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URUGUAY - Un político violador

viernes, 26 de junio de 2009
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En todos lados se "cuecen habas"... - 26/06/2009




EL MPP SE HACE EL CHANCHO RENGO Y TIENE UN VIOLADOR EN SUS FILAS ¡COMO CAMBIARON LOS TUPAMAROS!
MUJICA PIDE LLEVARLOS PRESOS A LOS CUARTELES, EL ÑATO PIDE ARMAS PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA.
TIENEN UN DEGENERADO EN SUS LISTAS Y NO SE HACEN RESPONSABLES
A PRISIÓN UN HOMBRE QUE SOMETÍA A NIÑOS
FIGURA EN TODAS LAS LISTAS POR SER DELEGADO DE BASE.
EL FRENTE AMPLIO HACE CASO OMISO DEL PEDERASTA QUE TENÍA UN COMITÉ.
RESPONDÍA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MPP, DONDE HABÍA ESCALADO POSICIONES.
NO PIENSAN EXPULSARLO
VIVÍA EN UN ASENTAMIENTO
Publicaciones en el Diario El Heraldo del departamento de Florida
heraldo@adinet.com.uy


Víctor Ghiena Suárez (50), alias “El Bala”, fue remitido este viernes al Centro de Reclusión Departamental por “reiterados delitos de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real entre sí”, según lo dispuesto por la Justicia penal de Florida.
Desde el pasado año Ghiena Suárez aprovechaba la visita que niños de entre 7 y 11 años realizaban a su vivienda ubicada en Lavalleja y Treinta y Tres para abusar de ellos con prácticas sexuales que no incluían la penetración.
El caso se dio a conocer a comienzos de semana mediante una denuncia anónima que llegó a través de la Jefatura Departamental del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
Una vez recibida la denuncia, personal policial de la Comisaría de la Mujer y de Investigaciones trabajó en el caso hasta que se apresó al denunciado y una vez en el Juzgado Penal confesó los aberrantes hechos.
Esta persona vivía en un asentamiento situado en las cercanías de la curtiembre, más precisamente en la calle Lavalleja.
Allí, esta persona, que vivía de changas, según lo indicado por fuentes, llevaba adelante los actos por los cuales terminó siendo procesado con prisión.


Artículo publicado el lunes 8 de julio de 2009

FIGURA EN TODAS LAS LISTAS POR SER DELEGADO DE BASE
El Frente Amplio hace caso omiso
del pederasta que tenía un comité

Respondía a la Dirección Departamental del MPP, donde había escalado posiciones. No piensan expulsarlo.

El caso del dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Víctor Ghiena Suárez (50), que el pasado viernes fue procesado con prisión por un delito de atentado violento al pudor en reiteración real, pegó muy adentro del Frente Amplio de Florida.
Ghiena Suárez era un delegado de los comités de base y por ello figura actualmente como candidato a la Convención Departamental por las listas 103 (3F), 190 (socialistas), 777 (Vertiente Artiguista), 1609 (MPP), 2001 (Partido Comunista) y 2120 (Asamblea Uruguay). Sólo la lista de Alianza Progresista y la 5006 no lo incluyen.
Su militancia, preocupación por las causas barriales y por los problemas que aquejaban a la gente lo habían transformado en poco tiempo en un referente ineludible de “los de abajo”, de “los sin tierra”.
Lamentablemente, Ghiena Suárez llevaba una doble vida que nadie intuía pese a su solitaria forma de vivir. Mientras que por un lado ayudaba a mucha gente, por el otro tenía prácticas sexuales que afectaban la vida de niños de entre 7 y 13 años.
“Se genera una confianza y nunca te esperás una cosa de estas, pero bueno… creo que no corresponde hacer nada. El caso está en la órbita judicial y seguirá sus procesos debidos”, dijo a EL HERALDO el edil y dirigente del MPP Carlos Rodríguez Gálvez.
La situación que se plantea con esta persona en particular es muy urticante, ya que se había ganado la confianza del órgano que rige al MPP en Florida y por eso figura en el lugar 14 de la lista departamental.
“A nivel del MPP no creo que se trate su expulsión, y en el ámbito de la Mesa Política si alguien lo plantea el tema podría ser tratado el martes próximo”, indicó.
“Cuando interviene la Justicia yo no hablo. No intervine cuando se procesó a un jerarca municipal y no voy a intervenir ahora”, dijo Julio Matos a EL HERALDO.
“No es un tema del Partido Socialista ese. En caso de que pueda ser expulsado o no, eso lo verá la Mesa Política”, destacó el secretario del Partido Socialista, Julio Pereyra.
SERÍA UNA BUENA SEÑAL
Aunque desde el Frente Amplio se quiera mostrar que el caso no afectó y que “hay cosas más importantes que atender”, de más está decir que no es así.
La preocupación fue tan grande al saberse el caso el sábado pasado que hubo decenas de llamadas a la Junta Electoral para saberse en qué listas estaba Ghiena Suárez y en cuáles no.
Sin duda que la Mesa Política del Frente Amplio deberá tratar el tema y también el MPP, con la finalidad de expulsarlo, porque de no hacerlo se estaría dando un mensaje equivocado y ya bastante confusión genera el hecho de que el nombre de un pederasta -que confesó todo lo que hacía con las niñas ante la Justicia- figure en seis de las ocho listas que en el ámbito departamental presentará el Frente Amplio.

