EEUU PROPICIA GOLPES DE ESTADO EN OTROS PAÍSES

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

viernes, 26 de junio de 2009

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Estos hijos de puta no abandonan sus tácticas ! - 26/06/2009


Fidel: Zelaya no ha cometido la menor violación de la ley


Fidel dijo que Zelaya "no realizó un acto de fuerza" al entrar con el pueblo en una base aérea para reclamar las boletas para el evento del domingo, "confiscadas espuriamente".

El líder cubano Fidel Castro se solidarizó este jueves con el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, por la situación en la que se encuentra ese país a dos días de una consulta popular, y expresó que el mandatario " no ha cometido la menor violación de la ley".

En otra entrega de su columna "Reflexiones" tituladas "un gesto que no se olvidará", Fidel dijo que Zelaya "no realizó un acto de fuerza" al entrar con el pueblo en una base aérea para reclamar las boletas para el evento del domingo, "confiscadas espuriamente".

"Es el Presidente y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lo que allí ocurra será una prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos", dijo en referencia a las atribuciones que tiene el mandatario, tras la destitución del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.

"Así actúa un Presidente y Comandante General (...) ¡El pueblo de Honduras jamás olvidará ese gesto!", dice el texto.

Denunció también a la oposición hondureña, que quieren impedir la realización de la encuesta, de defender la "democracia" del imperialismo.

El comandante dijo que desconoce qué pasará este viernes en Honduras, pero alabó "la conducta valiente de Zelaya" porque pasará a la historia.

"Fue impresionante verlo a través de teleSUR, arengando al pueblo de Honduras (...) "sus palabras nos hacían recordar el discurso del presidente Salvador Allende mientras los aviones de guerra bombardeaban el Palacio Presidencial, donde murió heroicamente el 11 de Septiembre de 1973", comentó el líder antillano.

A continuación teleSUR presenta el texto íntegro de las Reflexiones de Fidel Castro, publicadas por Cubadebate.

Un gesto que no se olvidará

"Hago un alto en el trabajo que estaba elaborando desde hace dos semanas sobre un episodio histórico, para solidarizarme con el presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya.

Fue impresionante verlo a través de Telesur, arengando al pueblo de Honduras. Denunciaba enérgicamente la burda negativa reaccionaria de impedir una importante consulta popular. Esa es la "democracia" que defiende el imperialismo. Zelaya no ha cometido la menor violación de la ley. No realizó un acto de fuerza. Es el Presidente y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lo que allí ocurra será una prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos.

Ayer tuvo lugar una reunión del ALBA en Maracay, en el Estado venezolano de Aragua. Los líderes latinoamericanos y caribeños que allí hablaron, brillaron tanto por su elocuencia como por su dignidad.

Hoy escuchaba los sólidos argumentos del presidente Hugo Chávez denunciando la acción golpista a través de Venezolana de Televisión.

Ignoramos qué ocurrirá esta noche o mañana en Honduras, pero la conducta valiente de Zelaya pasará a la historia.

Sus palabras nos hacían recordar el discurso del presidente Salvador Allende mientras los aviones de guerra bombardeaban el Palacio Presidencial, donde murió heroicamente el 11 de Septiembre de 1973. Esta vez veíamos a otro Presidente latinoamericano entrando con el pueblo en una base aérea para reclamar las boletas para una consulta popular, confiscadas espuriamente.

Así actúa un Presidente y Comandante General.

¡El pueblo de Honduras jamás olvidará ese gesto!"

