viernes, 22 de mayo de 2009
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Gobierno argentino reprime a ciudadanos ! -21/05/2009
Un ensayo del terror, en Patagonia
En estos tiempos de láser y fibra óptica, cuando podemos enterarnos al instante, casi en tiempo real, de lo que está pasando en algún remoto confín del planeta globalizado (o del globo planetizado), se vuelve sospechosa la lentitud con que le llegan a la población ciertas noticias.
La denuncia del copamiento del pueblo chubutense de Corcovado, por ejemplo, realizado por efectivos enmascarados del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo de este año, cuando cerca de 3.000 pobladores de esa localidad fronteriza debieron vivir bajo un virtual estado de sitio, sufriendo agresiones, torturas, vejaciones, secuestros, fusilamientos y desapariciones, tardó dos meses en llegar a los medios masivos de Buenos Aires, motivando la intervención de las autoridades nacionales. ¡Dos meses!
Debió encadenarse a las rejas de un ministerio la dirigente mapuche Moira Millán, el pasado 10 de mayo, para que un funcionario del Gobierno la recibiera y decidiera tomar cartas en el asunto.
Luciano González, miembro de la comunidad de Cerro Centinela, vecina a Corcovado, que desoyó el toque de queda del GEOP, fue detenido y está desaparecido. También permanece desaparecido el prófugo de la justicia Cristian Omar Bustos, cuya búsqueda, aparentemente, fue la excusa para desatar la cacería.
Tres de los hermanos de Cristian Omar también sufrieron la embestida del GEOP: Wilson Ruperto, de 19 años y a punto de ser papá, fue fusilado a mansalva. Marcos Abrahán quedó cuadripléjico de un balazo. Daniel Ernesto fue herido en una pierna después de entregarse desarmado, y sigue detenido en una comisaría sin que pesen cargos en su contra.
No sólo la familia Bustos sufrió el atropello. Una niña de 8 años que se estaba duchando en una de las casas de Corcovado allanadas con violencia, fue abusada delante de su propia madre. A algunos de los detenidos clandestinamente, y luego liberados, se los torturó de brutales maneras que no merecen ser descriptas.
Las denuncias al Fiscal interviniente se acumularon, pero la agresión no se detuvo (ocurre que había sido el mismo Fiscal quien había solicitado la intervención del GEOP). El comisario general de la Policía de Chubut, Juan Luis Ale, desestimó las denuncias: “Fueron allanamientos hechos con orden judicial -dijo- y no consta que haya habido hechos de violencia”.
Moira Millán, cuando tuvo la oportunidad, se lo gritó en la cara al poder: “Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”
Recuerdos del pre-Proceso
A principios de la década del ’70, como continuación de las luchas obreras manifestadas en el Cordobazo y el Viborazo, se renovaron las conducciones locales de grandes sindicatos como la UOM, el SMATA y Luz y Fuerza, dando espacio a las corrientes denominadas clasistas en el movimiento obrero argentino.
Un epicentro de aquellas luchas que estaban jaqueando a las patronales y que arrancaban al poder una mejor “distribución de la riqueza”, era la ciudad de Villa Constitución, cercana a San Nicolás, en un punto limítrofe entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
A fines de 1974, la tristemente célebre Triple A y grupos de tareas integrados por ex policías y ex miembros de fuerzas de seguridad, contratados por las mismas empresas del cordón industrial, comenzaron a hostigar a la dirigencia obrera y popular de San Nicolás y Villa Constitución con actos de terror semejantes a éstos que se han cometido en Corcovado: intimidación, secuestros, torturas, fusilamientos clandestinos, desapariciones.
La actuación policial “salvaje” en San Nicolás y Villa Constitución, lo mismo que la intervención “salvaje” del brigadier Lacabanne en Córdoba, fueron claros ensayos del terrorismo de Estado que se practicaría a gran escala a partir del 24 de marzo de 1976.
Del demonio rojo al demonio verde
En la nueva Doctrina de la Inseguridad Interior (así la ha bautizado nuestro colega AG), el lugar que antes ocupaba la vanguardia obrera clasista hoy lo ocupan las organizaciones populares, los ambientalistas y particularmente esos jóvenes Mapuche, herederos del gran Sayhueque, que tienen la osadía de recordar que esas tierras del País de las Manzanas, con sus montañas y sus lagos... les pertenecen.
Primero fue el plebiscito contra la mina de oro y plata que quería instalar la canadiense Meridian Gold -con apoyo del gobernador chubutense Das Neves- en la zona de Esquel, contaminando con cianuro las aguas de la región. Y perdieron. Debieron dar marcha atrás. El pueblo entero de Esquel se puso de pie en defensa de su derecho.
