URUGUAY DECIDIRÍA NO REGALAR SU TERRITORIO

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martes, 17 de marzo de 2009

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Primero regaló !... ahora se arrepintió ? - 17/03/2009

Proyecto

Limitan venta de tierras, en frontera, a extranjeros

Proyecto. En abril Vázquez envía iniciativa al Parlamento

El presidente Tabaré Vázquez se apresta a aprobar en abril, a su retorno de China, un proyecto de ley que limitará la compra de tierras a extranjeros en una franja de 50 kilómetros de la frontera.

La iniciativa promovida por el ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, tiene como fundamento la seguridad sanitaria en la frontera.

No obstante, en el gobierno aún existen algunas dudas respecto a la franja y por ello Vázquez solicitó a Agazzi que amplié los informes para debatir el tema en abril y si hay acuerdo en el gabinete aprobarlo y remitirlo al Parlamento.

"No es una ley de exclusión", subrayó Agazzi en el Consejo de Ministros que se desarrolló ayer en la residencia de Suárez.

Participantes de la reunión indicaron que en la sesión se señaló que la ley podría contemplar "algunas excepciones" para los extranjeros que adquieran tierras.

También se señaló que los propietarios de tierras podrán gestionar su ciudadanía legal si cumplen con los requisitos.

Según las fuentes, en la sesión de ayer del gabinete se subrayó que en Uruguay no se establecen diferencias para los inversores nacionales y extranjeros, y que en muchos casos existen propietarios que tienen tierras a ambos lados de la frontera.

"Vamos a seguir conversando del tema a partir que el Ministerio de Ganadería distribuya un informe sobre el estado de situación, para tratarlo en abril", dijo Vázquez a los integrantes del gabinete.

En los últimos ocho años las tierras vendidas equivalen a la totalidad del área agropecuaria de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, según datos oficiales. Más de la mitad la compraron sociedades anónimas de las que se desconoce la nacionalidad e identidad de sus accionistas.

Prórroga. Durante la gestión al frente del Ministerio de Ganadería del hoy candidato oficial del Frente Amplio, José Mujica, se promovió una ley que establecía un plazo para que las acciones de las sociedades anónimas pasaran a ser nominativas. La propuesta fue arduamente discutida en el gabinete ante los reparos del Ministerio de Economía. Empero, al ser la iniciativa parte del programa del Frente Amplio, la ley fue aprobada.

En diciembre pasado, sorpresivamente la cámara de Diputados sancionó una ley que prorrogó por un año el plazo para que las sociedades anónimas rurales adecuen su capital y tengan acciones nominativas. El plazo vencía en enero y se resolvió extenderlo hasta diciembre de 2009. La modificación fue aprobada por unanimidad, aunque desde el Partido Nacional se deslizaron críticas a la ley original, votada en diciembre de 2006 y que apuntaba a clarificar quiénes eran los propietarios de tierras.

La norma de 2006 establecía que sólo podrían ser propietarios de inmuebles rurales las personas físicas o las sociedades anónimas con acciones nominativas cuyos titulares fueran personas físicas. Es decir, que la ley prohíbe las sociedades con acciones al portador a adquirir tierra, por desconocerse quien es el dueño.

La ley fijó dos años para que las sociedades anónimas adecuaran su capital social. Con la prórroga aprobada a principios de año, las sociedades dueñas de tierras tendrán tiempo hasta diciembre para hacerlo.
Presión del MPP incide para que se cumpla con "compromisos"

En ámbitos de coordinación entre el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo, integrantes del MPP le plantearon al presidente de la coalición de izquierda, Jorge Brovetto, la necesidad de que se cumpla "el 100% con el programa de gobierno" que el presidente Tabaré Vázquez presentó en la campaña electoral de 2004.

El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Andrés Berterreche, admitió a El País que en diálogo con Brovetto el tema de la extranjerización de la tierra estuvo y está planteado. El tema de la tenencia de la tierra también está planteado en el nuevo programa de gobierno aprobado por el congreso del Frente Amplio en diciembre pasado.

