jueves, 2 de octubre de 2008
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No necesitamos más retrógrados en la sociedad ! - 02/10/2008
Es increíble pero cierto y lamentable que todavía la sociedad deba soportar un daño tan grande como lo es el efecto de las religiones.
Para mí es clarísimo que las creencias prenden en personas que tienen problemas síquicos como son la depresión, dificultades sexuales, emocionales, inseguridades, falta de educación, y cuestiones semejantes.
Claro que para ellos debe haber asistencia médica y el Estado debería derivar los fondos destinados a la Iglesia hacia la educación y la salud mental.
Lo que no se puede permitir, ya que "ellos" van en contra de las leyes como lo son el aborto en ciertos casos, es que victimizen aún más a las víctimas y, como siempre, estorben el crecimiento social.
Todavía no saben que estamos en el siglo 21 !
Por suerte esta vez perdieron con su nefasto cometido y la jóven fue autorizada a abortar.
La noticia:
"Lo autorizó el tribunal de familia de Bahía Blanca
Abortó la joven discapacitada violada
G.N.R. fue abusada en una salida del Patronato de la Infancia, donde se encuentra internada. En el Hospital Penna estaban a punto de practicarle la interrupción del embarazo pero un magistrado la frenó. Un fallo de segunda instancia la avaló.
La chica de 18 años –conocida como G.N.R.– que fue violada y tiene un severo retraso mental pudo, finalmente, acceder a un aborto no punible en un hospital público. El Tribunal de Familia de Bahía Blanca –con el voto de Edgardo Manassero y Patricia Marenoni– autorizó al Hospital Interzonal José Penna a realizar la interrupción del embarazo y rechazó el polémico freno al aborto del juez de Familia Jorge Longás.
El martes, a las 9 de la mañana, la joven estaba preparada para entrar al quirófano. Le habían realizado análisis y ecografías. La habían acostado en una camilla. Sentía el goteo de un suero que anticipaba la anestesia y el sueño. Sabía que en una o dos horas no seguiría con un embarazo que llevaba en su cuerpo desde hacía nueve semanas después de una violación múltiple.
Pero, a las 11 –inesperadamente– los médicos tuvieron que volver a llevarla a su habitación para que esperara. El juez Longás había suspendido, por 24 horas, la realización del aborto, a pesar de que el artículo 86 del Código Penal establece que, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, no es punible. En la puerta del Hospital Penna un grupo de monjas pedía la suspensión del aborto que, para G.N.R, representa la ilusión de terminar con su última pesadilla.
G.N.R es un símbolo de una adolescentes alojada –por el Estado– para olvidarla, en vez de para ampararla. Ella tiene 18 años pero un desarrollo emocional de una nena de 10 y vive en el Patronato de la Infancia de Bahía Blanca. La joven fue violada –presuntamente por su hermano y otros dos hombres– durante una salida de fin de semana. Ella ya había contado que durante las visitas a su familia la manoseaban y, sin embargo, no fue escuchada ni protegida. El director del Patronato, Antonio López, y parte de su equipo técnico fueron despedidos después de la difusión de este caso.
Pero el desamparo de G.N.R. siguió. Hace tres semanas, la abogada María Fernanda Peterson, a cargo de la tutela de la joven, presentó una denuncia por violación y el pedido de interrupción del embarazo que finalmente se concretó ayer, tal como lo confirmó Petersen.
Aunque, en realidad, hay antecedentes que tendrían que haber permitido que G.N.R no entrara en el enredo mediático y judicial. El 31 de julio de 2006, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires autorizó la interrupción del embarazo de una adolescente –conocida como L.M.R, de 19 años, pero con una edad mental de una nena de ocho– violada y discapacitada. En la sentencia, la Corte bonaerense dictaminó: “La aplicación del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, no requiere de autorización judicial” y “no corresponde expedir un mandato de prohibición a la práctica de interrupción del embarazo sobre la joven L.M.R”.
En ese fallo, la jueza Hilda Kogan, remarcó: “Nos encontramos nuevamente resolviendo un caso que nunca debió llegar a estas instancias. Cuando hay un ejercicio responsable de los derechos, la intervención indebida de los jueces no hace más que alentar la idea equivocada de que los agentes públicos tienen la potestad de tutelar las conciencias y las conductas privadas”. Después de ese caso testigo, el Ministerio de Salud bonaerense generó una norma de procedimientos que en el Hospital Penna estaban dispuestos a cumplir, hasta que llegó la marcha religiosa y el freno judicial.
