martes, 19 de febrero de 2008
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El caso de la explosión en Río Tercero, sin culpables - 19/02/2008
Un juez cordobés sobreseyó a los seis acusados de la voladura de la fábrica militar, aunque todo apunta a que fue un atentado para disimular un faltante de armas exportadas ilegalmente a Croacia.
La fábrica militar de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995 y causó siete muertes.
Pruebas, pericias, testimonios, indicios. Todo apunta a que la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida hace once años, fue un acto intencional para disimular un faltante de proyectiles y cañones del Ejército que habían sido ilegalmente exportados a Croacia.
Sin embargo, el conjuez de Río Cuarto Diego Estévez decidió sobreseer a los seis militares que estaban acusados de la voladura. El fallo invalida los estudios y declaraciones que resultaron clave en la investigación y vuelve a la teoría de que fue un accidente. El fiscal Carlos Stornelli y la querellante Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, apelarán la medida.
La planta de carga de la fábrica de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995. Allí murieron siete personas, más de 300 sufrieron heridas y quedó destruida parte de la ciudad. El primer juez local que tuvo la causa, Luis Martínez, la caratuló como “estrago culposo”: consideró que no fue un episodio planificado sino producto de fallas en la seguridad. Pero en el juicio oral, el Tribunal Federal Nº 2 de Córdoba advirtió que había elementos fuertes que obligaban a profundizar la hipótesis de que hubo un atentado para ocultar la falta de armamento. La nueva pesquisa quedó en manos de Estévez, un abogado nombrado juez subrogante.
El sobreseimiento dictado por Estévez beneficia a seis ex directivos de Fabricaciones Militares y de la fábrica de Río Tercero: Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva. El fiscal federal Stornelli había pedido el procesamiento de los cuatro primeros por “estrago doloso” después de indagarlos en mayo. Los consideró partícipes necesarios de la voladura que, está convencido, fue provocada para borrar los rastros de la venta ilegal de armamento. De la fábrica militar, según la investigación, no sólo salieron armas para el contrabando, sino que allí les borraban los números de serie y toda identificación del Ejército.
La causa sobre el contrabando propiamente dicho está en manos del juez subrogante en el fuero Penal Económico Rafael Caputo y hay catorce procesados camino a juicio oral –todavía sin fecha–, entre ellos Franke, Cornejo Torino, González de la Vega, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y el ex cuñado de Carlos Menem Emir Yoma.
El fallo de Estévez, que deja el caso sin culpables, cuestiona la validez de la pericia química que se hizo en 2003, durante la etapa de juicio oral, que reveló que la explosión no fue accidental. En aquel análisis habían participado la Universidad Nacional de Córdoba, la Católica y la Tecnológica. Para el juez, ese informe consistió en “simples opiniones de imposible verificación”. La resolución también cuestiona la pericia contable de 1997, que determinó que faltaban más de veinte mil proyectiles.
“Es un fallo hecho al revés”, se quejó Ana Gritti. “El juez ha justificado lo injustificable: que se haya alterado el lugar del hecho borrando pruebas”, señaló. Su abogado, Horacio Viqueira añadió: “Estoy indignado, esta decisión intenta poner fin a la investigación judicial al desvirtuar dictámenes periciales y testimonios fundamentales”.
El fallo de Estévez desacredita testimonios que fueron valiosos para la fiscalía. Uno es el de Jacqueline Fernández de Pino, una vecina de la fábrica que en las noches previas a la explosión escuchó movimientos para nada usuales de camiones y descargas de tambores en horas de la noche. También descalificó el relato de Sergio Montgaillard, dueño de un camión de combustible de YPF, que estacionaba todas las noches sin problema a metros de los depósitos que estallaron. Un día antes de la explosión un suboficial por primera vez le dijo que lo sacara de ahí. La orden, dice el expediente, la había dado Quiroga, que era subdirector de la fábrica.
El magistrado descarta un atentado y concluye que el “fuego inicial”, “el incendio posterior y las explosiones que siguieron” fueron resultado de “la grave imprudencia y negligencia profesional de quienes tenían a su cargo el control de proceso industrial de la fábrica”. Stornelli y la querella ya preparan sus apelaciones.