Fidel Castro Ruz
Junio 25 de 2009
8 y 15 p.m.
(fuente)

Clara Anahí Mariani, te siguen buscando

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

miércoles, 29 de octubre de 2008

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Como siempre... desgarrador - 29/10/2008

La gente de elortiba en Youtube, ha posteado este video:

Clara Anahí Mariani nació el 12 de agosto de 1976, es hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani. El 24 de noviembre de 1976 fuerzas policiales y del Ejército Argentino asaltaron a sangre y fuego la casa de sus padres, quienes pertenecían a la organización Montoneros, en la ciudad de La Plata, Argentina. En la casa que habitaban funcionaba una imprenta clandestina y quedó semidestruida, hoy es un monumento a la Memoria. Allí fue asesinada Diana junto a otras personas y secuestrada Clara Anahí, que tenía entonces 3 meses de vida. El padre de Clara Anahí, Daniel Mariani, también fue asesinado en La Plata el 1º de agosto de 1977. María Isabel Chorobik de Mariani, "Chicha", fue fundadora y presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, institución a la que dejó de pertenecer en 1989. Es la fundadora de la Asociación Anahí, dedicada a promover, preservar y defender los Derechos Humanos. Desde 1976 Chicha no ha dejado de buscar incansablemente a su nieta.

Cualquier información se ruega hacerla llegar a la Asociación Anahí:

Casilla de Correo 518 (1900) Tel/Fax: (054-0221) 4212681

Domicilio Legal: 30 Nº 1134. La Plata. República Argentina

Web: http://www.asociacionanahi.org.ar

Email personal de Chicha: mariaisabelchorobik@sinectis.com.ar

El video es una producción de http://www.elortiba.org

Más info: http://www.elortiba.org/teruggi.html

Bussi y su "bandita" de abogados

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jueves, 21 de agosto de 2008

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Me cago en la ética, la moral y el código procesal ! - 21/08/2008


Como si fuera poco con Bussi, también hay que soportar esta caterva de abogados !


Tal para cual !

Ojalá les terminen quitando la matrícula.



Objetan la estrategia de la defensa de Antonio Bussi
 
El diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse desacreditó los argumentos de los abogados del ex represor respecto a la teoría de un crimen pasional como razón por la cual su padre, el ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, desapareció durante la última dictadura.

El diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse acusó a los abogados defensores de Antonio Domingo Bussi, juzgado por la desaparición de su padre, el ex senador Guillermo Vargas Aignasse, en la última dictadura, de haber "violentado flagrantemente el artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación, siendo funcionales a la estrategia del imputado y sus hijos de sostener como estrategia de defensa una hipótesis mentirosa, que agravia a las victimas con el espurio y cobarde objetivo de eludir sus responsabilidades".

Ayer, durante la última ronda testimonial del juicio oral contra Bussi y el también ex represor Luciano Benjamín Menéndez, los defensores Amalina Assaf y Adolfo Bertini, promovieron la lectura de un anónimo que sugiere que ya en 1976 existía una supuesta relación sentimental entre Marta Cárdenas, esposa del ex senador Vargas Aignasse, y el militar retirado Ernesto Chávez, quienes hoy son pareja. Según los letrados, esa vinculación habría sido la causal de la desaparición del ex legislador provincial, en el marco de un crimen pasional.

Al respecto, Gerónimo Vargas Aignasse aclaró: "Los defensores saben que un papel anónimo no tiene valor, y mucho menos como prueba en juicio, sin embargo promovieron su oralización para confundir y lastimar. La doctora Assaf nos han mentido a todos cuando dijo que solo se limitaría a una defensa técnica enmarcada en lo que prevé la Constitución Nacional, excediéndose de la peor manera, porque ella sabe y le consta que mi madre no conocía a Chávez en el año 76 y que tampoco estaba embarazada, puesto que mi hermana menor Mariana nació el 20 de enero de 1974". Además, dijo que la abogada "sabiendo que el anónimo no es legalmente valido y en su contenido absolutamente falso promovió su publicidad".

NUNCA MÁS !

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Basta de mentiras de la derecha repugnante - 21/08/2008


Con esto de los juicios a criminales militares como Bussi y Menéndez y el post anterior sobre la mentira en cuanto al asesinato y tortura de Larraburu, bueno es recordar el prólogo que escribiera Jorge Ernesto Sábato en el libro "Nunca Más", informe de la CONADEP.


Prólogo
Nunca Más - Informe de la Conadep - Septiembre de 1984


Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: «Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura».