Si bien en el texto original se vuelve a establecer el compromiso de evitar la extranjerización de la tierra, no se especificó la franja de 50 kilómetros que propone el ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, en su propuesta. La insistencia para intentar frenar la extranjerización de la tierra, fue uno de los puntos discutidos en diciembre en la comisión de "país productivo", donde entre otros aspectos se realizó un balance negativo de emprendimientos como Botnia. Las posiciones del MPP y el Partido Comunista primaron a la hora de aprobar los textos.

Recurso estratégico para FA

El programa del Frente Amplio establece respecto a la política de tierras que además de la creación de las sociedades anónimas al portador, se desalentaría "la especulación" de la tierra por considerarla "un recurso estratégico". "Se buscarán acuerdos por la vía legislativa para disminuir al máximo posible la tenencia de tierras por parte de extranjeros, especialmente en la parte fronteriza, acordando reciprocidad con países limítrofes", señala el texto en la página 73 del programa del Frente.
(fuente)

Jaimito y las "dádivas"

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lunes, 23 de febrero de 2009

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No aceptes "caramelos" de extraños - 23/02/2009



EL FISCAL MANUEL GARRIDO
Denuncian a Jaime por "aceptación de dádivas"
El secretario habría realizado vuelos pagados por empresas que debe controlar. La causa surgió tras una nota de Crítica de la Argentina.

Cambios de un menemista tardío - El último de Jaimito

Su moto BMW, los pisos en Libertador y Puerto Madero, los viajes a Río en avión privado. Vida y obra del secretario de Transporte.

El ingeniero agrimensor Ricardo Raúl Jaime nació el 16 de enero de 1955, está casado con Gloria Edith del Corazón de Jesús Vilchez y es secretario de Transporte desde la asunción de Néstor K en 2003.

Jaime es el más menemista de los K y tiene un genio para la economía comparable al de Henry Ford:de otro modo sería imposible vivir como lo hace con su salario de 8.181 pesos. A efectos impositivos declara tres inmuebles: una casa en Caleta Olivia de 81 metros cuadrados, una casa en Córdoba de 186 metros y otra en Nueva Córdoba de 49 metros cuadrados.Tiene deudas por 5.000 pesos con el Banco de Galicia y por 41.034 con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su moto BMW R1200T desentona un poco con el contrafrente en Caleta Olivia: fue comprada en julio de 2006 y cuesta 77.000 pesos, casi su salario de un año. Con una moto y un auto con chofer le alcanza, porque casi no tiene amigos que llevar: no tiene buena relación con De Vido, Cristina lo evita, nunca hace reuniones con sus funcionarios ni consulta nada con nadie. Sólo se ve con Néstor.

Cuando llegó a Buenos Aires estaba igual de solo: pasó sus primeras noches en la gran ciudad en el hotel El Facón Grande, de Reconquista 647, un hotel sindical de Gerardo “Momo” Venegas, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Ahora vive con su mujer en el piso 12 de Libertador 650 (esquina Cerrito), viste trajes de confección, usa corbatas Hermés y accesorios de oro dorado, y le fascinan los zapatos. Dicen que tiene más de 30 pares y le divierte preguntarle a cada interlocutor por la marca de su calzado. (Yo, por si le preocupa, uso Prada talle 11.) Practica karate, y es cinturón negro.

–Con tal de no entregarlo, rendí libre el marrón –repite siempre Jaimito la misma broma, refiriéndose, claro, al color del cinturón de karateca.

