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Más de los crímenes de la infame dictadura argentina

lunes, 15 de diciembre de 2008
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Centro Clandestino de Detención - 15/12/2008


Hallados huesos humanos calcinados en un centro de detención de la dictadura argentina.
El hallazgo corrobora la existencia de las torturas relatadas por supervivientes de ese centro clandestino
El 16 de septiembre de 1976, diez estudiantes de una escuela secundaria de La Plata, que participaban en una protesta por el aumento del precio del billete de autobús, fueron chupados por el Ejército argentino y la Policía de Buenos Aires. Seis de ellos desaparecieron para siempre. Se llamaban Daniel, María Claudia, Clara, Panchito, Horacio y Claudio, tenían entre 16 y 18 años y su calvario, retratado en la película La noche de los lápices, se convirtió en uno de los principales símbolos de la brutal represión militar argentina.
Se sabe que todos ellos pasaron por el Pozo Arana, es decir por la Delegación de Cuatrerismo de Arana, una instalación dependiente de la Comisaría 5 de La Plata. Allí, en ese pasaje desamparado, a diez kilómetros de la capital, en una zona de quintas de recreo, expertos forenses acaban de desenterrar más de 10.000 fragmentos de huesos calcinados y de limpiar un muro, mejor dicho, un paredón de fusilamiento donde se han contabilizado más de 200 impactos de bala.
El Pozo Arana estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, es decir del comisario Miguel Etchecolatz y de su jefe Ramón Camps. Funcionó como centro ilegal de detención al menos entre 1976 y 1977. Camps murió de cáncer en 1994, sin haber pasado un día en la cárcel, pese a ser responsable personal, como mínimo, de 214 secuestros, 120 casos de tortura, 32 homicidios, 47 desapariciones, dos violaciones, 18 robos y 10 secuestros de niños
Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua en 2006 gracias al testimonio de un albañil, Jorge Julio López, que también pasó por el Pozo Arana y que testificó haberle visto dar un tiro en la cabeza a Graciela del Orto. "El disparo le entró por frente y le salio por detrás". Etchecolatz, de 77 años, condenado también por 95 casos probados de tormento, oyó la sentencia muy irritado: "No tienen vergüenza en condenar a un anciano enfermo. Pero el juez supremo nos espera después de muertos". En uno de los casos más extraños de la democracia, Julio López terminó desapareciendo misteriosamente en 2006.
Otro de los responsable del Pozo Arana fue el policía Miguel Kearney, que se encuentra detenido y todavía procesado por ser el jefe directo de ese centro de detención. Entre las acusaciones figura la de prender fuego a los cadáveres de los asesinados. En el informe Nunca Más, elaborado en el primer gobierno democrático tras la dictadura, se dice que en el Pozo Arana "se enterraba a los asesinados en una fosa existente en los fondos del destacamento, siempre de noche. Allí se colocaban los cuerpos para ser quemados disimulando el olor característico de la quema de carne humana, incinerando simultáneamente neumáticos". Hasta hace un año, sin embargo, no se había procedido a la excavación del lugar.

Esos son los restos que ahora han localizado los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense. Según su testimonio, es la primera evidencia de un enterramiento masivo en un chupadero, nombre que se le daba a una instalación oficial militar o policial. El Pozo Arana fue, sin lugar a dudas, un campo de "liquidación final", en el que se produjeron frecuentes ejecuciones, más allá de las muertes ocurridas por culpa de la tortura.

Alberto Liberman, uno de los supervivientes de aquel lugar de exterminio, recordó en el juicio a Kearney haber escuchado a un policía decir que se sentía orgulloso porque había encontrado la proporción ideal "entre cuerpos y neumáticos" para que no se pudiera percibir nada más que el olor a caucho quemado.

Los forenses afirman que todavía no es posible saber exactamente cuantos cuerpos pasaron por ese particular crematorio, pero creen que, además de las cuatro fosas en las que ya han encontrado restos humanos, existen otros once lugares en el propio destacamento policial que están siendo también investigados. Por el momento parece muy difícil establecer si entre los restos están los de los adolescentes de La noche de los lápices.