No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.

Nuestra Comisión no fue instituída para juzgar, pues para eso estan los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.

Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo. Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria.

De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de «excesos individuales»? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores» . Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia» , revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.

Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban «zona libre» a las comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzanas y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto de comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: «Abandonad toda esperanza, los que entrais».

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra - ¡triste privilegio argentino! - que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus ¦ldas, la justicia los desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inutiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa.

En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: «Por algo será», se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpable de nada; porque la lucha contra los «subversivos», con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epiteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como «marxismo-leninismo», «apátridas» , «materialistas y ateos» , «enemigos de los valores occidentales y cristianos» , todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esosamigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.

Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita verguenza por la violación en público; seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza.

De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal.

Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebrosos rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado liberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.

En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas razones de «la guerra sucia» , de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque, si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirán vivir con honor a los hombres de las fuerzas armadas que son inocentes y que, de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e injusta. Verdad y justicia que permitirán a esas fuerzas considerarse como auténticas herederas de aquellos ejércitos que, con tanta heroicidad como pobreza, llevaron la libertad a medio continente.

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crimenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.

Milicos.. a hacer las cosas bien, sino..

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

miércoles, 6 de agosto de 2008

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Tanto tiempo nos hicieron esperar por esto ? - 06/08/2008


No solo los crímenes horrendos que cometieron los dictadores, sino sus cómplices civiles y los cómplices "sucesores" del proyecto "Olvidemos los delitos" !

Recién ahora se dieron cuenta que existía el ilógico y protector Código Militar que mimaba a sus empleados de los delitos que cometieron. Aunque si repasamos sus delitos desde la Conquista del Desierto hasta ahora, este código se lo hicieron a medida.

Pavada de privilegio tenían los milicos !

Pero son en su 99,99% como Bussi o Pinochet en Chile, cuando les tocó "poner el culo", se hiceron los enfermos, lo cual pone en evidencia la cobardía que esta gente siempre tuvo. Y con éstos nos iban a defender de algún "ataque enemigo" ?

Ahora la delincuente de Cecilia Pando debe estar echando espuma por la boca, pero a ésta sucia rata le voy a dedicar una líneas, más tarde.

La noticia es contundente y hasta el diario La Nación tuvo que publicarla.. qué ataque de hígado, no ?

"Aprueba el Senado la derogación de Código de Justicia Militar.

Esto obliga a los miembros de Fuerzas Armadas a someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito penal El Senado sancionó por unanimidad la ley que deroga del Código de Justicia Militar, lo que obliga a los miembros de Fuerzas Armadas a someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito penal y no ante tribunales especiales, como sucede en la actualidad.

Además, esto implica la eliminación del último vestigio que quedaba en el ordenamiento jurídico que contemplaba la pena de muerte, castigo rechazado por la Convención Americana de Derechos Humanos que se encuentra incorporada a la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.

El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre pasado, al contar con el apoyo de más de 160 diputados y el rechazo de sólo dos miembros.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, principal impulsora del proyecto, llegó al recinto cuando se inició el tratamiento y permaneció atenta a los discursos hasta su aprobación. La mayoría de los discursos estuvo referida a aspectos técnicos de la ley y a la importancia de haber avanzado en la derogación de "un código obsoleto y anacrónico", como lo calificó la presidenta de la comisión de defensa, la oficialista María Perceval.

Recordó que "el contexto histórico institucional no permitió que se aprobara una modificación propuesta por el presidente Raúl radical Alfonsín a tres días de asumir su gestión".

Entre sus puntos principales, el proyecto establece que los miembros de las Fuerzas Armadas deben someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito contemplado en el Código Penal y que éstos puedan apelar las sanciones militares ante la Justicia Federal.

También crea un "Procedimiento Penal Militar para tiempos de guerra" y un código disciplinario que suprime el castigo por homosexualidad y pena como faltas la discriminación y el acoso sexual.

