martes, 18 de marzo de 2008
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Los crímenes de la Triple A son imprescriptibles - 18/03/2008
Lo decidió la Cámara Federal porteña. El fallo compromete a Isabelita y al ex policía Almirón. "Estos delitos deben ser investigados más allá del transcurso del tiempo".
Buenos Aires. La Cámara Federal porteña confirmó ayer que son delitos de lesa humanidad y no prescriben los crímenes cometidos en la década de los 70 por la organización de ultraderecha "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina), que se encargó de perseguir y exterminar, con aval estatal, a personalidades y políticos durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez de Perón.
Así se expidió la Sala I de la Cámara, al confirmar el procesamiento con prisión preventiva del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira, acusado de haber integrado una asociación ilícita y de participar en homicidios cometidos por la organización entre 1973 y 1975.
En esta causa son cuatro los imputados, ya que otro acusado, Juan Ramón Morales, falleció meses atrás. Además de Rovira, en la causa -que instruye el juez federal Norberto Oyarbide- está como sospechoso y prófugo Felipe Romeo, ex director de la revista ultranacionalista "El Caudillo", y también son imputados el ex policía Rodolfo Almirón, quien llegará mañana extraditado desde España, y la ex presidenta Martínez de Perón, con arresto preventivo en su casa de ese país y sobre cuyo traslado la Justicia ibérica aún no se expidió.
Entre los hechos que se le imputan a Rovira y al resto de los acusados se encuentran, entre otros, los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler y del hijo de tan sólo seis meses de edad de Raúl Laguzzi, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El voto decisivo para este fallo perteneció al presidente de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, quien debió desempatar entre sus pares de la Sala I, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes habían votado por el sí y el no, respectivamente.
Según consideró Cattani, "los crímenes de la Triple A se caracterizaron particularmente por el alto grado de despliegue, ostentación y publicidad: atentados con bombas, homicidios y ejecuciones en la vía pública, cuerpos que aparecían acribillados y que públicamente se adjudicaba la organización a través de comunicados".
"La sociedad entera era enfrentada a diario a través de las noticias con los crímenes de la Triple A y su situación era conocida en el Congreso, en los medios de difusión y prensa, y por supuesto también en el Poder Ejecutivo", reflexionó el juez, quien criticó en este sentido la falta de acción y de investigación por parte del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y el propio Congreso.
Por su parte, Freiler sostuvo que "se han recolectado múltiples testimonios según los cuales quienes se aventuraban a denunciar e investigar a la organización recibían silencio de parte del Estado y balas desde la organización. En el mejor de los casos lograban el exilio".
Para la Cámara está probado que la "Alianza Anticomunista Argentina" actuó desde el Ministerio de Bienestar Social que comandaba José López Rega, quien era a su vez la mano derecha de "Isabel" Perón.
Ese ministro -quien fue conocido como 'El Brujo', a quien se le atribuían supuestas facultades esotéricas- "tenía un poder impresionante" puesto que desde su posición "notoriamente privilegiada" logró garantizarse a sí mismo y a su organización "una impunidad total".
Sobre su rol concreto en la Triple A, para los jueces López Rega fue el "supervisor político" mientras que Morales y Almirón actuaron como los "responsables militares".
Acerca de la calificación de delito de lesa humanidad, Freiler y Cattani coincidieron en que "el alcance de las políticas planificadas, su entidad y naturaleza convierten las conductas lesivas investigado en delitos de lesa humanidad", lo que deriva en que la causa es imprescriptible. "La criminalidad cometida desde el Estado" provoca que "aquellos que deben ser defendidos resultan perseguidos y quienes deben ser perseguidos resultan protegidos", estimaron, al tiempo que concluyeron que este tipo de conductas por lo tanto "deben ser investigadas más allá del transcurso del tiempo".
El único que votó en disidencia fue Farah, quien consideró que no se trataba de delitos de lesa humanidad, por lo que a su criterio debía archivarse la investigación.
Esta causa judicial se inició hace 32 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. Pero el 2 de febrero de 2007 fue reabierta por la Justicia argentina, que se anotició de la presencia de Almirón en España.
Se espera para hoy el arribo de Almirón, extraditado desde España, mientras que "Isabelita" permanece cautiva en su casa de Madrid.
