jueves, 10 de enero de 2008
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Tickets: procesan a ejecutivos que ofrecieron coimas - 10/01/2008
Dos empresarios de la cámara de tickets alimentarios fueron procesados por ofrecer presuntamente un soborno de hasta 20 millones de dólares al diputado kirchnerista Héctor Recalde a cambio de que lograra la sanción de una ley beneficiosa para el sector. Los ejecutivos de dos importantes empresas de este ramo, además, empezarán a ser investigados por su relación con este episodio.
El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid procesó a Santiago Lynch (desplazado de su cargo de director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios) y al intermediario Miguel Gutiérrez Guido Spano. Los nuevos imputados son los directivos de Sodexho Pass y de Accor SA.
A ninguno se le dictó la prisión preventiva. A los dos procesados sí se les trabó un embargo: 100 mil pesos sobre los bienes de cada uno.
El pedido de coimas se conoció el 20 de noviembre último, a partir de una denuncia de Recalde, autor de un proyecto de ley para la incorporación progresiva de los tickets al sueldo. El ofrecimiento de los empresarios fue grabado con una cámara oculta.
Esa filmación es la principal prueba invocada por el juez Aráoz de Lamadrid en su resolución. Se trata de conversaciones entre Mariano Recalde, asesor de su padre -Héctor- en el Congreso, y Guido Spano y Lynch. La oferta de coima abarcaba un pago mensual de 20 mil dólares para Recalde en caso de que aceptara "cajonear" el proyecto, que finalmente fue aprobado a los diez días de la denuncia.
El juez consignó en su resolución que la denuncia de Recalde fue totalmente coincidente con lo que grabó la cámara. "Se observa claramente -afirma Aráoz de Lamadrid- cómo los imputados plantean" propuestas concretas para "intentar que se cajonee el proyecto de ley". El propio juez enumera esas "propuestas": el dinero mensual para Recalde, "una suma superior en caso de que el diputado accediera a cambiar el proyecto, manteniendo el carácter no remunerativo de los tickets y, además, haciéndolos inembargables" y, por último, una suma de 20 millones de dólares para que Recalde hiciera directamente un proyecto a la medida de la Cámara.
Aráoz de Lamadrid -juez subrogante que aspira a conservar el cargo a pesar de sus malas calificaciones en los concursos- hizo un análisis de los llamados realizados en esos días por todos los protagonistas de esa causa. Unas 70 veces se habrían comunicado los procesados con Mariano Recalde; la mayoría son llamados de ellos hacia él.
El delito por el que los empresarios resultaron procesados es el de cohecho. El Código Penal establece para esta conducta una pena que va del año a los seis de prisión.
Un día después de que Recalde presentara su denuncia, Lynch y Gutiérrez Guido Spano consiguieron una eximición de prisión que -en principio- les garantiza que no irán presos mientras dure el proceso en su contra.
Dos empresarios de la cámara de tickets alimentarios fueron procesados por ofrecer presuntamente un soborno de hasta 20 millones de dólares al diputado kirchnerista Héctor Recalde a cambio de que lograra la sanción de una ley beneficiosa para el sector. Los ejecutivos de dos importantes empresas de este ramo, además, empezarán a ser investigados por su relación con este episodio.
El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid procesó a Santiago Lynch (desplazado de su cargo de director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios) y al intermediario Miguel Gutiérrez Guido Spano. Los nuevos imputados son los directivos de Sodexho Pass y de Accor SA.
A ninguno se le dictó la prisión preventiva. A los dos procesados sí se les trabó un embargo: 100 mil pesos sobre los bienes de cada uno.
El pedido de coimas se conoció el 20 de noviembre último, a partir de una denuncia de Recalde, autor de un proyecto de ley para la incorporación progresiva de los tickets al sueldo. El ofrecimiento de los empresarios fue grabado con una cámara oculta.
Esa filmación es la principal prueba invocada por el juez Aráoz de Lamadrid en su resolución. Se trata de conversaciones entre Mariano Recalde, asesor de su padre -Héctor- en el Congreso, y Guido Spano y Lynch. La oferta de coima abarcaba un pago mensual de 20 mil dólares para Recalde en caso de que aceptara "cajonear" el proyecto, que finalmente fue aprobado a los diez días de la denuncia.
El juez consignó en su resolución que la denuncia de Recalde fue totalmente coincidente con lo que grabó la cámara. "Se observa claramente -afirma Aráoz de Lamadrid- cómo los imputados plantean" propuestas concretas para "intentar que se cajonee el proyecto de ley". El propio juez enumera esas "propuestas": el dinero mensual para Recalde, "una suma superior en caso de que el diputado accediera a cambiar el proyecto, manteniendo el carácter no remunerativo de los tickets y, además, haciéndolos inembargables" y, por último, una suma de 20 millones de dólares para que Recalde hiciera directamente un proyecto a la medida de la Cámara.
Aráoz de Lamadrid -juez subrogante que aspira a conservar el cargo a pesar de sus malas calificaciones en los concursos- hizo un análisis de los llamados realizados en esos días por todos los protagonistas de esa causa. Unas 70 veces se habrían comunicado los procesados con Mariano Recalde; la mayoría son llamados de ellos hacia él.
El delito por el que los empresarios resultaron procesados es el de cohecho. El Código Penal establece para esta conducta una pena que va del año a los seis de prisión.
Un día después de que Recalde presentara su denuncia, Lynch y Gutiérrez Guido Spano consiguieron una eximición de prisión que -en principio- les garantiza que no irán presos mientras dure el proceso en su contra.
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