Un juez cordobés sobreseyó a los seis acusados de la voladura de la fábrica militar, aunque todo apunta a que fue un atentado para disimular un faltante de armas exportadas ilegalmente a Croacia.
La fábrica militar de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995 y causó siete muertes.
Pruebas, pericias, testimonios, indicios. Todo apunta a que la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida hace once años, fue un acto intencional para disimular un faltante de proyectiles y cañones del Ejército que habían sido ilegalmente exportados a Croacia.
Sin embargo, el conjuez de Río Cuarto Diego Estévez decidió sobreseer a los seis militares que estaban acusados de la voladura. El fallo invalida los estudios y declaraciones que resultaron clave en la investigación y vuelve a la teoría de que fue un accidente. El fiscal Carlos Stornelli y la querellante Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, apelarán la medida.
La planta de carga de la fábrica de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995. Allí murieron siete personas, más de 300 sufrieron heridas y quedó destruida parte de la ciudad. El primer juez local que tuvo la causa, Luis Martínez, la caratuló como “estrago culposo”: consideró que no fue un episodio planificado sino producto de fallas en la seguridad. Pero en el juicio oral, el Tribunal Federal Nº 2 de Córdoba advirtió que había elementos fuertes que obligaban a profundizar la hipótesis de que hubo un atentado para ocultar la falta de armamento. La nueva pesquisa quedó en manos de Estévez, un abogado nombrado juez subrogante.
El sobreseimiento dictado por Estévez beneficia a seis ex directivos de Fabricaciones Militares y de la fábrica de Río Tercero: Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva. El fiscal federal Stornelli había pedido el procesamiento de los cuatro primeros por “estrago doloso” después de indagarlos en mayo. Los consideró partícipes necesarios de la voladura que, está convencido, fue provocada para borrar los rastros de la venta ilegal de armamento. De la fábrica militar, según la investigación, no sólo salieron armas para el contrabando, sino que allí les borraban los números de serie y toda identificación del Ejército.
La causa sobre el contrabando propiamente dicho está en manos del juez subrogante en el fuero Penal Económico Rafael Caputo y hay catorce procesados camino a juicio oral –todavía sin fecha–, entre ellos Franke, Cornejo Torino, González de la Vega, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y el ex cuñado de Carlos Menem Emir Yoma.
El fallo de Estévez, que deja el caso sin culpables, cuestiona la validez de la pericia química que se hizo en 2003, durante la etapa de juicio oral, que reveló que la explosión no fue accidental. En aquel análisis habían participado la Universidad Nacional de Córdoba, la Católica y la Tecnológica. Para el juez, ese informe consistió en “simples opiniones de imposible verificación”. La resolución también cuestiona la pericia contable de 1997, que determinó que faltaban más de veinte mil proyectiles.
“Es un fallo hecho al revés”, se quejó Ana Gritti. “El juez ha justificado lo injustificable: que se haya alterado el lugar del hecho borrando pruebas”, señaló. Su abogado, Horacio Viqueira añadió: “Estoy indignado, esta decisión intenta poner fin a la investigación judicial al desvirtuar dictámenes periciales y testimonios fundamentales”.
El fallo de Estévez desacredita testimonios que fueron valiosos para la fiscalía. Uno es el de Jacqueline Fernández de Pino, una vecina de la fábrica que en las noches previas a la explosión escuchó movimientos para nada usuales de camiones y descargas de tambores en horas de la noche. También descalificó el relato de Sergio Montgaillard, dueño de un camión de combustible de YPF, que estacionaba todas las noches sin problema a metros de los depósitos que estallaron. Un día antes de la explosión un suboficial por primera vez le dijo que lo sacara de ahí. La orden, dice el expediente, la había dado Quiroga, que era subdirector de la fábrica.
El magistrado descarta un atentado y concluye que el “fuego inicial”, “el incendio posterior y las explosiones que siguieron” fueron resultado de “la grave imprudencia y negligencia profesional de quienes tenían a su cargo el control de proceso industrial de la fábrica”. Stornelli y la querella ya preparan sus apelaciones.
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