miércoles, 11 de febrero de 2009
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Paren los desmontes y las inspecciones petroleras ! - 11/02/2009
Tartagal y el avance del ecocidio nacional
Argentina exhibe varios ecosistemas degradados por la acción directa o indirecta del hombre (ecocidio), frente a los cuales el Estado argentino no hace nada.
El origen del neologismo ecocidio viene de los tiempos de Vietnam. Describe el impacto nefasto sobre el ambiente de los agentes biológicos y químicos utilizados en esa guerra.
Así, el uso de desfoliantes como el "agente naranja", producido por la empresa Monsanto, destruyó bosques tropicales y contaminó los cursos de agua, causando daños irreversibles.
Idéntica agresión sufrió el ecosistema vietnamita a causa del uso de otra arma química como el napalm. Pero hay otra guerra sórdida, esta vez contra la propia naturaleza, emprendida por algunos modelos de producción.
Gualeguaychú pelea desde hace más de cinco años contra el modelo pastero, en defensa del ecosistema del Río Uruguay. En la convicción de que Botnia es incompatible con la salud del entorno natural en el cual se ha emplazado.
Teme con razón que los procesos químicos desatados en la zona, por ese enclave industrial multinacional, no son inocuos y de hecho producirán una degradación que equivaldrá a otro ecocidio.
La cuenca del Riachuelo es el exponente máximo de esta destrucción deliberada y casi obscena de un ecosistema emplazado en el corazón de la capital de la Argentina.
Es el símbolo de la corrupción ambiental del país, porque la podredumbre del Riachuelo refleja la corrupción de un Estado que, llamado a actuar para detener la degradación, sin embargo ha dejado hacer.
Ahora acaba de estallar otro de los graves problemas ambientales del país: la deforestación imparable, producto la expansión sin límites de la frontera agrícola (sojización), frente a lo cual el Estado revela, otra vez, una incuria rayana en la corrupción.
La última víctima ha sido Tartagal, a 3.500 kilómetros al norte de Salta capital, donde han muerto y desaparecido personas y cerca de 2.000 salteños fueron evacuados, a causa de un alud de agua y barro que se abatió sobre esa ciudad.
La inundación se originó a partir de las lluvias torrenciales que cayeron en el norte argentino en los últimos días. Pero la causa remota del fenómeno se explica, según coinciden los expertos, por la tala indiscriminada de árboles en la provincia.
Un acontecimiento parecido tuvo lugar en la zona en abril de 2006. Desde entonces hay consenso respecto de la relación causa y efecto entre la tala indiscriminada y el alud.
Pero el Estado, nacional y provincial, no ha hecho nada al respecto todo este tiempo. Con lo cual aparece como el responsable político de la nueva catástrofe, que no supo o no quiso prever.
El progresismo que hoy gobierna la Argentina muestra una actitud hipócrita frente al problema ambiental. Sobreactúa y se rasga las vestiduras frente a la depredación, pero la consiente en los hechos.
Ejemplo claro de este discurso doble estándar es el derrotero que ha tenido la famosa Ley de Bosques. Fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, pero todavía no fue reglamentada.
A nuestra progresía (ideología de burgueses con mala conciencia) tampoco parece importarle que los desastres ambientales afectan sobre todo a los sectores sociales más débiles.
En el caso de la deforestación en Salta, los más perjudicados por la destrucción de la biodiversidad son las comunidades campesinas, los wichis, cuyo habitat ancestral ha sido el bosque nativo.
Tartagal, en suma, es uno de los exponentes del ecocidio que avanza sobre el país, de norte a sur (aquí el veto a la Ley de Glaciares compromete una de las reservas mundiales de agua).
(fuente)
Tartagal y el avance del ecocidio nacional
Argentina exhibe varios ecosistemas degradados por la acción directa o indirecta del hombre (ecocidio), frente a los cuales el Estado argentino no hace nada.
El origen del neologismo ecocidio viene de los tiempos de Vietnam. Describe el impacto nefasto sobre el ambiente de los agentes biológicos y químicos utilizados en esa guerra.
Así, el uso de desfoliantes como el "agente naranja", producido por la empresa Monsanto, destruyó bosques tropicales y contaminó los cursos de agua, causando daños irreversibles.
Idéntica agresión sufrió el ecosistema vietnamita a causa del uso de otra arma química como el napalm. Pero hay otra guerra sórdida, esta vez contra la propia naturaleza, emprendida por algunos modelos de producción.
Gualeguaychú pelea desde hace más de cinco años contra el modelo pastero, en defensa del ecosistema del Río Uruguay. En la convicción de que Botnia es incompatible con la salud del entorno natural en el cual se ha emplazado.
Teme con razón que los procesos químicos desatados en la zona, por ese enclave industrial multinacional, no son inocuos y de hecho producirán una degradación que equivaldrá a otro ecocidio.
La cuenca del Riachuelo es el exponente máximo de esta destrucción deliberada y casi obscena de un ecosistema emplazado en el corazón de la capital de la Argentina.
Es el símbolo de la corrupción ambiental del país, porque la podredumbre del Riachuelo refleja la corrupción de un Estado que, llamado a actuar para detener la degradación, sin embargo ha dejado hacer.
Ahora acaba de estallar otro de los graves problemas ambientales del país: la deforestación imparable, producto la expansión sin límites de la frontera agrícola (sojización), frente a lo cual el Estado revela, otra vez, una incuria rayana en la corrupción.
La última víctima ha sido Tartagal, a 3.500 kilómetros al norte de Salta capital, donde han muerto y desaparecido personas y cerca de 2.000 salteños fueron evacuados, a causa de un alud de agua y barro que se abatió sobre esa ciudad.
La inundación se originó a partir de las lluvias torrenciales que cayeron en el norte argentino en los últimos días. Pero la causa remota del fenómeno se explica, según coinciden los expertos, por la tala indiscriminada de árboles en la provincia.
Un acontecimiento parecido tuvo lugar en la zona en abril de 2006. Desde entonces hay consenso respecto de la relación causa y efecto entre la tala indiscriminada y el alud.
Pero el Estado, nacional y provincial, no ha hecho nada al respecto todo este tiempo. Con lo cual aparece como el responsable político de la nueva catástrofe, que no supo o no quiso prever.
El progresismo que hoy gobierna la Argentina muestra una actitud hipócrita frente al problema ambiental. Sobreactúa y se rasga las vestiduras frente a la depredación, pero la consiente en los hechos.
Ejemplo claro de este discurso doble estándar es el derrotero que ha tenido la famosa Ley de Bosques. Fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, pero todavía no fue reglamentada.
A nuestra progresía (ideología de burgueses con mala conciencia) tampoco parece importarle que los desastres ambientales afectan sobre todo a los sectores sociales más débiles.
En el caso de la deforestación en Salta, los más perjudicados por la destrucción de la biodiversidad son las comunidades campesinas, los wichis, cuyo habitat ancestral ha sido el bosque nativo.
Tartagal, en suma, es uno de los exponentes del ecocidio que avanza sobre el país, de norte a sur (aquí el veto a la Ley de Glaciares compromete una de las reservas mundiales de agua).
(fuente)
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