Recuadro

50 pesos
Interrogado por efectivos policiales, Víctor Ghiena Suárez confesó que pagaba 50 pesos a los menores para obligarlos a practicarle sexo oral.
También los amenazaba con un cuchillo para que no dijeran nada a sus padres.

“El Depredador”
Así llaman a Ghiena Suárez los vecinos del barrio La Calera tras lo ocurrido. El pedófilo tenía un comité de base llamado “31 de Octubre” en la calle Lavalleja esquina Treinta y Tres.

Noticia nacional
El caso de Ghiena Suárez fue noticia nacional a través de los medios de prensa escritos y de la TV.
Sobre la pena que recaerá a este pedófilo, podrían ser más de 15 años, según lo que resulte del procesamiento.
(fuente)

Amnesty Internacional contra penal uruguayo en Punta Rieles

lunes, 15 de junio de 2009
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Penal utilizado por la dictadura uruguaya - 15/06/2009


www.amnistia.org.uy - 9 de junio de 2009.
Amnistía Internacional Uruguay ante posible reapertura de ex Penal Punta Rieles como centro de reclusión.

Amnistía Internacional Sección Uruguay, desea expresar su posición respecto a la polémica que se ha suscitado acerca de la posible reapertura, como cárcel, del Establecimiento Militar, conocido como ex Penal de Punta Rieles.

Durante la dictadura cívico militar uruguaya, Amnistía Internacional se movilizó por la situación de las presas y presos políticos uruguayos. Desde fines de los años 60 y hasta 1984, además de amparar a cientos de uruguayos y uruguayas como presos de conciencia, pidió periódicamente que un cuerpo independiente visitara las cárceles uruguayas para estudiar las denuncias de torturas practicadas en dichos centros de reclusión. Esta solicitud le fue negada sistemáticamente, hasta que a mediados de 1984, Amnistía pudo visitar el Penal de Punta Rieles.

El Informe que la organización emitió después de esta visita, denunciaba la situación de las presas, afirmando que en su vida cotidiana eran mal tratadas de diferentes maneras. Vivian un permanente hostigamiento por parte de la policía femenina especializada a cargo y en ocasiones eran golpeadas con un tolete (especie de palo) que dichas policías portaban. Asimismo varios oficiales presentes en sesiones de torturas a las que, por varios días y hasta meses, fueron sometidas las presas, posteriormente cumplieron funciones en el Penal. Como dijo gráficamente una testigo: " Repito: los carceleros de hoy son los torturadores de ayer y esto es esencial para comprender el meollo, para comprender lo que es la vida de la presa en el establecimiento…"( AMR 52/28/84/8, Pág. 3).

Las presas eran castigadas dentro del Penal y puestas en confinamiento solitario en numerosas ocasiones. Vivian un estado de inseguridad permanente, con suspensiones de visitas, amenazas y requisas dentro de las celdas que arruinaban sus escasas pertenencias y la comida que podían guardar en ellas. Muchas veces fueron trasladadas ilegalmente a diferentes sitios para ser torturadas y reinterrogadas (1.)

Amnistía Internacional considera que abrir Punta Rieles sin cerrar las heridas del periodo de gobiernos militares, dada la impunidad prevalente en Uruguay, sería una afrenta a la memoria de las víctimas de los malos tratos y torturas que se efectuaron dentro de este Penal y a la sociedad uruguaya en su conjunto. Además, esta decisión contrasta con los esfuerzos realizados en otros países de la región para convertir antiguos centros de tortura en sitios de memoria y enseñanza.

Por lo tanto expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión política respecto a la reconversión de ese sitio nuevamente en Penal, cuando existen iniciativas concretas y vigentes que buscan convertir el lugar en un sitio para recordar las violaciones de derechos humanos del pasado y trabajar así para la no repetición y reparación de estos hechos. Es por esto que Amnistía Internacional solicita a las autoridades competentes buscar alternativas a esa decisión.

