Seguimos sin depurar las fuerzas de seguridad, entre otras

martes, 18 de diciembre de 2007
La cúpula de Prefectura en la mira por el caso Febres - 18/12/2007



Es increíble darnos cuenta que quedan muchos "residuos patológicos" de la represión y la dictadura.



Casos como el de Jorge Julio López estremecen, pero más aún con este tipo de maniobrar que exceden lo mafioso e imaginable !



Qué se espera para erradicar toda esta lacra que contaminan y retardan un país completo, amén del miedo que produce saber que el Estado es incapaz de dar protección a sus ciudadanos?



Cómo es posible que ningún juez termine preso por no cuidar a los testigos y acusados?



Cuánto más deben padecer las víctimas y la población?



"La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investigará a los jefes de la fuerza y buscará encontrar a los responsables de la muerte del represor. Detectó una presunta maniobra entre un prefecto y un detenido.



La jueza determinó a través de una escucha telefónica que miembros de la Prefectura se iban a reunir con el ex jefe de la Zona Delta Rubén Iglesias.



El detenido había pedido un traslado médico al Departamento de Sanidad de la Fuerza, lo que había sido autorizado por Arroyo Salgado.




Pero una escucha telefónica la alertó de que allí se iba a producir una reunión para coordinar acciones en el marco de la causa que lleva adelante y dio marcha atrás con la autorización.



Del encuentro destinado a acordar una estrategia común iban a participar jefes de la Prefectura. La fuerza quedó involucrada en un escándalo por la muerte de Héctor Febres, quien falleció envenenado con cianuro, según lo determinó la autopsia que se le practicó.



La muerte se registró cuatro días antes de que el represor escuchara el veredicto de la Justicia por su participación en crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).




Según determinaron los investigadores del caso, Febres gozaba de una serie de privilegios en las instalaciones de Prefectura donde se encontraba alojado al momento de su muerte.




Por el escándalo, el Gobierno echó al jefe de la Prefectura, Carlos Fernández, quien podría quedar imputado. La jueza Arroyo Salgado también dispuso la detención del agente encargado de la custodia de Febres y la viuda y dos hijos del represor".

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