Toma café casi todas las mañanas en Rond Point, sobre Figueroa Alcorta al lado de Canal 7, con su amigo Claudio Cirigliano (poderoso empresario del transporte local quien, según diversas fuentes, ”le enseñó a Jaime la buena vida”). Todos los mediodías Jaimito va hacia su otro domicilio: un departamento en un complejo que ocupa una manzana en Juana Manso 1161, quinto piso, Puerto Madero. Allí hace gimnasia o se relaja en la pileta. En ese edificio, llamado Terrazas del Dique, también vive Facundo De Vido, hijo del ministro. El sitio fue construido por el estudio de Fernández Prieto y Asociados, que figura cobrando sobreprecios por una remodelación de coches y estaciones de trenes en una de las causas judiciales en las que Jaime está más comprometido. Dos fuentes que no están vinculadas entre sí aseguraron a este diario que la fiebre inmobiliaria de Jaime lo ha llevado, además, a tener otra casa, pero en San Isidro. Jaime pasa algunos fines de semana en la zona norte del conurbano bonaerense y, de hacerlo, toma sol en el yate de Claudio Cirigliano, con amarra en un club de San Isidro. Su otro destino de finde es Córdoba: al aeropuerto de Pajas Blancas llega en el CESSNA 550 patente LV-BHJ de su amigo Claudio, una compra reciente con la ayuda del Banco Macro. Con ese Lear u otros también viaja a Río de Janeiro con cierta asiduidad y se ufana ante sus amigos de que este verano pudo estar en la cidade maravilhosa cinco días corridos sin que Kirchner lo llamara para volver de urgencia.

En su oficina del piso 12 de Hipólito Yrigoyen 250 su obsesión por las cámaras le valió el mote de Gran Hermano: hay doce en total y varios monitores en su escritorio controlando desde la cochera hasta el hall de ingreso. Sus visitas más exclusivas acceden en general desde la cochera en el ascensor privado para los ministros y secretarios, por lo que nunca queda constancia de ingreso. Completa su oficina un plasma y un cómodo sillón para mirar la tele. Allí mismo recibe a su peluquero y a su lustrador de zapatos.

En “Hablen con Julio”, un interesante trabajo de Francisco Olivera y Diego Cabot, una anécdota retrata el modus operandi de Jaimito: ”La gestión de Jaime –escriben Olivera y Cabot– logró modificar drásticamente las reglas de juego del transporte nacional. Antes, las Cámaras tenían sólo una función de lobby sectorial. Todo cambia. Después de Jaime, los responsables de cada una de las firmas de colectivos urbanos tienen, además, la obligación de pasar, por lo menos una vez al mes, por la Cámara que los representa. Es para pagar, dicen, ”la cuota social”. Hablamos con un transportista y transcribimos literalmente el diálogo:

–¿Cómo es el sistema recaudatorio?

–Las cámaras empresariales son las que recolectan el dinero por medio de sus socios. Por ejemplo, cada una junta entre 100 y 150 pesos por unidad. El dinero lo recibe directamente el último destinatario en persona en su oficina y es entre tres y cuatro palos por mes. La recaudación incluye Capital Federal y las de larga distancia.

JAIME EN TRIBUNALES. El autor ideológico del tren bala es sujeto de varias investigaciones por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: Manuel Garrido hizo una denuncia a la Justicia Federal al detectar irregularidades en la remodelación de estaciones de trenes y la reconversión de coches operados por Ferrovías (Ferrovías, de Gabriel Romero, como se dijo, uno de los empresarios asociados con Alstom para la construcción del tren). Fue Ricardo Jaime quien aprobó y preadjudicó las obras a través de las resoluciones 421 y 422 de diciembre de 2003. En el caso de los vagones en menos de cuatro meses los trabajos de reconversión sufrieron un aumento de 35,7% y todo siguió en aumento hasta que la reconversión de los 120 coches se cotizó en 618.512 pesos y no debería haber superado los $ 266.250.

En la causa por remodelación de 22 estaciones de la línea Belgrano Norte, el fiscal Garrido solicitó la indagatoria de Jaime basándose en un aumento de costos del 285%.