(1 Uruguay: Informe sobre las condiciones en el Penal Punta de Rieles, AMR52/28/84/8 Amnistia Internacional. Secretariado Internacional.)

(fuente)

"Las latas" de la Libertad - Uruguay

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Graves fallas en el sistema carcelario - 15/06/2009



SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES EN URUGUAY; mas sobre la decisión de la JUSTICIA, que OBLIGA a CERRAR "las latas" de LIBERTAD
LA JUSTICIA CONDENÓ AL ESTADO URUGUAYO POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS ABOGADOS GUSTAVO SALLES Y RAMIRO CHIMURIS
Extractos de Entrevista al Doctor Gustavo Salle; 9 de junio del 2009 en CX36 Radio Centenario-LA IMPRESCINDIBLE- 1250 AM –por José Luis Vazquez.

FALLO:
“Acógese parcialmente la demanda y en su mérito ordénase al estado, Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior en forma inmediata conforme a lo dispuesto por el artículo 9 literal C de la ley 16011, primero, disponga la eliminación como centro de reclusión de los módulos metálicos del Penal de Libertad lo que deberá efectivizarse en el plano máximo de 120 días. Segundo, disponga las medidas necesarias para eliminar el hacinamiento carcelario en los centros de reclusión que padecen súper población lo que deberá efectivizarse en un plazo máximo de 8 meses y tercero, disponga la separación de procesados y condenados en todos los establecimientos del país lo que deberá efectivizarse en el plazo máximo de 8 meses”

La justicia falló contra el estado, falló contra el gobierno del Frente Amplio (FA), la justicia reconoció que este gobierno está violando los derechos humanos en materia carcelaria y era una denuncia que habían hecho los abogados Gustavo Salle y Ramiro Chimuris.

Palabras del Dr Salle:
Yo quiero decir que este fue un proceso muy importante, porque la prueba que lo que se hizo fue verdaderamente trascendente, quiero decirle a los amigos que en este proceso declaró por informe naturalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, testificó personalmente el comisionado parlamentario para los asuntos carcelarios el doctor Álvaro Garcés, declaró, testificó también por informe los senadores Eleuterio Fernández Huidobro, Víctor Vaillant, se agregó el informe carcelario 2008 del comisionado parlamentario de 245 páginas y se agregó el informe preliminar del relator de la tortura para la ONU el doctor Manfred Novack.

También declararon altas autoridades del Ministerio del Interior como por ejemplo la directora de secretaría general doctora Blanca Arizeta y declaró también el señor director nacional de cárceles el inspector Sas De todas estas testificaciones, de todas estas pruebas ingresadas al proceso emergió plenamente probado que... en las cárceles de este gobierno se violan en forma grave, permanente y sistemáticamente los derechos humanos; naturalmente esa es una conducta gravemente ilícita por eso se justificó la intervención excepcional y de carácter residual que tiene el amparo, es un mecanismo procesal de características heterodoxas que incluso la propia jueza sentenciante, la doctora Cristina Cabrera Costa reproduciendo un trabajo del profesor Néstor Saquéz dice, el amparo es un instituto de carácter excepcional, residual y heroico reservado para las delicadas y extremas situaciones en las que por falta de otros medios legales peligra la salvaguardia de los derechos fundamentales.

He allí entonces la fundamentación de por qué acudimos a la acción de amparo, para que cese esta política de estado que además responde a un flagrante y deleznable doble discurso de la presidencia de la República, porque en el año 2005 en uno de sus primeros discursos ya como presidente de la República el doctor Tabaré Vázquez decreta el estado de emergencia humanitaria por la situación en que se encuentra la población reclusa del país.

Es cierto que esta situación de las cárceles se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, que hubo políticas verdaderamente oprobiosas, tanto por parte del gobierno blanco como del gobierno colorado y de ahí entonces el decreto de emergencia humanitaria.

Todos esperábamos naturalmente que con ese decreto y reconocida la situación ya instalada de la violación de los derechos humanos este gobierno las cambiara, porque además esperábamos una sensibilidad particular de un gobierno que tiene a muchísimos presos políticos en cargos del Poder Ejecutivo, altos cargos de la supra estructura estatal, pero inscripto en lo que ha sido la filosofía de este gobierno lejos de mejorar la situación la misma se profundizó, se agudizó, es decir el hacinamiento y de ahí la violación explícita de los derechos humanos se agravó con el gobierno auto denominado progresista.

