miércoles, 8 de julio de 2009
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Un decreto que no se cumple - 08/07/2009
Conservar el suelo: un deber y una oportunidad
EL 7 de julio se conmemora el día de la Conservación del Suelo, fecha instituída por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1574 de 1963, firmado por el entonces Presidente Arturo Illia.
Este decreto nace a propuesta del INTA y la fecha elegida constituye un homenaje al Dr. Hugh Bennett, pionero en la lucha contra la erosión de los suelos en distintas regiones del planeta y creador del Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos. Vale la pena recordar los fundamentos del mencionado decreto al expresar que “el suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía argentina así como de su expansión futura y que consecuentemente la conservación de nuestro recurso natural básico, es imprescindible para garantizar el bienestar de todos los habitantes de la Nación”. Sabias palabras escritas hace varias décadas pero que mantienen plena vigencia.
Se estima que actualmente unas 1.500 millones de hectáreas del planeta, que representan un 11% de la superficie, no tienen limitaciones para la agricultura, mientras que el resto, presentan problemas de aridez, humedad excesiva, acidez y suelos superficiales. Los diferentes procesos de degradación de tierras tales como erosión, salinización, desertificación y contaminación, podrían privar al mundo de un tercio de sus tierras cultivables hacia fines del presente siglo. No debemos perder de vista que ante una población mundial en crecimiento y con tierras finitas que se degradan aceleradamente en los ambientes de mayor fragilidad, el valor económico y social, de las mismas irá en contínuo aumento. Ello ocurrirá no solamente por la capacidad de producción de alimentos y fibras, sino también por la provisión de servicios ambientales, tales como regulación del clima, conservación de la biodiversidad, recreación y turismo, entre otros.
En la Argentina un 20 % del territorio está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, representando unos 60 millones de hectáreas afectadas. Las regiones áridas y semiáridas del país cubren el 75 % del territorio con ecosistemas frágiles, proclives a la desertificación. Estas regiones, que abarcan el noroeste, centro–oeste y sur de nuestro territorio, poseen un 10 % de su superficie afectada con un grado de desertificación muy grave y un 60 % con un grado de moderado a grave.
Así por ejemplo, los procesos de erosión del suelo y las alteraciones del tapiz herbáceo y del ciclo del agua en Patagonia, forman parte de un proceso más amplio de desertificación progresiva. El pastoreo extensivo de lanares ha sido la fuerza principal desencadenante del proceso de desertificación producido durante el siglo pasado, asociado a las condiciones climáticas restrictivas de la región. Otras actividades antrópicas tales como la petrolera y la minería han contribuido negativamente a incrementar los procesos de erosión y contaminación en la región. La problemática de la desertificación es muy compleja y requiere de políticas adecuadas. Las escasas alternativas productivas, el ausentismo, los problemas de comercialización y el aislamiento, entre otros, generan pobreza y migración, factores que a su vez incrementan la desertificación. También es muy importante la degradación de los recursos naturales de la región centro–oeste del país que afecta a las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y el oeste de La Pampa. El desmonte de los bosques secos, el sobrepastoreo extensivo de bovinos, ovinos y caprinos y el uso del fuego sobre las formaciones del monte y el espinal, han provocado la destrucción de la cubierta vegetal con incremento de los procesos de erosión y desertificación. Actualmente se observa con preocupación un recrudecimiento de los procesos de erosión eólica, en algunos casos con presencia de médanos activos, en el sudoeste de la provincia de Córdoba, oeste de La Pampa y este de San Luis agravados por la sequía prolongada que afecta a muchas zonas del país.
La expansión de la frontera agropecuaria a zonas marginales de fragilidad ecológica ha producido la degradación de los recursos naturales, con pérdidas cuantiosas de biodiversidad. Ello esta ocurriendo en la región chaqueña occidental que abarca parte de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta. El desmonte de grandes superficies y la utilización inadecuada de la tierra mediante sistemas de producción introducidos desde regiones más húmedas, conforman una situación de alto riesgo de erosión hídrica y eólica, como así también una amenaza de extinción para una gran cantidad de especies silvestres. Queda claro que la región constituye un sistema ecológico frágil en el que existen riesgos ciertos de desertificación. El manejo integrado de los recursos naturales aparece hoy como el sistema más apropiado y seguro para la empresa agropecuaria tanto desde el punto de vista productivo como del impacto sobre los ecosistemas de la región.