Jaime fue también denunciado por uno de sus subordinados, el entonces subsecretario de Transporte Aerocomerical Ricardo Cirielli, que presentó ante el ministerio público un anónimo en el que se acusaba a Hilario Lagos, asesor de Jaime, de pedir coimas a nombre de su jefe. Cirielli amplió la denuncia el 14 de febrero y presentó diversas pruebas en los casos de Avianca, Air Europa, LAFSA, Ayres del Sur y multas a Aerolíneas Argentinas. A estar de la denuncia de Cirielli la directora de Sumarios del Ministerio de Planificación, Maria Redrozo de Smaldone, le pidió a Jaime en la nota 169 del 6 de noviembre pasado que asignara nuevas funciones al personal que estuviera involucrado en los hechos que se investigan. Pero Jaime decidió ignorarla: Lagos convoca a reuniones con directivos de las compañías aéreas en oficinas de la Subsecretaria de Transporte Aerocomercial. El hombre justo en el lugar justo.
(fuente)

Capitalismo: por siempre salvaje y sanginario

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domingo, 17 de agosto de 2008

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No seamos ingenuos - 17/08/2008


Para salir de la ilusión de un "capitalismo benévolo"

La tesis de un capitalismo benévolo, en el que las trasnacionales eran amigas y socias del país, se derrumbó cuando Botnia se negó a paralizar las obras por un "plazo generoso". Las razones económicas volvieron a pesar, y Uruguay ha quedado frente al verdadero rostro de la globalización, dice el informe enviado a DiaUno.

En tiempos en que el capital trasnacional redobla las presiones es urgente instalar mecanismos novedosos de regulación social y ambiental.

Las empresas que construyen las plantas para la elaboración de celulosa en más de una ocasión se han presentado como amigas y socias de Uruguay. Algunos entusiastas defensores de esos emprendimientos han invocado y profundizado esos argumentos. Se ha sostenido, por ejemplo, que el enorme tamaño de esas corporaciones, la necesidad de preservar su imagen pública y su experiencia europea asegurarían la mejor gestión.

Esa línea de pensamiento aparece en varios voceros de los partidos tradicionales, pero también en analistas de izquierda. Parecería que el interés en preservar cierta buena imagen pública constituiría un factor clave para lograr una buena gestión empresarial.

De esa manera se cayó en la ilusión de un “capitalismo benévolo”, donde las grandes empresas estarían comprometidas con importantes objetivos nacionales. Lo cierto es que un buen día, el gobierno de Uruguay pidió un “gesto” a esas corporaciones, y una de ellas se negó. Altas autoridades nacionales estaban irritadas y desilusionadas y desearon que Botnia recapacitara. Pero en realidad sufrimos lo que ha ocurrido en más de una ocasión en América Latina, cuando el capital extranjero deja en claro sus condiciones y sus objetivos.

En aquel momento no sólo se desmoronó una posible salida del conflicto con Argentina, sino que también se derrumbó la idea de ese capitalismo benévolo.



LA IDEA DEL CAPITALISMO BENÉVOLO

Esta idea se basa en suponer que las grandes corporaciones trasnacionales que llegan a invertir en el Sur tienen exigencias sociales y ambientales iguales y superiores a las requeridas en esas naciones. Se supone que la presión pública hace que esas corporaciones cumplan con esas exigencias, y el temor a la censura social las llevaría a buscar la mejor gestión con sus empleados, las comunidades locales y el ambiente que las rodea.

Este tipo de argumentos ha aparecido una y otra vez en el debate sobre las plantas en Fray Bentos; se ha dicho que sus estándares ambientales son más altos que los de Uruguay, que se capacitaría a los futuros empleados uruguayos, que se generarán miles de puestos de trabajo, que aumentará nuestro PBI, y que se evitaría cualquier impacto negativo por temor a dañar la imagen pública de la corporación.

Bajo esta idea, la empresa es un socio, mano a mano con el gobierno nacional. En muchos casos todos esos factores nutren el concepto de una autorregulación de las empresas, donde el papel del Estado se desvanece.

Estas ideas son propias de corrientes políticas tradicionales, y están basadas en asumir que los agentes económicos se pueden regular a sí mismos, y que el Estado no debe entorpecer esas inversiones. Lo extraño en esta situación es que sean validadas por algunos actores de la izquierda.