Por eso nuestra denuncia penal, que no es esta la sentencia, ante la justicia del crimen organizado un mes antes que llegara a nuestro país Manfred Novack, es decir que les quiero comentar a los amigos que no precisamos de las Naciones Unidas, no precisamos de un extranjero para actuar en forma aguda, seria, trascendente en defensa de los derechos humanos, hicimos la denuncia con posterioridad y tomando como elemento de prueba dada su gravitación a nivel del Poder Ejecutivo e internacional del informe preliminar de Novack, lo tomamos como fundamento de la acción de amparo que prospera por la cual se llega a este fallo que yo voy a dar lectura:

“Acógese parcialmente la demanda y en su mérito ordénase al estado, Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior en forma inmediata conforme a lo dispuesto por el artículo 9 literal C de la ley 16011, primero, disponga la eliminación como centro de reclusión de los módulos metálicos del Penal de Libertad lo que deberá efectivizarse en el plano máximo de 120 días.
Segundo, disponga las medidas necesarias para eliminar el hacinamiento carcelario en los centros de reclusión que padecen súper población lo que deberá efectivizarse en un plazo máximo de 8 meses y tercero, disponga la separación de procesados y condenados en todos los establecimientos del país lo que deberá efectivizarse en el plazo máximo de 8 meses".


Se desestima la parte de la acción de amparo en la que pedíamos la formación de una comisión de seguimiento y la sentenciante entiende que con los elementos legales, con los instrumentos procesales con los que cuenta la justicia para hacer cumplir este fallo no es necesaria la formación de dicha comisión que además es de dudosa legalidad según la propia sentenciante Sí, el propio procedimiento previsto en la ley 16011 constriñe a los operadores jurídicos a actuar con celeridad, precisamente porque se entiende que es para situaciones donde están en juego derechos fundamentales cuya forma de amparo es mediante este procedimiento expeditivo.

Yo voy a contestarle a algunos periodistas que hoy en la mañana se preguntaban y no entendían por qué esta sentencia, lo cual resulta verdaderamente asombroso y paradójico, dando pauta de cual es el estado de situación de nuestro país de por qué la sentencia acoge la protección de los derechos humanos de los procesados y aún de los condenados. Pero parecería que la doctora Cabrera le leyó la mente a esos periodistas que se quedan en una visión, en una cosmovisión recalcitrante y ella decía en su sentencia:

“Por el contrario las cárceles que vulneran los mínimos éticos y jurídicos atentan por igual contra el individuo encarcelado y contra la sociedad que recluye de modo inhumano, los centros referidos en la actualidad reproducen la criminalidad, sirven de escuela de crimen como se ha sostenido públicamente por distintos actores del sistema político y social nacional, tornando absolutamente ilusorio el derecho a la resocialización a quien por diversas causas ingresan a los mismos”. 

Es decir, la doctora Cabrera se adelanta a estos comentarios absolutamente torpes y dice, si nosotros tenemos cárceles donde se perfecciona al delincuente, donde se aumenta su resentimiento contra la sociedad, vamos a tener cuando indefectiblemente ese individuo salga, salvo que estos reaccionarios quieran la pena de muerte incluso para delitos no muy graves, de poca trascendencia porque en nuestro sistema procesal actual se va a la cárcel incluso por delitos de poca trascendencia ontológica, entonces se reproduce la criminalidad y ese individuo cuando sale como la cárcel no cumple con la finalidad que le asignó el constituyente en el artículo 26 de la Constitución, sale perfeccionado en el crimen y con un resentimiento antisocial más intenso, por lo tanto con cárceles que sirvan para reeducar, reinsertar, resocializar tendremos entonces un efecto inmediato en la población en general, no vamos a tener individuos tan resentidos, tan violentos, tan perfeccionados en la criminalidad.

Por otro parte les quiero decir a estos periodistas que no entienden nuestro accionamiento pero que tienen hijos de 18 años y mayores que nadie está libre de caer preso, porque si se tiene la fatalidad de un accidente, de un delito culposo han habido casos en los que se termina en la cárcel y se termina en estas cárceles.
Además yo pregunto, ¿entonces están haciendo una apología de la violación de los derechos humanos, están diciendo que el estado frente al individuo que delinquió tiene el derecho de torturarlos?, porque entonces esa posición no es solamente inédita sino que además es criminal porque es apología del delito.

Para quienes ven en esta sentencia un error de la justicia yo les digo que por el contrario, esta sentencia no solamente tiene una trascendencia en lo que refiere a la protección de los derechos humanos y de la dignidad de los individuos que están procesados, porque además hay otro aspecto importante a relevar nuestras cárceles tienen un porcentaje altísimo de procesados y no de condenados, es decir de individuos que están amparados por el principio de inocencia que solamente decae, que solamente se elimina cuando hay sentencia condenatoria basada en autoridad de cosa juzgada.

