Campaña de apoyo a los juicios contra los genocidas en Argentina
La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos en Argentina ha posibilitado, en los últimos años, la apertura de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de estado implantado en la última dictadura militar (1976-1983).
Los crímenes cometidos en el marco de la dictadura constituyen delito de genocidio, tal como fuera reconocido judicialmente por primera vez en Argentina en la sentencia de septiembre de 2006 del Tribunal Oral nº 1 de La Plata, que condenó por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua en cárcel común. Esta sentencia ha sentado un precedente histórico que posibilita que otros cientos de represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito. Es el primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal.
En breve, comenzará en la ciudad de la Plata un nuevo juicio a otro represor: el sacerdote Christian Von Wernich, confesor del ex Jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, y que está acusado de numerosos homicidios y múltiples casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, en diferentes Centros Clandestinos de Detención.
Los organismos de derechos humanos que impulsan este juicio tienen que afrontar diversos obstáculos por la falta de recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura a la que están sometidos -por falta de acción del Gobierno en ese sentido- los juzgados federales y las fiscalías. Debido a ello, todo el trabajo de investigación y reunión de pruebas sigue en manos de los querellantes, como si el Estado no tuviese ninguna obligación al respecto; y, como consecuencia, se constata la falta de medios materiales de las querellas en contraste con los afamados estudios jurídicos contratados por los represores que saturan de recursos las causas provocando por un lado, una enorme dilación de las procesos y por otro, la necesidad de intensificar al extremo el trabajo de los abogados.
A ello se suma otros hechos especialmente graves: el secuestro y desaparición de Jorge Julio López -testigo del juicio a Etchecolatz- perpetrado el día anterior a la lectura de la sentencia en ese juicio y aún no esclarecido; y la difícil situación de amenazas e intimidaciones que están sufriendo tanto los testigos, víctimas y familiares, como incluso miembros de la Judicatura y de la Fiscalía que actúan en las causas relacionadas con la represión dictatorial, y cuyo objetivo es seguir preservando la impunidad de la que disfrutan la inmensa mayoría de los criminales.
Por todo lo anterior, solicitamos la cooperación de personas, colectivos y organizaciones, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos materiales de la realización del juicio. Concretamente:
· Gastos de representación judicial: contratación de 3 abogados a tiempo completo durante 4 meses.
· Desplazamientos y estancia de 36 testigos y 11 familiares de detenidos desaparecidos a la ciudad de la Plata.
· Dotación de equipo informático: 1 ordenador portátil.
· Gastos de documentación, correo y comunicaciones.
Las aportaciones deben ingresarse en la siguiente cuenta corriente de La Caixa
2100-1663-70-0100376023 – Apoyo a Juicios
Para cualquier aclaración o información complementaria sobre la campaña, dirigirse a: casapueblos@nodo50.org
Casapueblos (España) - Asociación Ex- Detenidos-Desaparecidos (Argentina)
Mayo de 2007.
Campaña de Apoyo a Juicios
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