jueves, 26 de marzo de 2009
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Qué cipayos ! - 26/03/2009
No se trataba de una sospecha. Para nosotros no había duda alguna. La empresa operó coercitivamente en el gobierno local buscando la aprobación del informe de impacto ambiental; requisito que le falta para comenzar la explotación sistemática de Agua Rica.
Hace unos días (22 y 23 de marzo 2009) una sucesión de noticias originadas en el diario El Ancasti, anunciaban el retiro definitivo de la empresa del proyecto Agua Rica y que concentraría su política minera en yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. La noticia la ratificaba enviando 50 telegramas de despido que empujaron a obreros y familiares damnificados a reclamarle al gobierno de Catamarca la aprobación del informe de impacto ambiental. El escándalo duró poco. El gobierno catamarqueño aprobó el proyecto cuarenta y ocho horas después, tal como le habíamos adelantado al pueblo auto-convocado en asambleas para impedir la explotación, porque el caso era una copia calcada de los movimientos de Barrick Gold en La Rioja.
El escueto comunicado de la Secretaría de Minería de Catamarca sacudió el corazón de miles de luchadores que intentan impedir mayor despojo y contaminación de sus comunidades. El informe de impacto ambiental (IIA) presentado por la empresa Agua Rica para la explotación de los yacimientos mineros de cobre, molibdeno y oro en el departamento de Andalgalá, ya fue aprobado y de ese modo el gobierno local consideró que los impedimentos que hubiere –que son muchos y notorios- se desestimaran.
El proyecto anuncia una inversión de 3.000 millones de dólares, una vida útil de 23 años, con reservas minerales de unos 731 millones de toneladas de cobre, para las arcas transnacionales. El impacto ambiental será tres veces mayor al de La Alumbrera y esto no significa riesgo de opinión ni premonición alguna de nuestra parte: en ningún momento el IIA de Agua Rica pudo corregir el diseño de un proyecto minero contiguo al de La Alumbrera.
La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) le servirá a la empresa para buscar fuentes de financiamiento, tarea con la que chocaba.
El trabajo e intercambio que hicimos con el ingeniero de minas Hugo González se aprecia en la evaluación técnica del informe de Agua Rica hecho de manera independiente por un equipo de profesionales que ha recomendado no autorizar el proyecto de explotación.
Tanto la minera como el gobierno han hecho caso omiso de opiniones independientes y de audiencias públicas orquestadas o nunca realizadas.
Autorizar Agua Rica significa aprobar un nuevo escenario de contiendas y enfrentamientos entre pueblos y cipayos. Tal el futuro que se abre. Para la minera en cambio, el anuncio ha disparado sus acciones bursátiles lo que le permitirá contar con utilidades suficientes para concluir la infraestructura y explotar los yacimientos por un cuarto de siglo. Tampoco ignora que se avecinan bloqueos de caminos y que deberá convivir sin la necesaria licencia social. Sabemos por informes de funcionarios que nos piden reserva que los estudios de factibilidad presentados no permiten la explotación y que el proyecto de Agua Rica se aprobó por las presiones corporativas del sector y del gobierno nacional.
*Por Javier Rodríguez Pardo -Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA) Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
(fuente)
El proyecto de Agua Rica se aprobó por presiones corporativas
En octubre de 2008, los diarios catamarqueños y del noroeste argentino informaban que “Minera Agua Rica amenazaba con irse pero que en realidad la cosa olía a presión para que se le apruebe el proyecto de impacto ambiental.” ¿Qué había ocurrido? Que debido a grupos de ciudadanos autoconvocados, el anuncio de eventuales retenciones unilaterales del gobierno y las fluctuaciones desfavorables de los mercados internacionales, le servían de excusa a la transnacional Yamana Canada para “abandonar la actividad industrial minera” en Andalgalá, ciudad que “no le ofrecía seguridad en infraestructura y le retaceaba además la licencia social para operar.”
Canceló contratos laborales, adelantó vacaciones, anunció despidos y canceló compras, pero al mismo tiempo Agua Rica seguía contratando técnicos “especializados” para las labores mineras en Andalgalá.
No se trataba de una sospecha. Para nosotros no había duda alguna. La empresa operó coercitivamente en el gobierno local buscando la aprobación del informe de impacto ambiental; requisito que le falta para comenzar la explotación sistemática de Agua Rica.
Hace unos días (22 y 23 de marzo 2009) una sucesión de noticias originadas en el diario El Ancasti, anunciaban el retiro definitivo de la empresa del proyecto Agua Rica y que concentraría su política minera en yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. La noticia la ratificaba enviando 50 telegramas de despido que empujaron a obreros y familiares damnificados a reclamarle al gobierno de Catamarca la aprobación del informe de impacto ambiental. El escándalo duró poco. El gobierno catamarqueño aprobó el proyecto cuarenta y ocho horas después, tal como le habíamos adelantado al pueblo auto-convocado en asambleas para impedir la explotación, porque el caso era una copia calcada de los movimientos de Barrick Gold en La Rioja.
El escueto comunicado de la Secretaría de Minería de Catamarca sacudió el corazón de miles de luchadores que intentan impedir mayor despojo y contaminación de sus comunidades. El informe de impacto ambiental (IIA) presentado por la empresa Agua Rica para la explotación de los yacimientos mineros de cobre, molibdeno y oro en el departamento de Andalgalá, ya fue aprobado y de ese modo el gobierno local consideró que los impedimentos que hubiere –que son muchos y notorios- se desestimaran.
El proyecto anuncia una inversión de 3.000 millones de dólares, una vida útil de 23 años, con reservas minerales de unos 731 millones de toneladas de cobre, para las arcas transnacionales. El impacto ambiental será tres veces mayor al de La Alumbrera y esto no significa riesgo de opinión ni premonición alguna de nuestra parte: en ningún momento el IIA de Agua Rica pudo corregir el diseño de un proyecto minero contiguo al de La Alumbrera.
La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) le servirá a la empresa para buscar fuentes de financiamiento, tarea con la que chocaba.
El trabajo e intercambio que hicimos con el ingeniero de minas Hugo González se aprecia en la evaluación técnica del informe de Agua Rica hecho de manera independiente por un equipo de profesionales que ha recomendado no autorizar el proyecto de explotación.
Tanto la minera como el gobierno han hecho caso omiso de opiniones independientes y de audiencias públicas orquestadas o nunca realizadas.
Autorizar Agua Rica significa aprobar un nuevo escenario de contiendas y enfrentamientos entre pueblos y cipayos. Tal el futuro que se abre. Para la minera en cambio, el anuncio ha disparado sus acciones bursátiles lo que le permitirá contar con utilidades suficientes para concluir la infraestructura y explotar los yacimientos por un cuarto de siglo. Tampoco ignora que se avecinan bloqueos de caminos y que deberá convivir sin la necesaria licencia social. Sabemos por informes de funcionarios que nos piden reserva que los estudios de factibilidad presentados no permiten la explotación y que el proyecto de Agua Rica se aprobó por las presiones corporativas del sector y del gobierno nacional.
*Por Javier Rodríguez Pardo -Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA) Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
(fuente)
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