Emma Villa, la canciller del Arzobispado de Bahía Blanca, cree que no alcanza con que el aborto de G.N.R sea legal para que ella tenga derecho a realizarlo. “Si la ley no responde al bien común es una ley inicua, dice santo Tomás; por lo tanto, el pueblo puede resistirse. El aborto es la matanza de un inocente. ¿Por qué no lo tiene y lo da en adopción? ¿Sabés los cientos de familias que están en lista de espera para adoptar a un chico?”, pregunta.
La psicoanalista Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito replica: “La oferta de adopción es una respuesta a las críticas que se hacen a la irresponsabilidad de la Iglesia de promover nacimientos destinados al abandono y el desamparo. O a la venta de bebés, tan frecuente en las instituciones de internación, y tan lucrativas. Evidentemente, nos tratan de convencer de que las violaciones de algunas hacen la felicidad de otros y que todo se compensa en este mundo, alabemos al Señor”. Y remarca: “Estos grupos se apoderan del embrión elevándolo a la categoría de niño, que aún no tiene, a expensas de la niña discapacitada a la que no toman en consideración, ni como violada, ni como gestante incapaz de hacerse cargo de la crianza. Seguro que no pagarían lo mismo por un huevo que por un pollo y que cuando van a un restaurante tienen bien claro que un omelette no es una gallina. Pero ignoran a la chica y su experiencia de haber sido cosificada por las violaciones y abusos”.
Debate en la Legislatura porteña
“El caso de Bahía Blanca demuestra que se buscan estrategias para no cumplir con los derechos de las mujeres inspirados en aspectos confesionales que no pueden ser de obligación universal y que están bien para el que tiene la religión, pero no para todo el mundo”, explica la filósofa y legisladora porteña Diana Maffía. Ella es autora de uno de los cuatro proyectos de ley propuestos para normativizar los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires.
Si los casos de abortos legales ya están contemplados en el Código Penal, ¿por qué es necesario legislar nuevamente? “Hay que hacer operativa la ley y establecer una norma de procedimiento para la atención de abortos no punibles”, explica Maffía. El viernes 3 de octubre se abre en la Legislatura un debate público –que puede presenciar cualquier ciudadano– con la participación de expertos que se realizará cada quince días. Entre los invitados a estas reuniones públicas, estarán la médica Mariana Romero, la especialista en bioética Florencia Luna y el ex ministro de Salud Ginés González García".
(fuente)
Por suerte y por la lucha, los retrógrados no lograron su criminal cometido !
DISCAPACIDAD VIOLADA PUDO ABORTAR
Un día de justicia en Bahía Blanca
Un juez cercano a la Iglesia Católica había frenado el aborto en un caso previsto por la ley. Recibió severas críticas y también el fallo de un tribunal que revocó esa medida. En el hospital pudieron finalmente interrumpir el embarazo.
En el Hospital Penna, de Bahía Blanca, se concretó anoche el aborto no punible a la adolescente con discapacidad mental que había sido violada presuntamente en el seno de su familia y que vivía en el Patronato de la Infancia de esa ciudad. La interrupción del embarazo se realizó después de que el Tribunal de Familia de Bahía Blanca revocara por la tarde la medida cautelar que había suspendido la práctica médica. El caso se resolvió de forma muy distinta al que días atrás conmovió a la provincia de Mendoza. En esta ocasión, los médicos que atendieron a G.N.R. nunca exigieron una autorización judicial y actuaron de acuerdo con las indicaciones del Protocolo de Atención del Aborto No Punible dictado por una resolución ministerial vigente en la provincia de Buenos Aires.
La notificación judicial que allanó el camino al aborto no punible contemplado en el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal llegó al hospital alrededor de las 16 de ayer. Por dos votos contra uno, se levantó la suspensión de la práctica médica ordenada el lunes y por 48 horas por el juez Jorge Eduardo Longás. El magistrado es conocido por su ferviente devoción religiosa. Sus colegas Manassero y Patricia Marenoni se pronunciaron en contra de la maniobra que intentó montar para frenar el aborto. Los tres magistrados integran el Tribunal Colegiado de Instancia Unica de Familia de Bahía Blanca.
Por la mañana, el médico Alberto Taranto, director del hospital donde fue atendida la chica, reveló a este diario que él y otros médicos recibieron en las últimas horas panfletos anónimos que los señalaban como “asesinos”. “Eso no nos afecta, porque somos funcionarios públicos que tenemos que cumplir con la ley. Pero hay otros que la quieren violar”, agregó en alusión al juez Longás.