Después, fue el proyecto “Trafipán 2000”, para crear una mega cancha de esquí en un predio de 2.500 hectáreas junto al lago homónimo. El emprendimiento (que debió ser urgentemente desmentido por el productor televisivo Marcelo Tinelli y por el gobierno chubutense) contemplaba la erradicación de 300 familias Mapuche que habitan esas tierras y que están reclamando su restitución jurídica.
Ahora, la minera canadiense Aquiline Resources -siempre con el apoyo del gobierno de Mario Das Neves- ha puesto en marcha el proyecto minero “Navidad”, supuestamente orientado a la extracción de plata y plomo (aunque todo indica que habrá en el negocio otros metales preciosos, y tal vez la guarda y depósito de desperdicios nucleares en Gastre).
Los recientes anuncios de Mario Das Neves de que se pavimentarán las pistas de los aeródromos del interior, son música para los oídos de Aquiline Resources y las otras empresas mineras. El reciente veto presidencial a la ley de protección de los glaciares, es más música para los oídos de esas poderosas empresas.
¿Es descabellado, entonces, pensar que el poder político provincial está actuando como un simple agente de los intereses de las multinacionales mineras?
¿Es descabellado analizar el terror que se ha visto en el copamiento de Corcovado como un ensayo de la represión a gran escala que podría desatarse en los años que vienen, contra las organizaciones populares y ambientales?
El poder aprende de sus errores, ya se ha visto. Aquel policía que asesinó al maestro Fuentealba no tomó la precaución de ponerse la capucha. Pero éstos de Corcovado sí: estaban todos encapuchados.
Por suerte -y más que un deseo es una certidumbre- el pueblo también aprende de sus errores. Y de sus dolores. Después de los hechos de Corcovado, una verdadera red de solidaridad y denuncia se tendió para que esos abusos y esos crímenes no queden impunes.
La red tiene que ampliarse, por supuesto. Y fortalecerse. Estamos defendiendo nada menos que nuestra tierra, nuestra agua y nuestro pan. No es poco programa, en el milenio que empieza.
Por Oscar Taffetani- Agencia de Noticias pelota de trapo.
20 de mayo del 2009
Un ensayo del terror, en Patagonia
En estos tiempos de láser y fibra óptica, cuando podemos enterarnos al instante, casi en tiempo real, de lo que está pasando en algún remoto confín del planeta globalizado (o del globo planetizado), se vuelve sospechosa la lentitud con que le llegan a la población ciertas noticias.
La denuncia del copamiento del pueblo chubutense de Corcovado, por ejemplo, realizado por efectivos enmascarados del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo de este año, cuando cerca de 3.000 pobladores de esa localidad fronteriza debieron vivir bajo un virtual estado de sitio, sufriendo agresiones, torturas, vejaciones, secuestros, fusilamientos y desapariciones, tardó dos meses en llegar a los medios masivos de Buenos Aires, motivando la intervención de las autoridades nacionales. ¡Dos meses!
Debió encadenarse a las rejas de un ministerio la dirigente mapuche Moira Millán, el pasado 10 de mayo, para que un funcionario del Gobierno la recibiera y decidiera tomar cartas en el asunto.
Luciano González, miembro de la comunidad de Cerro Centinela, vecina a Corcovado, que desoyó el toque de queda del GEOP, fue detenido y está desaparecido. También permanece desaparecido el prófugo de la justicia Cristian Omar Bustos, cuya búsqueda, aparentemente, fue la excusa para desatar la cacería.
Tres de los hermanos de Cristian Omar también sufrieron la embestida del GEOP: Wilson Ruperto, de 19 años y a punto de ser papá, fue fusilado a mansalva. Marcos Abrahán quedó cuadripléjico de un balazo. Daniel Ernesto fue herido en una pierna después de entregarse desarmado, y sigue detenido en una comisaría sin que pesen cargos en su contra.
No sólo la familia Bustos sufrió el atropello. Una niña de 8 años que se estaba duchando en una de las casas de Corcovado allanadas con violencia, fue abusada delante de su propia madre. A algunos de los detenidos clandestinamente, y luego liberados, se los torturó de brutales maneras que no merecen ser descriptas.