La ley comenzará a regir seis meses después de su promulgación, para implementar durante ese período un "programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación". Su aprobación significará el fin para los tribunales especiales para militares y la eliminación del único ordenamiento jurídico que todavía sostiene la pena de muerte.

El proyecto también contempla un "Procedimiento Penal Militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados" y un nuevo Código de Disciplina para las Fuerzas Armadas. Dice que ante cualquier delito común los militares deberán someterse a la Justicia Federal y que pueden apelar ante esos mismos tribunales federales las sanciones disciplinarias.

Para formalizar esto, se realizan modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal. La eliminación del Código Militar también dejará sin vigencia la sanción a la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas y sancionará al militar que efectuare un requerimiento de carácter sexual para sí o para terceros, bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera.

Si el acoso sexual es realizado por un superior, el delito y la sanción será aún más grave.

Se prohibirán los actos o manifestaciones que de alguna forma discriminen a cierto grupo de personas y se condenará la acción de realizar campañas de hostigamiento personal o grupal o la de afectar la dignidad personal, provocar burlas o humillaciones.

Estas conductas serán consideradas por el nuevo sistema disciplinario como faltas graves; mientras que se rotularon como gravísimas a quienes ordenen la realización de actos contrarios a la Constitución nacional, las leyes o los reglamentos militares.

Una falta leve tendrá una sanción que va desde un apercibimiento hasta cinco días de arresto o una multa de hasta diez días de sueldo; en tanto que una falta grave aumentaría la pena a sesenta días de arresto o una multa equivalente a treinta días de sueldo. Las gravísimas, en tanto, se castigarán con la destitución".


(fuente)

DEROGARACIÓN DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

viernes, 30 de noviembre de 2007

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APRUEBAN DEROGAR EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR EN LA ARGENTINA - 11/11/2007

Buenos Aires - La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de derogación del Código de Justicia Militar, para crear un nuevo sistema disciplinario que otorgue garantías constitucionales a los efectivos de las Fuerzas Armadas y eliminar la pena de muerte de la legislación nacional. Con 154 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, la Cámara Baja aprobó de manera general la reforma de dicho código, un proyecto ingresado en Diputados desde el Ejecutivo nacional en abril. El proyecto fue girado al Senado para su ratificación.


La diputada del Frente para la Victoria, Rosario Romero, encargada del defender la medida, aseguró que la Ley 14.029 de Justicia Militar “contradice las garantías constitucionales, porque los efectivos son juzgados con dudosas políticas”. “Este proyecto elimina la pena de muerte de la ley argentina definitivamente, ya que este es el único código que mantiene esta figura. Pero no descuida la necesidad de otorgar eficacia y garantías constitucionales a los militares”, enfatizó la legisladora.

La propuesta, firmada por el presidente Néstor Kirchner hace siete meses, fue elaborada por un grupo de especialistas, civiles y militares. Representantes del Derecho Penal de la UBA, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, del Estado Mayor Conjunto del Ejército y del Comité de la Cruz Roja, participaron en la construcción del proyecto. La iniciativa, que derogará el texto que rige desde 1951, busca que los militares sometidos a proceso por delitos militares tengan las mismas garantías judiciales que cualquier ciudadano ante la Justicia civil. Además, el proyecto incorpora figuras novedosas como el acoso sexual y la discriminación, y elimina el calabozo y el confinamiento.

La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los bloques legislativos. Incluso pasó sin escollos por las comisiones de Legislación Penal y Defensa, en donde tuvo sólo la disidencia de la diputada lopezmurphysta Nora Ginzburg. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Rosario Romero, afirmó que con esta norma se deroga un sistema de justicia militar de los siglos XVIII y XIX, y remarcó que la reforma se acoge a “los objetivos e ideales que la Argentina viene sosteniendo”. A su vez, Ginzburg dijo: “la iniciativa significa un paso más en la destrucción de las Fuerzas Armadas y no voy a ser cómplice de eso”. (NA-DyN)

FUENTE: LA GACETA ON LINE - ARGENTINA.