G.N.R., la jovencita que esperaba el aborto no punible, tiene 18 años, pero una edad mental de entre 8 y 9 años, según informó Taranto. Tal como viene reseñando este diario, fue violada en una visita a su familia. Vivía en el Patronato de la Infancia, una ONG centenaria de Bahía Blanca, donde estaba internada por orden judicial. Su tutora, la abogada María Fernanda Petersen, que a la vez es secretaria de la entidad, pidió la interrupción de la gestación el viernes. El embarazo llevaba unas 10 semanas.
Taranto destacó ante PáginaI12 que siguieron los pasos indicados en el Protocolo de Atención del Aborto No Punible, vigente en la provincia de Buenos Aires por una resolución ministerial. Es decir, se convocó a una comisión interdisciplinaria –que no incluyó objetores de conciencia– para que evaluara si encuadraba en las excepciones contempladas en el Código Penal. El cuerpo acordó la realización del aborto no punible y la adolescente fue internada el lunes.
La maniobra legal de Longás, con la que pretendió trabar la concreción del aborto no punible, como días atrás lo hizo su colega de Mendoza Germán Ferrer, recibió duras críticas. El magistrado de Bahía Blanca había hecho lugar a un recurso de amparo que habría presentado un matrimonio –al parecer ligado a una institución religiosa– alegando que quería adoptar a la criatura en gestación. “No hay por qué judicializar este aborto. Lo único que se va a lograr es aumentar los riesgos para la salud de la chica”, advirtió por la mañana Taranto, indignado por la intervención del juez. No fue el único que cuestionó la actuación del magistrado. La defensora general de Bahía Blanca, Graciela Cortázar, pidió que “se aparte del caso” porque “no tiene ninguna competencia funcional” para actuar. “Debe decidirse si es juez de los religiosos o de la Nación. Si es juez de la Nación debe aplicar las leyes de la Nación. Y en este caso el aborto es legal porque está contemplado en la ley. No tendría que haber intervenido”, dijo el especialista en Derecho de Familia de Bahía Blanca Osvaldo Ortemberg.
El director ejecutivo del Penna apuntó que en otras ocasiones “hemos resuelto sin inconvenientes situaciones semejantes”, por lo que lamentó que “este caso se judicializara, cuando para nosotros no debería haber llegado a esa instancia”. Tras la venia del Tribunal de Familia, el aborto no punible finalmente pudo realizarse.
(fuente)
Es increíble pero cierto y lamentable que todavía la sociedad deba soportar un daño tan grande como lo es el efecto de las religiones.
Para mí es clarísimo que las creencias prenden en personas que tienen problemas síquicos como son la depresión, dificultades sexuales, emocionales, inseguridades, falta de educación, y cuestiones semejantes.
Claro que para ellos debe haber asistencia médica y el Estado debería derivar los fondos destinados a la Iglesia hacia la educación y la salud mental.
Lo que no se puede permitir, ya que "ellos" van en contra de las leyes como lo son el aborto en ciertos casos, es que victimizen aún más a las víctimas y, como siempre, estorben el crecimiento social.
Todavía no saben que estamos en el siglo 21 !
Por suerte esta vez perdieron con su nefasto cometido y la jóven fue autorizada a abortar.
La noticia:
"Lo autorizó el tribunal de familia de Bahía Blanca
Abortó la joven discapacitada violada
G.N.R. fue abusada en una salida del Patronato de la Infancia, donde se encuentra internada. En el Hospital Penna estaban a punto de practicarle la interrupción del embarazo pero un magistrado la frenó. Un fallo de segunda instancia la avaló.
Coro nefasto. Laicas y religiosas cantaron en contra del aborto, en el Hospital Penna, mientras G.N.R. esperaba la orden del juez.
La chica de 18 años –conocida como G.N.R.– que fue violada y tiene un severo retraso mental pudo, finalmente, acceder a un aborto no punible en un hospital público. El Tribunal de Familia de Bahía Blanca –con el voto de Edgardo Manassero y Patricia Marenoni– autorizó al Hospital Interzonal José Penna a realizar la interrupción del embarazo y rechazó el polémico freno al aborto del juez de Familia Jorge Longás.
El martes, a las 9 de la mañana, la joven estaba preparada para entrar al quirófano. Le habían realizado análisis y ecografías. La habían acostado en una camilla. Sentía el goteo de un suero que anticipaba la anestesia y el sueño. Sabía que en una o dos horas no seguiría con un embarazo que llevaba en su cuerpo desde hacía nueve semanas después de una violación múltiple.