Cuando uno pide cárceles donde se resocialice al individuo imputado de un delito también está buscando la protección de los derechos humanos, pero además estimados amigos cuando un gobierno viola en forma permanente y sistemáticamente los derechos humanos de las personas bajo su tutela, porque la violación de los derechos humanos en nuestro país se produce con relación a los presos, pero también se produce con respecto a los menores en situación de segregación, de internación educativa, cuando se habla de los enfermos psiquiátricos bajo medidas curativas también se produce la violación de los derechos humanos y este gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de esta población en situación de vulnerabilidad, también viola los derechos de toda la ciudadanía porque incumple con el cometido esencial y constitucional de brindar seguridad a todos los ciudadanos, incumple con el cometido de brindar métodos de prevención y curación de las enfermedades en la forma que requiere nuestra población.

Entonces hay un componente de coherencia en la política de estado de este gobierno que es la política de la omisión, la política de la prescindencia, la política de la negligencia, la política del incumplimiento y nosotros decimos que fundamentalmente el responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no es cierto que no haya recursos para atender la salud, la educación, la seguridad o las cárceles del país, el tema es la asignación de esos recursos y naturalmente si nosotros tenemos un Ministro de Economía cuya preocupación fundamental es cumplir con la usura de la banca internacional y pagar la ilegítima deuda externa que ahoga, que sojuzga a nuestro pueblo, que somete a condiciones infrahumanas a un 56% de nuestros niños, que somete a condiciones infrahumanas a los pacientes psiquiátricos, que somete a condiciones infrahumanas a los menores infractores y a los reclusos de las penitenciarías de nuestro país, evidentemente la culpa no es solamente del Ministerio del Interior en su momento la señora educadora Daysi Tourné.

Hay culpas compartidas porque esta batalla había que librarla dentro del consejo de Ministros torciendo las políticas claudicantes y cobardes que se dan dentro de ese órgano del Poder ejecutivo, esa era la pelea que tenía que dar Daysi Tourné y era la pelea que tenía que dar como militante socialista que no dio y que por el contrario coadyuvó con esas políticas.

Esta sentencia está referida directamente al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior; pero nosotros decimos que esta violación de los derechos humanos parte de una conducta omisiva de estos jerarcas y los de otras areas, entonces llegamos a lo que se denomina en derecho penal a lo que aparentemente podría ser una conducta criminal por omisión.

Ese es nuestro enfoque, esa denuncia está para dirimir la competencia del juez que tenga que intervenir, porque los jueces que sucesivamente la han tomado han tratado naturalmente de sacársela de encima.

El abogado del Ministerio del Interior naturalmente sabiendo su posición endeble ante la defensa de los derechos sustanciales de la situación de fondo, porque es consciente de la violación de los derechos sistemáticamente y en forma permanente por este gobierno, intentó obstruir el paso de nuestro accionamiento diciendo estos dos sujetos Chimuris y Salle no tienen legitimación activa, no son nadie para venir a instaurar una acción contra el estado, claro que no lo hace en estos términos el colega que es muy correcto en su semántica pero en buen romance la defensa era esa.

En la actualidad existe un colectivo identificable conformado por todos los reclusos alojados en las cárceles del país como argumenta la parte demandada, no obstante los doctores Salle y Chimuris demandaron por los derechos de dicha población carcelaria y de todos quienes a diario ingresan o ingresarán en el futuro y que en las actuales condiciones de los establecimientos en la que se aloja a la mayoría de los presos verán indefectiblemente vulnerados sus derechos constitucionales y está correcto y le vuelvo a contestar a esos periodistas reaccionarios que ellos mismos no están libres de caer en una de estas mismas cárceles y tendrá que pagar peaje para cuidar su integridad física y moral y si no paga peaje la perderá.

Yo ya conté la anécdota que le relaté directamente al relator internacional para la tortura Manfred Novack cuando un defendido mío ante el juez que le iba a hablar por una salida transitoria, el juez le preguntó como estaba y él le dijo ahora estoy mejor porque ya no me violan tantos, me conseguí un novio y por lo tanto me viola uno sólo, ese es el estado de situación amigos, por lo tanto cuando en nuestro pueblo asediado por una propaganda, por una cultura de la represión se pide más severidad, tengan presente los padres, tengan presente las propias personas que se pueden llegar a ver enfrentados a una situación existencial y enfrentados a una patota que en determinado momento lo va a violar o lo va a castigar o lo va a infestar porque no pagó el peaje nosotros hacemos la defensa de los derechos humanos de los encarcelados pero también es una defensa como lo dice la doctora Cabrera de toda la sociedad, no queremos escuelas, no queremos post grados, no queremos Harvard del crimen y cuando digo, Harvard por supuesto que me viene a la memoria toda la delincuencia de cuello blanco, toda esa delincuencia que la crónica roja no toca, esa delincuencia que ha costado a la humanidad trillones de dólares, millones de muertos, millones de enfermos; de esa criminalidad estos que piden represión, estos que piden mantener la violación de los derechos humanos en las cárceles lejos de ser críticos son adulones de esos delincuentes de cuello blanco, son incapaces de hacer grandes crónicas con respecto a las estafas de las grandes corporaciones o a los delitos medio ambientales de las grandes corporaciones, los crímenes de las farmacéuticas o a los crímenes de las patentes o a las pandemias inventadas por laboratorios que están en crisis financiera y de la noche a la mañana se vuelven ricos.

