NIMBY - "No en mi patio trasero"

By JorgeLanz 🐧✌️🇦🇷 |

martes, 2 de junio de 2009

Fuera BOTNIA de "mi patio trasero" - 02/06/2009



La encrucijada de Villa Jara

La semana pasada se informó por la prensa local sobre la preocupación de los vecinos de Villa Jara, ubicada en el camino que une Coyhaique con Balmaceda (a la altura de la laguna Foitzick), ante las tratativas que está llevando adelante René Jara, propietario original del terreno, con el ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile con el objeto de enajenar a favor del Estado 12 hectáreas para construir en el centro de la localidad un complejo carcelario.

Unos 50 pobladores se reunieron por esos días en asamblea para organizarse y analizar las vías para manifestar su rechazo a la idea, principalmente por el riesgo que consideran que un recinto de estas características significaría para su tranquilidad (24 horas de régimen de luz día, alto tránsito de visitantes, alto impacto durante la construcción), para eventuales emprendimientos turísticos y para el valor de los terrenos vecinos a la hipotética futura instalación, que según se ha informado sería visible desde todos los ángulos.

En esta situación, como en tantas otras similares, se reúnen dos grandes temas.

Uno, el legítimo derecho de todo ciudadano a organizarse por lo que considera le puede afectar o perjudicar en su calidad de vida. Otro, la toma de decisiones del Estado en torno a temas de bien colectivo.

Esta circunstancia, donde personas se oponen a iniciativas específicas en sus barrios o en los territorios que habitan, es muy similar a lo que ha ocurrido en diversas zonas del país con mayor o menor difusión medial.

La casa de reposo para pacientes de Sida que el padre Baldo Santi trató de implementar a fines de los 80 en La Reina, las viviendas sociales en las cercanías de la comunidad ecológica de Peñalolén, las comunidades que se oponen a los rellenos sanitarios o los cementerios, los pescadores de Mehuín y la planta Celco en la Región de los Ríos, las represas en Aysén con Endesa, Colbún y Xstrata. En todo caso, es necesario aclarar que en el caso de Celulosa Arauco y las centrales hidroeléctricas en la Patagonia no hay beneficio social involucrado más allá de que las empresas arropen con tales características sus negocios privados.

En los países angloparlantes existe una palabra para definir este tipo de conflictos. Se alude a los ciudadanos NIMBY, que viene de la frase inglesa “not in my backyard”. Es decir, “no en mi patio trasero”. En concreto, se llama NIMBY a quienes están de acuerdo con que se busque una solución pero siempre que ésta no que les afecte en forma directa.

Por cierto que cuando hablamos no ya sólo de obras físicas sino de recintos para reasentar a personas, el tema se vuelve más complejo. Ya no se refiere sólo a oponerse a instalaciones. Se agrega el riesgo real de estigmatizar a quienes serían reubicados en el lugar: reos, pacientes de enfermedades contagiosas, hombres y mujeres en proceso de rehabilitación por alcoholismo o drogadicción, personas en vulnerabilidad social, jóvenes con problemas conductuales.

Seguramente serán éstos los elementos que saldrán en el debate de los próximos días, si escala el conflicto. Por un lado, quienes defiendan el derecho de los habitantes de Villa Jara a no verse perjudicados por una decisión unilateral de un organismo del Estado para construir una cárcel en las cercanías de sus hogares. Por el otro, la crítica a quienes no quieren asumir el costo de una alternativa de solución para una necesidad comunitaria y que, más aún, actuarían en los hechos discriminando a los reos y sus familias.

Lo fácil será argumentar lo segundo. Aludir a una supuesta insensibilidad de los pobladores de Villa Jara, que –dirán los críticos- seguramente se preocupan por el bien común pero que a la hora de la verdad no quieren asumir los costos de las posibles soluciones.

Digo será el argumento más fácil, porque en el fondo lo que acá ocurre es que cuando el Estado (o sus órganos administrativos) toma decisiones de interés colectivo precisa hacer el trabajo completo. Con procesos participativos, abiertos y transparentes que den cuenta de todas las alternativas y variables que existen, y compartiendo y explicando a los posibles involucrados en la solución el por qué de éstas.

Luego de analizar todas las variables, transparentar los beneficios generales de las opciones y también las externalidades negativas a las que se puede exponer a una comunidad en particular. Y que el resultado pase por un análisis completo, no de imposición de facto.

Es éste el sentido de hacer política pública no sólo como una forma de administrar, sino con un sentido de sociedad. Y claro, probablemente no estamos tan acostumbrados a trabajar así, no sólo desde lo público sino incluso en las propias organizaciones de la sociedad civil y qué decir en las empresas. Pero es necesario el cambio, más aún entre quienes velan por el interés común. Es ésa la reforma profunda al Estado que se requiere, donde la participación ciudadana signifique mucho más que simplemente poner los nombres de los participantes en una reunión de la autoridad con la comunidad.
(fuente)