lunes, 2 de marzo de 2009
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Ah... se acordaron que era inconstitucional ! - 02/03/2009
Un video comentado de "Elartiguista2"
El legislativo respondió de esta manera a una consulta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un fallo que coincide con la posición de inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo.
Sólo los legisladores de la coalición de izquierda gobernante, el Frente Amplio (FA), apoyaron la inconstitucionalidad (69 en 71 presentes) mientras la mayoría de la oposición se ausentó al considerar improcedente el debate.
Esta supuesta "improcedencia" del debate argumentado por la oposición resulta poco menos que insólito, ya que se estaba sesionando ante una solicitud de pronunciamiento efectuada por la Suprema Corte de Justicia.
Es bueno que la Asamblea General conteste independientemente si quien determina la constitucionalidad o no de las leyes para cada caso es la SCJ , destacó el senador oficialista Rafael Michelini, vocero de la bancada.
La sesión, de la que se ausentó una buena parte de la principal fuerza de la oposición, el Partido Nacional (PN), se desarrolló durante unas seis horas y tuvo momentos de ásperos debates.
La inconstitucionalidad de la norma se estableció para el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, fallecida en 1974 en una sesión de tortura en un establecimiento militar.
Los legisladores oficialistas entienden, al igual que el Ejecutivo, que existen artículos de la mal llamada ley de caducidad que son inconstitucionales.
La polémica norma, aprobada en 1986 y ratificada en un referendo en 1989, eximió de responsabilidad penal a los militares y policías que intervinieron en la represión del periodo dictatorial, con relación a los crímenes cometidos durante la Dictadura que asoló Uruguay durante 12 años..
Aquellos que impulsan la inconstitucionalidad de la Ley de Impunidad afirman con evidente razón que ésta vulnera la división de poderes del Estado y el precepto de que todas las personas son iguales ante la ley.
En caso que la SCJ exceptúe de la aplicación de la norma al caso de Sabalsagaray, se podría abrir paso al enjuiciamiento de más ex uniformados responsables de otros crímenes.
Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se establecieron algunas excepciones a esta Ley lo que habilitó el envío a prisión de más de una docena de ex represores.
En determinado momento se generó un debate entre el Diputado García Pintos del Partido Colorado, militante de derecha en la época de los sesenta, y acompañante de los nefastos regimenes autoritarios de Pacheco Areco primero, y de la Dictadura iniciada por Bordaberry. Intentó apelar a la consabida teoría de los "dos demonios", cuestionando a la Ley de Amnistía, que fue una minima reparación a las persecuciones y crimenes dictatoriales, argumentando que los crimenes del Estado tenían la misma categoría que los de la guerrilla, lo cual mereció la respuesta del Senador por el MPP, Eleuterio Fernandez Huidobro, quien le retrucó que en su caso y en el de los militantes tupamaros encarcelados en su momento, cumplieron con creces condenas y vejaciones, por 12 y más años, por lo cual no habían sido beneficiados por ninguna Ley de Amnistía...
(fuente)
Un video comentado de "Elartiguista2"
Ley de Impunidad es inconstitucional
La Asamblea General del Parlamento uruguayo declaró este miércoles que es inconstitucional la Ley de Impunidad (mal llamada Ley de Caducidad) que ampara a los militares represores de la dictadura (1973-1985) para el caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.El legislativo respondió de esta manera a una consulta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un fallo que coincide con la posición de inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo.
Sólo los legisladores de la coalición de izquierda gobernante, el Frente Amplio (FA), apoyaron la inconstitucionalidad (69 en 71 presentes) mientras la mayoría de la oposición se ausentó al considerar improcedente el debate.
Esta supuesta "improcedencia" del debate argumentado por la oposición resulta poco menos que insólito, ya que se estaba sesionando ante una solicitud de pronunciamiento efectuada por la Suprema Corte de Justicia.
Es bueno que la Asamblea General conteste independientemente si quien determina la constitucionalidad o no de las leyes para cada caso es la SCJ , destacó el senador oficialista Rafael Michelini, vocero de la bancada.
La sesión, de la que se ausentó una buena parte de la principal fuerza de la oposición, el Partido Nacional (PN), se desarrolló durante unas seis horas y tuvo momentos de ásperos debates.
La inconstitucionalidad de la norma se estableció para el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, fallecida en 1974 en una sesión de tortura en un establecimiento militar.
Los legisladores oficialistas entienden, al igual que el Ejecutivo, que existen artículos de la mal llamada ley de caducidad que son inconstitucionales.
La polémica norma, aprobada en 1986 y ratificada en un referendo en 1989, eximió de responsabilidad penal a los militares y policías que intervinieron en la represión del periodo dictatorial, con relación a los crímenes cometidos durante la Dictadura que asoló Uruguay durante 12 años..
Aquellos que impulsan la inconstitucionalidad de la Ley de Impunidad afirman con evidente razón que ésta vulnera la división de poderes del Estado y el precepto de que todas las personas son iguales ante la ley.
En caso que la SCJ exceptúe de la aplicación de la norma al caso de Sabalsagaray, se podría abrir paso al enjuiciamiento de más ex uniformados responsables de otros crímenes.
Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se establecieron algunas excepciones a esta Ley lo que habilitó el envío a prisión de más de una docena de ex represores.
En determinado momento se generó un debate entre el Diputado García Pintos del Partido Colorado, militante de derecha en la época de los sesenta, y acompañante de los nefastos regimenes autoritarios de Pacheco Areco primero, y de la Dictadura iniciada por Bordaberry. Intentó apelar a la consabida teoría de los "dos demonios", cuestionando a la Ley de Amnistía, que fue una minima reparación a las persecuciones y crimenes dictatoriales, argumentando que los crimenes del Estado tenían la misma categoría que los de la guerrilla, lo cual mereció la respuesta del Senador por el MPP, Eleuterio Fernandez Huidobro, quien le retrucó que en su caso y en el de los militantes tupamaros encarcelados en su momento, cumplieron con creces condenas y vejaciones, por 12 y más años, por lo cual no habían sido beneficiados por ninguna Ley de Amnistía...
(fuente)
1 comentarios:
atrasados los muchachos, al fin se animan a insinuar algo
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