Se dan cuenta amigos, esa es la tragedia de los medios de comunicación al servicio de las elites ricas
(fuente)

URUGUAY - Sus cárceles

lunes, 30 de marzo de 2009
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Derechos Humanos - 30/03/2009



domingo 29 de marzo de 2009
Se pudren en vida

No hace mucho tiempo, en este edificio encerraban a cientos de compañeros, alli se destruía al enemigo. El enemigo eramos nosotros. "Libertad"es un monumento a la tortura, un vestigio de la dictadura militar.

Actualmente en el mismo sistema se hacinan hoy otros, los últimos de la sociedad uruguaya.
Producto del fracaso de la distribución de la riqueza progresista.

Producto de la incapacidad de una política que perfila sus esfuerzos a capitales inversores, y no al drama social de no tener recursos.

No solamente es la incapacidad del INAU, y el fracaso de un Plan de emergencia que es lo que genera criminalidad.

Lo inaudito es que un gobierno que pretende ser "progresista", con compañeros que sufrieron en carne propia el Penal de "Libertad" no asuman responsabilidades desde sus "esferas gubernamentales".
Entonces viene Daisy Tourne, y da como solución ante las cámaras de canal 10 diciendo que va a descongestionar la población carcelaria.

Nuestra amazona se ve desbordada con un reportaje mortífero de la ONU.
El Frente Amplio no cambio la deshumanización en las cárceles de la dictadura, donde se tortura para como forma de sustento politico, igual que Bordaberry, que Goyo Alvarez y toda la manga de verdaderos criminales que empeñaron al pais a las garras del FMI y el Banco Mundial.

Sin embargo a los criminales ex represores, no estan en estas condiciones subhumanas, ellos no...
Alli en Domingo Arena escriben en internet, llaman a los medios por telefono, y estan "aun en guerra".


Que triste!


Las cárceles de Uruguay violan los derechos humanos 'a gran escala', según la ONU
El relator de Naciones Unidas para la tortura, Manfred Nowak, hizo severas advertencias sobre la situación en la que están recluidos los presos uruguayos. Nowak calificó al Penal de Libertad como “una de las peores cárceles que ha visto”.


Nowak comenzó resaltando la colaboración del gobierno para realizar su trabajo y admitió que “la situación era peor de lo que creía”, encontrando un sistemático uso de la fuerza desmedida por parte de la policía, en las cárceles y comisarías.

El relator valoró el hecho de que se respetaran la ley, en materia de que ningún detenido permanece más de 48 horas en una comisaría, aunque criticó el alto nivel de procesados sin condena que hay en Uruguay.

Nowak destacó el “excelente” trabajo realizado por el Comisionado Parlamentario y los mecanismos abiertos por el gobierno para que el sistema carcelario sea controlado y recomendó sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior y crear un Ministerio de Justicia.

Con respecto a Libertad, Nowak calificó de cínico el nombre y afirmó: “Libertad es conocido en el mundo entero como un símbolo donde se practica de forma sistemática la tortura y el maltrato. Lamentablemente este penal sigue existiendo y con el mismo nombre, es un lugar de detención donde las condiciones son infrahumanas”.

Por otra parte, señaló que fue chocante el hecho de ver los módulos conocidos como “las latas” (los módulos de acero) y agregó. “He visitado muchas cárceles en el mundo entero pero debo decir que Libertad es una de las peores cárceles que he visto”.

“Nunca he estado en un sitio donde tantos detenidos me han dicho que los tratan peor que los animales, invito a todas las personas que tengan la posibilidad de ir allí, que vayan y lo vean con sus propios ojos”, agregó.

Nowak denunció que muchas personas están “encerradas en jaulas” por muchas más de 48 horas y agregó que la existencia misma de esta cárcel es un insulto a los reclusos y a quienes trabajan allí.
En cuanto a Comcar, Nowak dijo que la situación es mejor pero que existen algunos módulos donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el módulo 2, en el que fueron alojados más de mil presos cuando la capacidad del módulo es 120.