LA HISTORIA ACCIDENTADA

Si la idea del “capitalismo benévolo” se mira desapasionadamente se observará un cuadro más complejo. En primer lugar, muchos de los programas de responsabilidad corporativa son una consecuencia de escándalos financieros, impactos sociales negativos o accidentes ambientales. La lista de ejemplos donde las grandes corporaciones caen en fraudes o manipulaciones para asegurar su supervivencia es muy larga. Entre los más recientes destacan los fraudes contables en Enron (2001), WorldCom (2002), Parmalat (2003) y Ahold (2003).

En segundo lugar, en el grupo de las empresas que extraen o procesan recursos naturales (mineras, petroleras, químicas) las variables de ajuste no son sólo ambientales sino también sociales.

En el terreno ambiental hay muchos ejemplos de negligencia, ineficiencia y fraudes que desencadenaron graves impactos en la salud y el entorno. Uno de los casos más terribles ocurrió en Bhopal (India), en 1984, cuando un accidente en una planta química de Union Carbide mató a 8 mil personas. Más de un lector recordará otros casos de gran difusión: cáncer por aguas contaminadas generadas por plantas de dos enormes corporaciones en el poblado de Woburn, relatado en la película Una acción civil; y la contaminación del agua por cromo en el desierto de Mojave por otra gran empresa, y que se relata en el filme Erin Brockovich. La historia siempre es similar: poblados pequeños donde se necesita desesperadamente una inversión productiva reciben plantas de grandes empresas que manejan procesos peligrosos o productos potencialmente tóxicos. Cada tanto hay un accidente, o se acumulan pequeños problemas, y surgen casos de graves impactos ambientales o problemas en la salud pública que desencadenan protestas ciudadanas.

Todas esas grandes corporaciones tienen en claro que su objetivo es llevar al máximo sus ganancias. La ampliación de los mercados, la expansión de la producción y la reducción de los costos, son elementos indispensables para esa meta. En algunos casos se incorporan ciertas medidas ambientales y sociales cuando son funcionales a la performance económica de la empresa; por ejemplo, lograr un buen ambiente de trabajo y mantener un relacionamiento adecuado con los empleados aumenta la productividad.

Pero los análisis más agudos dejan en claro que el primer mandamiento de las corporaciones es mantener y aumentar sus ganancias y aquellos equipos gerenciales que no lo hagan simplemente serán reemplazados. En ese sentido, las corporaciones son amorales. Las exigencias sociales y ambientales pasan a ser variables de ajuste, y siempre que es posible se busca reducir los costos, incluyendo los laborales, tributarios y ambientales.

Este comportamiento no sólo se observa en las clásicas corporaciones originadas en los países industrializados, sino que se repite con las llamadas “traslatinas” originadas en nuestro propio continente. Un buen ejemplo son las denuncias que recibe la brasileña Petrobras por los impactos sociales y ambientales de sus actividades en Ecuador. Un mismo tipo de comportamiento se repite en corporaciones de distinto origen y bajo diferente régimen de propiedad.

Complicando un poco más las cosas, las grandes corporaciones tienen una mirada global. Cada uno de sus emprendimientos en diferentes partes del planeta es un eslabón en una cadena productiva, y las decisiones se toman con relación a cómo está funcionando ese entramado sin fronteras. No es un tema menor que la decisión de no extender el plazo de paralización de las obras fuera tomada en Helsinki y no en Montevideo.



LA MARCHA DE LA GLOBALIZACIÓN

De esta manera Uruguay está entrando a los vaivenes de la nueva globalización que en sus expresiones actuales tiene un fuerte componente de desterritorialización. Los reclamos uruguayos tienen muy limitadas capacidades de incluirse en una cadena productiva global, y en especial cuando una inversión goza de la protección de una zona franca y un tratado que protege el flujo de capital (tanto el que ingresa con la inversión como el amparo para poder retirar las ganancias).

Nuestro país se está topando con esos aspectos y observa las decisiones que se toman en Helsinki, los medios reportan las alzas y bajas en las acciones de Botnia, y hay preocupación por las acciones del Banco Mundial y la banca privada.