Pero, a las 11 –inesperadamente– los médicos tuvieron que volver a llevarla a su habitación para que esperara. El juez Longás había suspendido, por 24 horas, la realización del aborto, a pesar de que el artículo 86 del Código Penal establece que, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, no es punible. En la puerta del Hospital Penna un grupo de monjas pedía la suspensión del aborto que, para G.N.R, representa la ilusión de terminar con su última pesadilla.
G.N.R es un símbolo de una adolescentes alojada –por el Estado– para olvidarla, en vez de para ampararla. Ella tiene 18 años pero un desarrollo emocional de una nena de 10 y vive en el Patronato de la Infancia de Bahía Blanca. La joven fue violada –presuntamente por su hermano y otros dos hombres– durante una salida de fin de semana. Ella ya había contado que durante las visitas a su familia la manoseaban y, sin embargo, no fue escuchada ni protegida. El director del Patronato, Antonio López, y parte de su equipo técnico fueron despedidos después de la difusión de este caso.
Pero el desamparo de G.N.R. siguió. Hace tres semanas, la abogada María Fernanda Peterson, a cargo de la tutela de la joven, presentó una denuncia por violación y el pedido de interrupción del embarazo que finalmente se concretó ayer, tal como lo confirmó Petersen.
Aunque, en realidad, hay antecedentes que tendrían que haber permitido que G.N.R no entrara en el enredo mediático y judicial. El 31 de julio de 2006, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires autorizó la interrupción del embarazo de una adolescente –conocida como L.M.R, de 19 años, pero con una edad mental de una nena de ocho– violada y discapacitada. En la sentencia, la Corte bonaerense dictaminó: “La aplicación del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, no requiere de autorización judicial” y “no corresponde expedir un mandato de prohibición a la práctica de interrupción del embarazo sobre la joven L.M.R”.
En ese fallo, la jueza Hilda Kogan, remarcó: “Nos encontramos nuevamente resolviendo un caso que nunca debió llegar a estas instancias. Cuando hay un ejercicio responsable de los derechos, la intervención indebida de los jueces no hace más que alentar la idea equivocada de que los agentes públicos tienen la potestad de tutelar las conciencias y las conductas privadas”. Después de ese caso testigo, el Ministerio de Salud bonaerense generó una norma de procedimientos que en el Hospital Penna estaban dispuestos a cumplir, hasta que llegó la marcha religiosa y el freno judicial.
Emma Villa, la canciller del Arzobispado de Bahía Blanca, cree que no alcanza con que el aborto de G.N.R sea legal para que ella tenga derecho a realizarlo. “Si la ley no responde al bien común es una ley inicua, dice santo Tomás; por lo tanto, el pueblo puede resistirse. El aborto es la matanza de un inocente. ¿Por qué no lo tiene y lo da en adopción? ¿Sabés los cientos de familias que están en lista de espera para adoptar a un chico?”, pregunta.
La psicoanalista Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito replica: “La oferta de adopción es una respuesta a las críticas que se hacen a la irresponsabilidad de la Iglesia de promover nacimientos destinados al abandono y el desamparo. O a la venta de bebés, tan frecuente en las instituciones de internación, y tan lucrativas. Evidentemente, nos tratan de convencer de que las violaciones de algunas hacen la felicidad de otros y que todo se compensa en este mundo, alabemos al Señor”. Y remarca: “Estos grupos se apoderan del embrión elevándolo a la categoría de niño, que aún no tiene, a expensas de la niña discapacitada a la que no toman en consideración, ni como violada, ni como gestante incapaz de hacerse cargo de la crianza. Seguro que no pagarían lo mismo por un huevo que por un pollo y que cuando van a un restaurante tienen bien claro que un omelette no es una gallina. Pero ignoran a la chica y su experiencia de haber sido cosificada por las violaciones y abusos”.
Debate en la Legislatura porteña
“El caso de Bahía Blanca demuestra que se buscan estrategias para no cumplir con los derechos de las mujeres inspirados en aspectos confesionales que no pueden ser de obligación universal y que están bien para el que tiene la religión, pero no para todo el mundo”, explica la filósofa y legisladora porteña Diana Maffía. Ella es autora de uno de los cuatro proyectos de ley propuestos para normativizar los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires.
Si los casos de abortos legales ya están contemplados en el Código Penal, ¿por qué es necesario legislar nuevamente? “Hay que hacer operativa la ley y establecer una norma de procedimiento para la atención de abortos no punibles”, explica Maffía. El viernes 3 de octubre se abre en la Legislatura un debate público –que puede presenciar cualquier ciudadano– con la participación de expertos que se realizará cada quince días. Entre los invitados a estas reuniones públicas, estarán la médica Mariana Romero, la especialista en bioética Florencia Luna y el ex ministro de Salud Ginés González García".