(fuente)
Lo decidió la Cámara Federal porteña. El fallo compromete a Isabelita y al ex policía Almirón. "Estos delitos deben ser investigados más allá del transcurso del tiempo".
Buenos Aires. La Cámara Federal porteña confirmó ayer que son delitos de lesa humanidad y no prescriben los crímenes cometidos en la década de los 70 por la organización de ultraderecha "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina), que se encargó de perseguir y exterminar, con aval estatal, a personalidades y políticos durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez de Perón.
Así se expidió la Sala I de la Cámara, al confirmar el procesamiento con prisión preventiva del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira, acusado de haber integrado una asociación ilícita y de participar en homicidios cometidos por la organización entre 1973 y 1975.
En esta causa son cuatro los imputados, ya que otro acusado, Juan Ramón Morales, falleció meses atrás. Además de Rovira, en la causa -que instruye el juez federal Norberto Oyarbide- está como sospechoso y prófugo Felipe Romeo, ex director de la revista ultranacionalista "El Caudillo", y también son imputados el ex policía Rodolfo Almirón, quien llegará mañana extraditado desde España, y la ex presidenta Martínez de Perón, con arresto preventivo en su casa de ese país y sobre cuyo traslado la Justicia ibérica aún no se expidió.
Entre los hechos que se le imputan a Rovira y al resto de los acusados se encuentran, entre otros, los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler y del hijo de tan sólo seis meses de edad de Raúl Laguzzi, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El voto decisivo para este fallo perteneció al presidente de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, quien debió desempatar entre sus pares de la Sala I, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes habían votado por el sí y el no, respectivamente.
Según consideró Cattani, "los crímenes de la Triple A se caracterizaron particularmente por el alto grado de despliegue, ostentación y publicidad: atentados con bombas, homicidios y ejecuciones en la vía pública, cuerpos que aparecían acribillados y que públicamente se adjudicaba la organización a través de comunicados".
"La sociedad entera era enfrentada a diario a través de las noticias con los crímenes de la Triple A y su situación era conocida en el Congreso, en los medios de difusión y prensa, y por supuesto también en el Poder Ejecutivo", reflexionó el juez, quien criticó en este sentido la falta de acción y de investigación por parte del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y el propio Congreso.
Por su parte, Freiler sostuvo que "se han recolectado múltiples testimonios según los cuales quienes se aventuraban a denunciar e investigar a la organización recibían silencio de parte del Estado y balas desde la organización. En el mejor de los casos lograban el exilio".
Para la Cámara está probado que la "Alianza Anticomunista Argentina" actuó desde el Ministerio de Bienestar Social que comandaba José López Rega, quien era a su vez la mano derecha de "Isabel" Perón.
Ese ministro -quien fue conocido como 'El Brujo', a quien se le atribuían supuestas facultades esotéricas- "tenía un poder impresionante" puesto que desde su posición "notoriamente privilegiada" logró garantizarse a sí mismo y a su organización "una impunidad total".
Sobre su rol concreto en la Triple A, para los jueces López Rega fue el "supervisor político" mientras que Morales y Almirón actuaron como los "responsables militares".
Acerca de la calificación de delito de lesa humanidad, Freiler y Cattani coincidieron en que "el alcance de las políticas planificadas, su entidad y naturaleza convierten las conductas lesivas investigado en delitos de lesa humanidad", lo que deriva en que la causa es imprescriptible. "La criminalidad cometida desde el Estado" provoca que "aquellos que deben ser defendidos resultan perseguidos y quienes deben ser perseguidos resultan protegidos", estimaron, al tiempo que concluyeron que este tipo de conductas por lo tanto "deben ser investigadas más allá del transcurso del tiempo".
El único que votó en disidencia fue Farah, quien consideró que no se trataba de delitos de lesa humanidad, por lo que a su criterio debía archivarse la investigación.
Esta causa judicial se inició hace 32 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. Pero el 2 de febrero de 2007 fue reabierta por la Justicia argentina, que se anotició de la presencia de Almirón en España.
Se espera para hoy el arribo de Almirón, extraditado desde España, mientras que "Isabelita" permanece cautiva en su casa de Madrid.
(fuente)
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