De todos modos, los reclamos sociales uruguayos (y argentinos) apenas llegan a oídos de la junta de dirección de las empresas, cuyas casas matrices están al otro lado del mundo. Las plantas de celulosa están claramente asentadas en nuestro territorio, pero las decisiones se han internacionalizado.

Esta marcha de la globalización se repite en otros problemas uruguayos donde también operan las trasnacionales. Entre los más recientes está la incipiente polémica por el cobro de regalías sobre soja transgénica a nivel de los exportadores. La soja se planta en Uruguay, pero los recursos contra los exportadores se hacen en tribunales europeos.



LA REGULACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

La idea de corporaciones benévolas no ofrece salidas inteligentes para este tipo de problemas, y por lo tanto es necesario explorar nuevos mecanismos de regulación. Ese tipo de análisis muchas veces se torna difícil: en ocasiones se aceptan casi todas las condiciones impuestas por la inversión extranjera, y en otros casos se las impide, sea por trabas burocráticas como por medidas con débil fundamento. Tendemos a movernos entre extremos, sea bajo el sueño de una empresa extranjera que anuncia el despegue económico del país, como por la pesadilla de anunciar una invasión imperial de capitalismo.

En los países vecinos hay varias posturas. Gobiernos tan distintos como el de Toledo (Perú) y Lula da Silva (Brasil) han sido funcionales a la inversión externa y los emprendimientos de las corporaciones. En cambio, el de Néstor Kirchner ha planteado muchas exigencias a las empresas trasnacionales, logró desmontar varias demandas internacionales, controla las tarifas de las compañías que ofrecen servicios públicos y ha iniciado algunas reestatizaciones. El de Evo Morales, en Bolivia, tiene en marcha un litigio contra la petrolera Repsol-ypf por exportar hidrocarburos no declarados.

En los países industrializados, las demandas ganadas en los juzgados, la protesta pública en las calles y nuevos datos científicos, desembocaron en cambios importantes en el marco normativo y la regulación sobre las industrias peligrosas, especialmente en el sector petrolero, químico y nuclear.

Tendríamos que aprender de todos esos ejemplos, y sumar las lecciones que está dejando el conflicto de las plantas de celulosa. En este momento es necesario plantear cuatro medidas básicas. En primer lugar es necesario generar mecanismos de regulación sobre las empresas trasnacionales que lleguen a Uruguay con grandes proyectos productivos. El primer agente en esa regulación debe ser el Poder Ejecutivo; no podrá hacerlo solo, y será necesario el concurso de los gobiernos municipales, una reforma de la normativa y el apoyo del Poder Judicial, y finalmente, es siempre indispensable contar con la participación ciudadana. Regulación es concepto más amplio que la mera imposición de condiciones o requisitos (tal como sucede actualmente con buena parte de nuestros controles ambientales), y alude a diversos mecanismos que actúan sobre la toma de decisiones y la marcha de un emprendimiento productivo.

En segundo lugar, todo proceso de regulación debe partir de evaluaciones del impacto de las inversiones en el país. En muchos casos no existen esos análisis, y apenas se cuenta con las propuestas de las empresas (a menudo exageradas); en las pocas situaciones que se ha hecho apenas existen evaluaciones sectoriales. Por ejemplo, en el caso de las plantas de celulosa necesitamos una evaluación económica que por un lado clarifique los supuestos beneficios, pero también deje en claro los costos para el país (en el caso de Botnia, se recibirán beneficios por ¿creación de empleo y exportaciones?, pero hay que precisar cuánto se pierde por exoneración tributaria, por controles ambientales, mantenimiento carretero). Este tipo de evaluaciones debería estar en manos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y no sólo contemplar proyectos puntuales, sino analizarlos en contextos de inversiones a mediano plazo y a nivel de todo el país.



