miércoles, 26 de diciembre de 2007
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Piden frenar la exportación de madera a Uruguay - 26/12/2007
Para que vean "nuestros hermanos" latinoamericanos, que solo confiamos en nosotros como pueblo y no delegamos totalmente el poder sin nuestra fiscalización.
Ultimátum a Cristina Kirchner por Botnia: si en 20 días no intercede, la denuncian por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los asambleístas entrerrianos enviaron una carta documento a la presidenta donde "intiman" y "exigen" la instrumentación de medidas para conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación.
Los asambleístas lanzaron un duro ultimátum a la presidenta Fernández: o intercede contra Botnia, o la denuncian por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los asambleístas lanzaron un duro ultimátum a la presidenta Fernández: o intercede contra Botnia, o la denuncian por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los asambleístas entrerrianos lanzaron un duro ultimátum de 20 días a la presidenta Cristina Fernández para que interceda en el conflicto con Uruguay por la instalación de Botín o será denunciada por "incumplimientos de los deberes de funcionario público".
Los vecinos enviaron hoy una carta documento dirigida a la mandataria y otros funcionarios de su gobierno con un urgente pedido de acción.
Según consta en el texto, piden "concretamente se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones, exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación".
La carta, dirigida Fernández de Kirchner, también fue dirigida a la ministra de Salud, Graciela Ocaña y la Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti.
La postura de los asambleístas es clara. "Consecuentemente con la posición asumida por el Estado Nacional, y a fin de prevenir o evitar los riesgos referidos, de conformidad a lo previsto en el art.41 de la Constitución Nacional, y tratados Internacionales en materia de transporte, exigimos e intimamos en el plazo de veinte días a que instrumente las medidas previstas en los arts. 608 y sgtes. y 631 de la ley 22.415, bajo apercibimiento de considerarle incurso en el incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Además, exigen " la prohibición de la exportación de madera, en rollizos o chips, que tenga como destino final plantas de producción de pasta de celulosa radicadas o a radicarse en el Uruguay".
Los entrerrianos también consideraron "ofensivo" que "en estos momentos se encuentran en circulación por nuestro territorio nacional, y por el Río Uruguay utilizando nuestras rutas y el río compartido gran cantidad de camiones y barcazas que transportan mercaderías y diversas sustancias, muchas de ellas tóxicas, que serán afectadas a la producción de Botnia.
A su vez, advirtieron que el paso de los materiales hacia Botnia "implica un serio riesgo para la salud de la población y para nuestros recursos naturales".
Y reiteraron que "la construcción y el funcionamiento de dicha planta, tal como ha sostenido la delegación argentina en la Corte Internacional de Justicia, generarán un perjuicio sensible".
Para que vean "nuestros hermanos" latinoamericanos, que solo confiamos en nosotros como pueblo y no delegamos totalmente el poder sin nuestra fiscalización.
Ultimátum a Cristina Kirchner por Botnia: si en 20 días no intercede, la denuncian por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los asambleístas entrerrianos enviaron una carta documento a la presidenta donde "intiman" y "exigen" la instrumentación de medidas para conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación.
Los asambleístas lanzaron un duro ultimátum a la presidenta Fernández: o intercede contra Botnia, o la denuncian por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los asambleístas lanzaron un duro ultimátum a la presidenta Fernández: o intercede contra Botnia, o la denuncian por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los asambleístas entrerrianos lanzaron un duro ultimátum de 20 días a la presidenta Cristina Fernández para que interceda en el conflicto con Uruguay por la instalación de Botín o será denunciada por "incumplimientos de los deberes de funcionario público".
Los vecinos enviaron hoy una carta documento dirigida a la mandataria y otros funcionarios de su gobierno con un urgente pedido de acción.
Según consta en el texto, piden "concretamente se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones, exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación".
La carta, dirigida Fernández de Kirchner, también fue dirigida a la ministra de Salud, Graciela Ocaña y la Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti.
La postura de los asambleístas es clara. "Consecuentemente con la posición asumida por el Estado Nacional, y a fin de prevenir o evitar los riesgos referidos, de conformidad a lo previsto en el art.41 de la Constitución Nacional, y tratados Internacionales en materia de transporte, exigimos e intimamos en el plazo de veinte días a que instrumente las medidas previstas en los arts. 608 y sgtes. y 631 de la ley 22.415, bajo apercibimiento de considerarle incurso en el incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Además, exigen " la prohibición de la exportación de madera, en rollizos o chips, que tenga como destino final plantas de producción de pasta de celulosa radicadas o a radicarse en el Uruguay".
Los entrerrianos también consideraron "ofensivo" que "en estos momentos se encuentran en circulación por nuestro territorio nacional, y por el Río Uruguay utilizando nuestras rutas y el río compartido gran cantidad de camiones y barcazas que transportan mercaderías y diversas sustancias, muchas de ellas tóxicas, que serán afectadas a la producción de Botnia.
A su vez, advirtieron que el paso de los materiales hacia Botnia "implica un serio riesgo para la salud de la población y para nuestros recursos naturales".
Y reiteraron que "la construcción y el funcionamiento de dicha planta, tal como ha sostenido la delegación argentina en la Corte Internacional de Justicia, generarán un perjuicio sensible".
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