(fuente)
Por suerte y por la lucha, los retrógrados no lograron su criminal cometido !
DISCAPACIDAD VIOLADA PUDO ABORTAR
Un día de justicia en Bahía Blanca
Un juez cercano a la Iglesia Católica había frenado el aborto en un caso previsto por la ley. Recibió severas críticas y también el fallo de un tribunal que revocó esa medida. En el hospital pudieron finalmente interrumpir el embarazo.
En el Hospital Penna, de Bahía Blanca, se concretó anoche el aborto no punible a la adolescente con discapacidad mental que había sido violada presuntamente en el seno de su familia y que vivía en el Patronato de la Infancia de esa ciudad. La interrupción del embarazo se realizó después de que el Tribunal de Familia de Bahía Blanca revocara por la tarde la medida cautelar que había suspendido la práctica médica. El caso se resolvió de forma muy distinta al que días atrás conmovió a la provincia de Mendoza. En esta ocasión, los médicos que atendieron a G.N.R. nunca exigieron una autorización judicial y actuaron de acuerdo con las indicaciones del Protocolo de Atención del Aborto No Punible dictado por una resolución ministerial vigente en la provincia de Buenos Aires.
La notificación judicial que allanó el camino al aborto no punible contemplado en el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal llegó al hospital alrededor de las 16 de ayer. Por dos votos contra uno, se levantó la suspensión de la práctica médica ordenada el lunes y por 48 horas por el juez Jorge Eduardo Longás. El magistrado es conocido por su ferviente devoción religiosa. Sus colegas Manassero y Patricia Marenoni se pronunciaron en contra de la maniobra que intentó montar para frenar el aborto. Los tres magistrados integran el Tribunal Colegiado de Instancia Unica de Familia de Bahía Blanca.
Por la mañana, el médico Alberto Taranto, director del hospital donde fue atendida la chica, reveló a este diario que él y otros médicos recibieron en las últimas horas panfletos anónimos que los señalaban como “asesinos”. “Eso no nos afecta, porque somos funcionarios públicos que tenemos que cumplir con la ley. Pero hay otros que la quieren violar”, agregó en alusión al juez Longás.
G.N.R., la jovencita que esperaba el aborto no punible, tiene 18 años, pero una edad mental de entre 8 y 9 años, según informó Taranto. Tal como viene reseñando este diario, fue violada en una visita a su familia. Vivía en el Patronato de la Infancia, una ONG centenaria de Bahía Blanca, donde estaba internada por orden judicial. Su tutora, la abogada María Fernanda Petersen, que a la vez es secretaria de la entidad, pidió la interrupción de la gestación el viernes. El embarazo llevaba unas 10 semanas.
Taranto destacó ante PáginaI12 que siguieron los pasos indicados en el Protocolo de Atención del Aborto No Punible, vigente en la provincia de Buenos Aires por una resolución ministerial. Es decir, se convocó a una comisión interdisciplinaria –que no incluyó objetores de conciencia– para que evaluara si encuadraba en las excepciones contempladas en el Código Penal. El cuerpo acordó la realización del aborto no punible y la adolescente fue internada el lunes.
La maniobra legal de Longás, con la que pretendió trabar la concreción del aborto no punible, como días atrás lo hizo su colega de Mendoza Germán Ferrer, recibió duras críticas. El magistrado de Bahía Blanca había hecho lugar a un recurso de amparo que habría presentado un matrimonio –al parecer ligado a una institución religiosa– alegando que quería adoptar a la criatura en gestación. “No hay por qué judicializar este aborto. Lo único que se va a lograr es aumentar los riesgos para la salud de la chica”, advirtió por la mañana Taranto, indignado por la intervención del juez. No fue el único que cuestionó la actuación del magistrado. La defensora general de Bahía Blanca, Graciela Cortázar, pidió que “se aparte del caso” porque “no tiene ninguna competencia funcional” para actuar. “Debe decidirse si es juez de los religiosos o de la Nación. Si es juez de la Nación debe aplicar las leyes de la Nación. Y en este caso el aborto es legal porque está contemplado en la ley. No tendría que haber intervenido”, dijo el especialista en Derecho de Familia de Bahía Blanca Osvaldo Ortemberg.
El director ejecutivo del Penna apuntó que en otras ocasiones “hemos resuelto sin inconvenientes situaciones semejantes”, por lo que lamentó que “este caso se judicializara, cuando para nosotros no debería haber llegado a esa instancia”. Tras la venia del Tribunal de Familia, el aborto no punible finalmente pudo realizarse.
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