En las zonas agrícolas húmedas, si bien la siembra directa ha contribuido en buena medida a controlar el proceso erosivo, se debe consignar el abandono de la rotación de cultivos como modelo productivo, con consecuencias negativas en el balance de materia orgánica, la fertilidad y la eficiencia hídrica. La situación descripta sobre la degradación de la salud de los suelos de algunas regiones, importan por la pérdida de un capital de importancia estratégica para la Nación, pero más aún por el compromiso moral de un país naturalmente privilegiado como productor y proveedor de alimentos para el mundo. Según un informe reciente de la FAO, hay 1020 millones de personas subnutridas, lo cual representa un 15 % de la población total.
El INTA, a través de sus Centros Regionales y Centros de Investigación, está llevando a cabo programas y proyectos que contribuyen a prevenir y luchar contra la degradación de los suelos y la desertificación. En este sentido, el desarrollo y extensión de tecnología para el uso sustentable de los recursos naturales, recuperación de áreas degradadas, generación de información estratégica para el ordenamiento territorial, diversificación productiva, promoción de emprendimientos asociativos, educación y concientización de la sociedad sobre la conservación de suelos, constituyen algunos ejes sobre los que se trabaja.
Frente a ésta realidad, se impone el deber de conservar los suelos argentinos y generar políticas de largo plazo tendientes a preservar su calidad y salud. Ello incluye contar con un programa nacional de conservación de suelos que promueva la investigación, extensión, capacitación y educación (principalmente) y permita integrar y potenciar las acciones conservacionistas de las distintas instituciones del sector público y privado. Estas acciones deberían complementarse con una ley nacional de conservación de suelos que sirva de estímulo a los muchos productores que trabajan adecuadamente el suelo y a los que quieran sumarse a esta noble y responsable tarea.
Es indispensable que la sociedad en su conjunto valorice los recursos naturales, se interese por su salud e integridad y a partir de ello participe activamente en su defensa y conservación. Nuestros suelos constituyen el pilar de la economía nacional y base de una agricultura que motoriza el desarrollo regional y local y que nos proyecta al mundo en un rol cada vez más estratégico como productores de alimentos y energía. Pero si todo ello no alcanzara, agreguemos el compromiso necesario de toda la sociedad, para conservar los suelos y los recursos naturales como una concepción ética de alcance social e intergeneracional, tal lo escrito en el capítulo segundo de la Constitución Nacional.
(fuente)
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Conservar el suelo: un deber y una oportunidad
EL 7 de julio se conmemora el día de la Conservación del Suelo, fecha instituída por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1574 de 1963, firmado por el entonces Presidente Arturo Illia.
Este decreto nace a propuesta del INTA y la fecha elegida constituye un homenaje al Dr. Hugh Bennett, pionero en la lucha contra la erosión de los suelos en distintas regiones del planeta y creador del Servicio de Conservación de suelos de los Estados Unidos. Vale la pena recordar los fundamentos del mencionado decreto al expresar que “el suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía argentina así como de su expansión futura y que consecuentemente la conservación de nuestro recurso natural básico, es imprescindible para garantizar el bienestar de todos los habitantes de la Nación”. Sabias palabras escritas hace varias décadas pero que mantienen plena vigencia.
Se estima que actualmente unas 1.500 millones de hectáreas del planeta, que representan un 11% de la superficie, no tienen limitaciones para la agricultura, mientras que el resto, presentan problemas de aridez, humedad excesiva, acidez y suelos superficiales. Los diferentes procesos de degradación de tierras tales como erosión, salinización, desertificación y contaminación, podrían privar al mundo de un tercio de sus tierras cultivables hacia fines del presente siglo. No debemos perder de vista que ante una población mundial en crecimiento y con tierras finitas que se degradan aceleradamente en los ambientes de mayor fragilidad, el valor económico y social, de las mismas irá en contínuo aumento. Ello ocurrirá no solamente por la capacidad de producción de alimentos y fibras, sino también por la provisión de servicios ambientales, tales como regulación del clima, conservación de la biodiversidad, recreación y turismo, entre otros.
En la Argentina un 20 % del territorio está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, representando unos 60 millones de hectáreas afectadas. Las regiones áridas y semiáridas del país cubren el 75 % del territorio con ecosistemas frágiles, proclives a la desertificación. Estas regiones, que abarcan el noroeste, centro–oeste y sur de nuestro territorio, poseen un 10 % de su superficie afectada con un grado de desertificación muy grave y un 60 % con un grado de moderado a grave.