Las denuncias al Fiscal interviniente se acumularon, pero la agresión no se detuvo (ocurre que había sido el mismo Fiscal quien había solicitado la intervención del GEOP). El comisario general de la Policía de Chubut, Juan Luis Ale, desestimó las denuncias: “Fueron allanamientos hechos con orden judicial -dijo- y no consta que haya habido hechos de violencia”.
Moira Millán, cuando tuvo la oportunidad, se lo gritó en la cara al poder: “Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”
Recuerdos del pre-Proceso
A principios de la década del ’70, como continuación de las luchas obreras manifestadas en el Cordobazo y el Viborazo, se renovaron las conducciones locales de grandes sindicatos como la UOM, el SMATA y Luz y Fuerza, dando espacio a las corrientes denominadas clasistas en el movimiento obrero argentino.
Un epicentro de aquellas luchas que estaban jaqueando a las patronales y que arrancaban al poder una mejor “distribución de la riqueza”, era la ciudad de Villa Constitución, cercana a San Nicolás, en un punto limítrofe entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
A fines de 1974, la tristemente célebre Triple A y grupos de tareas integrados por ex policías y ex miembros de fuerzas de seguridad, contratados por las mismas empresas del cordón industrial, comenzaron a hostigar a la dirigencia obrera y popular de San Nicolás y Villa Constitución con actos de terror semejantes a éstos que se han cometido en Corcovado: intimidación, secuestros, torturas, fusilamientos clandestinos, desapariciones.
La actuación policial “salvaje” en San Nicolás y Villa Constitución, lo mismo que la intervención “salvaje” del brigadier Lacabanne en Córdoba, fueron claros ensayos del terrorismo de Estado que se practicaría a gran escala a partir del 24 de marzo de 1976.
Del demonio rojo al demonio verde
En la nueva Doctrina de la Inseguridad Interior (así la ha bautizado nuestro colega AG), el lugar que antes ocupaba la vanguardia obrera clasista hoy lo ocupan las organizaciones populares, los ambientalistas y particularmente esos jóvenes Mapuche, herederos del gran Sayhueque, que tienen la osadía de recordar que esas tierras del País de las Manzanas, con sus montañas y sus lagos... les pertenecen.
Primero fue el plebiscito contra la mina de oro y plata que quería instalar la canadiense Meridian Gold -con apoyo del gobernador chubutense Das Neves- en la zona de Esquel, contaminando con cianuro las aguas de la región. Y perdieron. Debieron dar marcha atrás. El pueblo entero de Esquel se puso de pie en defensa de su derecho.
Después, fue el proyecto “Trafipán 2000”, para crear una mega cancha de esquí en un predio de 2.500 hectáreas junto al lago homónimo. El emprendimiento (que debió ser urgentemente desmentido por el productor televisivo Marcelo Tinelli y por el gobierno chubutense) contemplaba la erradicación de 300 familias Mapuche que habitan esas tierras y que están reclamando su restitución jurídica.
Ahora, la minera canadiense Aquiline Resources -siempre con el apoyo del gobierno de Mario Das Neves- ha puesto en marcha el proyecto minero “Navidad”, supuestamente orientado a la extracción de plata y plomo (aunque todo indica que habrá en el negocio otros metales preciosos, y tal vez la guarda y depósito de desperdicios nucleares en Gastre).
Los recientes anuncios de Mario Das Neves de que se pavimentarán las pistas de los aeródromos del interior, son música para los oídos de Aquiline Resources y las otras empresas mineras. El reciente veto presidencial a la ley de protección de los glaciares, es más música para los oídos de esas poderosas empresas.
¿Es descabellado, entonces, pensar que el poder político provincial está actuando como un simple agente de los intereses de las multinacionales mineras?
¿Es descabellado analizar el terror que se ha visto en el copamiento de Corcovado como un ensayo de la represión a gran escala que podría desatarse en los años que vienen, contra las organizaciones populares y ambientales?
El poder aprende de sus errores, ya se ha visto. Aquel policía que asesinó al maestro Fuentealba no tomó la precaución de ponerse la capucha. Pero éstos de Corcovado sí: estaban todos encapuchados.
Por suerte -y más que un deseo es una certidumbre- el pueblo también aprende de sus errores. Y de sus dolores. Después de los hechos de Corcovado, una verdadera red de solidaridad y denuncia se tendió para que esos abusos y esos crímenes no queden impunes.
La red tiene que ampliarse, por supuesto. Y fortalecerse. Estamos defendiendo nada menos que nuestra tierra, nuestra agua y nuestro pan. No es poco programa, en el milenio que empieza.
Por Oscar Taffetani- Agencia de Noticias pelota de trapo.
20 de mayo del 2009
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