ellas, algunas de primera línea, y a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense.
Además, pedirá informes a la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, sobre cómo financiará el plan de saneamiento del contaminado curso de agua.
Cuando hace un mes se realizó la última de las audiencias, el tono y la fuerza de las preguntas de los jueces del tribunal dejaron en claro que la Corte no cree que el Gobierno tenga un plan serio de saneamiento ni un proyecto sustentable en el tiempo.
Un peritaje del plan presentado por Picolotti, realizado por expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) criticó la improvisación con que se ha venido manejando el tema. Dijo que no hay información centralizada y que no se previó cómo llevar adelante un programa sanitario ni un plan detallado de obras.
A última hora de ayer, la Corte firmó una resolución que comenzará a ejecutar en las próximas horas. En lo sustancial, ese escrito establece:
* Pedir informes detallados a Picolotti sobre los planes de saneamiento, de obras y sobre el plan sanitario. La causa se inició hace un año, pero las presentaciones de Picolotti todavía no logran satisfacer a los magistrados.
* Preguntar qué previsiones presupuestarias se realizaron para mantener la ejecución de esos programas en un plazo extendido que abarque posibles gobiernos de variado signo político.
* Trasladar la demanda a todas las empresas involucradas, entre ellas, varias de primera línea.
Así es que hoy comenzará formalmente la causa y empezará a correr el plazo para que las empresas contesten las demandas.
La causa
El reclamo por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo fue planteado hace dos años por unos setenta vecinos de Avellaneda y de La Boca que se consideraron afectados.
Pero el planteo no avanzó demasiado hasta que el presidente Néstor Kirchner dijo, en Alemania, durante la cumbre Europa-América latina, que el problema ambiental era una prioridad del Gobierno y reprochó a los líderes europeos y a los empresarios tener un determinado discurso en el Viejo Mundo y otro en la Argentina.
Con el correr de los meses, la demanda obtuvo el apoyo de otros vecinos afectados por la contaminación de la cuenca, que se extiende a lo largo de 64 kilómetros y cuya zona de influencia alcanza a 4,6 millones de personas.
La demanda, que cuenta con el patrocinio del jurista santafecino Jorge Mossert Iturraspe, está dirigida contra los gobiernos nacional, porteño y bonaerense y contra 45 empresas, entre las que figuran Shell, YPF, EG3, Sol Petrol y Dapsa, aunque muchas de ellas están en regla y han demostrado que no tienen intervención en la contaminación de la cuenca.
La demanda también apunta a varias firmas instaladas en el Polo Petroquímico de Dock Sud.
Los vecinos solicitan que los tres Estados y las empresas los indemnicen por los daños que sufren cotidianamente, que se recomponga el medio ambiente y, además, que se cree un fondo de compensación ambiental.
Ahora, las empresas y los gobiernos tendrán la oportunidad de contestar la demanda.