Los forenses han enviado algunos fragmentos óseos a Estados Unidos para que los mismos técnicos que intentaron establecer la identidad de las víctimas carbonizadas del 11-S traten de lograr muestras de ADN.
(fuente)

Clara Anahí Mariani, te siguen buscando

miércoles, 29 de octubre de 2008
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Como siempre... desgarrador - 29/10/2008


La gente de elortiba en Youtube, ha posteado este video:
Clara Anahí Mariani nació el 12 de agosto de 1976, es hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani. El 24 de noviembre de 1976 fuerzas policiales y del Ejército Argentino asaltaron a sangre y fuego la casa de sus padres, quienes pertenecían a la organización Montoneros, en la ciudad de La Plata, Argentina. En la casa que habitaban funcionaba una imprenta clandestina y quedó semidestruida, hoy es un monumento a la Memoria. Allí fue asesinada Diana junto a otras personas y secuestrada Clara Anahí, que tenía entonces 3 meses de vida. El padre de Clara Anahí, Daniel Mariani, también fue asesinado en La Plata el 1º de agosto de 1977. María Isabel Chorobik de Mariani, "Chicha", fue fundadora y presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, institución a la que dejó de pertenecer en 1989. Es la fundadora de la Asociación Anahí, dedicada a promover, preservar y defender los Derechos Humanos. Desde 1976 Chicha no ha dejado de buscar incansablemente a su nieta.

Cualquier información se ruega hacerla llegar a la Asociación Anahí:
Casilla de Correo 518 (1900) Tel/Fax: (054-0221) 4212681
Domicilio Legal: 30 Nº 1134. La Plata. República Argentina
Email personal de Chicha: mariaisabelchorobik@sinectis.com.ar
El video es una producción de http://www.elortiba.org



Organismos de derechos humanos denunciaron al Servicio Penitenciario Federal

viernes, 13 de julio de 2007
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Removieron al director del Servicio Penitenciario - fuente
Desde el ministerio de Justicia explicaron que con esta decisión buscan cambiar el “perfil” de la institución. La medida se tomó luego de que organismos de derechos humanos denunciaran tratos preferenciales a ex represores alojados en el Penal de Marcos Paz.

El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, nombró a un nuevo director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con la intención de producir un cambio en el "perfil" de esa institución, en tanto que la renovación de autoridades se registra luego de allanamientos en una cárcel por el caso del testigo Jorge Julio López.

Voceros de la cartera de Justicia confirmaron que al frente del organismo quedó Alejandro Marambio, quien se desempeñaba hasta el momento como director nacional de Rehabilitación Social en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.

De esa forma, fue removido Hugo Soza como titular del Servicio Penitenciario Federal.

La cartera de Justicia, a través de voceros, rechazó que la decisión de Iribarne tenga relación con el caso del testigo desaparecido Jorge Julio López, y las fuentes señalaron que se busca modificar el "perfil" de la institución.

Organismos de derechos humanos que impulsan la investigación de la desaparición de López habían cuestionado la actuación del Servicio Penitenciario Federal y denunciaron tratos preferenciales a ex represores alojados en la cárcel de Marcos Paz.

El juez federal Arnaldo Corazza, quien investiga la desaparición de López, llevó adelante en los últimos meses dos operativos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, dependiente del SPF.

Allí están alojados represores condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el ex jefe policial bonaerense Miguel Etchecolatz –en su proceso declaró López y luego desapareció-.

Según trascendió, a partir de esos operativos, la Justicia federal presentaría una denuncia por presuntas irregularidades en las que habría incurrido el SPF, en tanto que el Ministerio de Justicia lleva adelante sumarios administrativos.

Soza, un prefecto retirado, había asumido al frente del Servicio Penitenciario Federal en 2005, tras el desplazamiento del inspector general José Luis Soria.