El relator también denunció que en muchos casos no tienen dónde dormir, en celdas para dos presos hay once o doce y que semanalmente se generan revueltas. Cuando Nowak visitó la cárcel un combate entre dos grupos hizo que se suspendieran las visitas.

Por otra parte, resaltó como un aspecto positivo el hecho de que la visita podía ingresar a los módulos donde estaban alojados sus familiares, pero denunció que quienes van a ingresar, por lo general son sometidos a “requisas humillantes”.

En cuanto a Colonia Berro las denuncias fueron en coincidencias con las realizadas anteriormente, señalando que los adolescentes no tienen horas de patio y están recluidos en un sistema que produce más criminalidad.

También destacó que en la mayoría de los casos hay un problema de adicción: “Imagínense chicos de 15 a 17 años que solo tienen dos horas de patio por día es una situación que llama a la rebelión”.
Nowak destacó que las mujeres se encuentran en condiciones mucho mejores que los hombres, pero que de todas formas hay hacinamiento y no hay condiciones para que los niños estén con las madres.
El relator también visitó Vilardebó y Colonia Echepare y encontró condiciones aceptables de internación.

Uno de los elementos que llamó la atención del relator, es el hecho de que Uruguay, junto a Costa Rica y Chile, es uno de los países con menor índice de criminalidad y sin embargo de los que más presos tienen en comparación con su población.

Otra de los aspectos mencionados es la diferencias que existen entre Cárcel Central y el resto de las cárceles. Nowak contó que en Cárcel Central hay gimnasio y que los reclusos tienen acceso a computadoras. Cuando el relator les preguntó sobre sus necesidades, le respondieron que tratara de que todas las cárceles fueran como esa.

Reacciones
La ministra Daisy Tourné dijo este viernes que se reunió con el comando de la Dirección Nacional de Cárceles y en los próximos días anunciará medidas para descongestionar las cárceles, según informa El País citando declaraciones de la ministra a Canal 10.

De todos modos, la oposición anunció que convocará a Tourné al Parlamento para que brinde explicaciones sobre las conclusiones de Nowak sobre las cárceles.

El legislador nacionalista Carlos Moreira, que encabeza la convocatoria a Tourné, dijo a El Espectador que "la señora ministra se ofende cada vez que se dicen estas cosas, replica airadamente" pero que el informe es una muestra de que no se ha hecho "prácticamente nada" y que la situación "viene agravándose".

Por otro lado, el legislador frentista Gustavo Bernini dijo a la emisora no estar sorprendido por el informe de Nowak, porque refleja una realidad que existe y que el gobierno ha venido reconociendo como un problema.

Bernini detalló que uno de los aspectos más criticados sobre la situación del sistema carcelario fueron los módulos de acero instalados durante el pasado gobierno y agregó que están estudiándose medidas alternativas.

El legislador aclaró que si se conoció esta realidad fue porque por primera vez se permitió una inspección de estas características, en la que el relator ingresó libremente a los complejos carcelarios.
Montevideo Portal



(
fuente)

Hemos dicho: A una cárcel común !

miércoles, 15 de octubre de 2008
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Justicia argentina sigue favoreciendo a ciertos criminales - 15/10/2008



LAS ABUELAS CUESTIONAN EL SITIO AL QUE FUE LLEVADO EL DICTADOR JORGE RAFAEL VIDELA

“Campo de Mayo no es una cárcel común”

En el cuartel militar funciona una cárcel que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal. En Abuelas de Plaza de Mayo dicen que allí hubo detenidos y nacieron bebés.



 Por Diego Martínez
En la cárcel donde se aloja el dictador Jorge Rafael Videla funcionó tras el golpe de Estado uno de los cuatro centros clandestinos de Campo de Mayo. Según ex empleadas del Hospital Militar que declararon en causas por apropiación de menores, en el edificio donde pasan sus días militares procesados por crímenes de lesa humanidad se habrían producido partos de mujeres cautivas que permanecen desaparecidas. “Es inaceptable la idea de que Campo de Mayo sea una cárcel común, más allá de la custodia a cargo del Servicio Penitenciario”, consideró Luciano Hazán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “Es un privilegio que viola el principio de igualdad ante la ley”, destacó la abogada Alcira Ríos, que patrocina a familiares de víctimas.