En tercer lugar, necesitamos un nuevo conjunto de instrumentos de gestión ambiental. Entre los más urgentes se encuentra la implantación de “seguros ambientales” obligatorios para grandes emprendimientos riesgosos. Ese tipo de medidas, muy conocido en Europa y Estados Unidos, determina claramente las responsabilidades en caso de accidentes ambientales, obliga a tomar medidas y a cubrir sus costos, y con ello evitamos que termine pagando el Estado. Si recordamos el derrame de petróleo del San Jorge, uno de los grandes problemas fue la lentitud en tomar medidas de mitigación asociada a la incertidumbre sobre quién pagaría esos costos. Eso no puede repetirse con las plantas de celulosa.

En el mismo sentido es necesario redefinir el fondo ambiental que existe en nuestro país, para que pueda ser nutrido por una tasa sobre los emprendimientos más riesgosos, de manera de evitar el traslado del costo del monitoreo ambiental desde las empresas al Estado.

En cuarto lugar, Uruguay debería comenzar a apoyarse en las guías internacionales de responsabilidad social y ambiental en la regulación financiera. La actual polémica sobre el financiamiento que puede recibir Botnia del Banco Mundial o de bancos privados, así como el análisis de riesgo y garantía que puede otorgar una agencia especializada del Banco Mundial, demuestran la importancia de estas cuestiones. En este terreno hay varias iniciativas internacionales, entre ellas los nueve “principios Ecuador”, un código de responsabilidad que vienen adoptando los grandes bancos nacionales e internacionales.

Bajo esos principios, al evaluar el financiamiento de un proyecto se deberá considerar los aspectos sociales y ambientales y las obligaciones impuestas por los tratados internacionales, asegurarse de que el emprendimiento protege la salud humana, las especies en peligro y el uso de los ecosistemas, observar cómo se manejan las sustancias peligrosas, la prevención de la contaminación y minimización de los residuos, además del control de la contaminación yel manejo de residuos químicos y sólidos.

Otro ejemplo es la guía de responsabilidad de la OCDE (el club de los países más desarrollados). La importancia de este tipo de normas es que si Uruguay las exige, las empresas no podrán resistirlas aludiendo un trato discriminatorio de sus inversiones.

En quinto lugar es necesaria la coordinación en el Mercosur para evitar el dumping ecológico y social. Recientemente se ha reflotado la idea de un protocolo ambiental del bloque. Años atrás, las desavenencias entre Argentina y Brasil sobre compromisos y exigencias impidieron la aprobación de un convenio de este tipo. Pero ese desacuerdo en realidad trasmitía las preocupaciones de las industrias nacionales temerosas de nuevos controles ambientales. Un nuevo protocolo debería ir más allá de los intereses sectoriales y asegurar reglas de gestión análogas para todo el bloque.

Para avanzar en estas y otras medidas habría que desembarazarse de la pasividad que origina la ilusión del capitalismo benévolo, y por el contrario tomar la iniciativa para una regulación social sobre los flujos de capital y los nuevos emprendimientos productivos. Tendrá que ser una regulación creativa, para no espantar inversiones que el país precisa, pero inteligente y rigurosa como para evitar impactos negativos.

* Secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). EDUARDO GUDYNAS*


(fuente)

Google prefiere la Agentina mal que les pese a pocos

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

lunes, 21 de abril de 2008

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GOOGLE PREFIERE A LA ARGENTINA - 21/04/2008

Pensar que muechos xenófobos y detractores, los cuales forman un pequeñísimo grupejo, menosprecian a la Argentina por su corrupción, abandono, etc.

Pero parece que las grandes y serias empresas como Google, nos prefieren por sobre otros países "naturales"...



En Google miran a América Latina.

Uno de los CEOs de Google, chocho con nuestra región.

Nada más ni nada menos que el presidente del comité ejecutivo de desvivió en elogios para la zona geográfica.

Elogios, sólo elogios para América Latina. Y no es ninguna pavada porque viene nada más ni nada menos que del presidente del comité ejecutivo de Google, Eric Schmidt, en un momento clave: el gigante pondrá oficinas en Buenos Aires, pero además según la misma fuente, comprarán empresas.