Así por ejemplo, los procesos de erosión del suelo y las alteraciones del tapiz herbáceo y del ciclo del agua en Patagonia, forman parte de un proceso más amplio de desertificación progresiva. El pastoreo extensivo de lanares ha sido la fuerza principal desencadenante del proceso de desertificación producido durante el siglo pasado, asociado a las condiciones climáticas restrictivas de la región. Otras actividades antrópicas tales como la petrolera y la minería han contribuido negativamente a incrementar los procesos de erosión y contaminación en la región. La problemática de la desertificación es muy compleja y requiere de políticas adecuadas. Las escasas alternativas productivas, el ausentismo, los problemas de comercialización y el aislamiento, entre otros, generan pobreza y migración, factores que a su vez incrementan la desertificación. También es muy importante la degradación de los recursos naturales de la región centro–oeste del país que afecta a las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y el oeste de La Pampa. El desmonte de los bosques secos, el sobrepastoreo extensivo de bovinos, ovinos y caprinos y el uso del fuego sobre las formaciones del monte y el espinal, han provocado la destrucción de la cubierta vegetal con incremento de los procesos de erosión y desertificación. Actualmente se observa con preocupación un recrudecimiento de los procesos de erosión eólica, en algunos casos con presencia de médanos activos, en el sudoeste de la provincia de Córdoba, oeste de La Pampa y este de San Luis agravados por la sequía prolongada que afecta a muchas zonas del país.
La expansión de la frontera agropecuaria a zonas marginales de fragilidad ecológica ha producido la degradación de los recursos naturales, con pérdidas cuantiosas de biodiversidad. Ello esta ocurriendo en la región chaqueña occidental que abarca parte de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta. El desmonte de grandes superficies y la utilización inadecuada de la tierra mediante sistemas de producción introducidos desde regiones más húmedas, conforman una situación de alto riesgo de erosión hídrica y eólica, como así también una amenaza de extinción para una gran cantidad de especies silvestres. Queda claro que la región constituye un sistema ecológico frágil en el que existen riesgos ciertos de desertificación. El manejo integrado de los recursos naturales aparece hoy como el sistema más apropiado y seguro para la empresa agropecuaria tanto desde el punto de vista productivo como del impacto sobre los ecosistemas de la región.
En las zonas agrícolas húmedas, si bien la siembra directa ha contribuido en buena medida a controlar el proceso erosivo, se debe consignar el abandono de la rotación de cultivos como modelo productivo, con consecuencias negativas en el balance de materia orgánica, la fertilidad y la eficiencia hídrica. La situación descripta sobre la degradación de la salud de los suelos de algunas regiones, importan por la pérdida de un capital de importancia estratégica para la Nación, pero más aún por el compromiso moral de un país naturalmente privilegiado como productor y proveedor de alimentos para el mundo. Según un informe reciente de la FAO, hay 1020 millones de personas subnutridas, lo cual representa un 15 % de la población total.
El INTA, a través de sus Centros Regionales y Centros de Investigación, está llevando a cabo programas y proyectos que contribuyen a prevenir y luchar contra la degradación de los suelos y la desertificación. En este sentido, el desarrollo y extensión de tecnología para el uso sustentable de los recursos naturales, recuperación de áreas degradadas, generación de información estratégica para el ordenamiento territorial, diversificación productiva, promoción de emprendimientos asociativos, educación y concientización de la sociedad sobre la conservación de suelos, constituyen algunos ejes sobre los que se trabaja.
Frente a ésta realidad, se impone el deber de conservar los suelos argentinos y generar políticas de largo plazo tendientes a preservar su calidad y salud. Ello incluye contar con un programa nacional de conservación de suelos que promueva la investigación, extensión, capacitación y educación (principalmente) y permita integrar y potenciar las acciones conservacionistas de las distintas instituciones del sector público y privado. Estas acciones deberían complementarse con una ley nacional de conservación de suelos que sirva de estímulo a los muchos productores que trabajan adecuadamente el suelo y a los que quieran sumarse a esta noble y responsable tarea.
Es indispensable que la sociedad en su conjunto valorice los recursos naturales, se interese por su salud e integridad y a partir de ello participe activamente en su defensa y conservación. Nuestros suelos constituyen el pilar de la economía nacional y base de una agricultura que motoriza el desarrollo regional y local y que nos proyecta al mundo en un rol cada vez más estratégico como productores de alimentos y energía. Pero si todo ello no alcanzara, agreguemos el compromiso necesario de toda la sociedad, para conservar los suelos y los recursos naturales como una concepción ética de alcance social e intergeneracional, tal lo escrito en el capítulo segundo de la Constitución Nacional.
(fuente)
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