Como comandante en jefe del Ejército, Videla vivió en Campo de Mayo mientras gestaba el golpe y hasta 1980. Allí funcionaron durante la dictadura varios lugares de detención: El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar –la mayor maternidad clandestina de la fuerza– y la cárcel, que en enero dejó de ser el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas para convertirse en unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal.
Según un cable del 20 de agosto de 1976 de la agencia Ancla, montada en la clandestinidad por Rodolfo Walsh para denunciar los crímenes que la prensa no publicaba, “en la prisión militar de encausados de Campo de Mayo habría –hasta la redacción de este cable– 38 detenidos, pero el Comando General del Ejército tiene registrado el ingreso de 206 personas”.
El general Agatino Di Benedetto, director del Hospital Militar durante la dictadura, reconoció en 1998 ante el juez Adolfo Bagnasco que allí dieron a luz mujeres trasladadas desde el penal de Campo de Mayo. Cuatro ex empleadas relacionaron la cárcel con embarazos y partos:
- La obstetra Lorena Tasca declaró en la causa Bianco que a partir de 1978 y por orden del médico Julio César Caserotto, jefe de ginecología, atendió a tres secuestradas embarazadas. A una de ellas, en la cárcel de encausados. La llevaron en ambulancia y como “medida de seguridad” Caserotto le ordenó quitarse la identificación. La paciente, sin vendas, tenía “unos treinta años”, era “morocha, de baja estatura, delgada”, con un embarazo de entre cinco y seis meses, describió.
- La médica Silvia Bonsignore de Petrillo, que trabajó en la guardia tocoginecológica, declaró en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de niños que a pedido del médico Norberto Bianco atendió una cesárea de urgencia. Cuando terminó, Bianco le aclaró que el nacimiento no se iba a registrar y que la paciente debía volver a la cárcel de encausados. “Era joven, menos de veinte años, de pelo castaño, lacio y hasta la altura de los hombros, ojos oscuros, cara chica y fina, piel mate, contextura menuda, alrededor de un metro sesenta de altura”, describió. Bianco estuvo preso por dos apropiaciones y está detenido en Paraguay para ser extraditado a la Argentina.
- La obstetra Luisa Yolanda Arroche declaró que atendió a una parturienta en la cárcel de encausados entre 1978 y 1979. “Era una mujer morocha que rengueaba, con buen temple, sonriente”, recordó.
- Nélida Valaris relató en la causa Bianco que por orden de Caserotto, que a su vez invocó al director Di Benedetto, entre 1976 y 1978 participó de dos partos en Campo de Mayo, uno de ellos en la cárcel de encausados.
Testigos de Jehová que estuvieron presos en el penal de Campo de Mayo durante la dictadura supieron de niños y embarazos. Según testimonios tomados por APDH, en 1980 un religioso vio pasar una fila india de “detenidos subversivos”, entre los cuales le llamó la atención una joven embarazada de pelo castaño largo, anteojos negros, cara pequeña, con muchas pecas. Otro contó que a fines de 1978 los obligaron a limpiar celdas que habían usado “personas acusadas de subversión”. Allí encontraron once cunas de madera y ropa de bebés. Sobre más de treinta mujeres embarazadas secuestradas en la zona militar 4, con epicentro en Campo de Mayo, apenas en cinco casos los hijos recuperaron su identidad.
En diciembre, cuando Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex de Prefectura, Abuelas solicitó a los jueces que los militares presos en unidades de Fuerzas Armadas fueran trasladados a cárceles comunes. La ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó un convenio con su par de Justicia para transformar el Instituto Penal –donde se alojaba la mayor cantidad de represores– en una unidad del Servicio Penitenciario. Una fuente oficial aseguró a PáginaI12 que la cárcel está totalmente aislada del predio militar, que los detenidos duermen en celdas, usan teléfono público y no tienen privilegios ni contacto con militares. “Es una cárcel”, resumió, que aloja a más de treinta retirados procesados por delitos de lesa humanidad.
“Campo de Mayo no es una cárcel común. En términos simbólicos es un lugar donde funcionó un centro clandestino, donde se torturó y mató, y donde nacieron niños en cautiverio”, disintió Luciano Hazán. “No hay garantías de que se cumplan los fines de la detención, de que los militares no tengan privilegios, no puedan escaparse o ser asesinados. ¿Qué puede hacer un penitenciario en medio de un regimiento, aislado, donde están subordinados al Ejército?”, se preguntó. “La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas prohíbe cualquier privilegio a personas imputadas por delitos de lesa humanidad”, concluyó.
“Que haya militares en Campo de Mayo es un privilegio que viola el principio de igualdad ante la ley. Pero es un tema estrictamente político, no jurídico”, explicó Alcira Ríos, ex abogada de Abuelas que patrocina a familiares de víctimas. Desde la Comisión Campo de Mayo, que reúne a sobrevivientes y familiares de ese centro clandestino de detención, evalúan el tema con preocupación. El traspaso al Servicio Penitenciario y su funcionamiento con un régimen teóricamente igual al que reciben presos comunes minimizó cuestionamientos y postergó una toma de posición, al menos hasta conocer fehacientemente si los militares gozan o no de privilegios en su hábitat natural.
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