viernes, 30 de noviembre de 2007
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Videla y 16 ex represores van a juicio oral - 30/11/2007
Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides, Juan Pablo Saá, Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.
Julia Izumi corresponsalía Buenos Aires La Justicia decidió elevar a juicio oral y público a los responsables del Plan Cóndor, por lo que 17 represores, entre ellos Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Eduardo Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Juan Pablo Saá, deberán someterse a proceso por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas llevada a cabo en la década del ’70.
La decisión adoptada por el juez federal Sergio Torres viene a confirmar que en la Justicia local existe una reactivación de las causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos que venían sufriendo demoras en distintas instancias. Hace dos semanas, la Cámara de Casación destrabó la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA al convalidar la investigación tras cuatro años de estancamiento; se presume que el mismo destino tendrá el expediente sobre los delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.
El magistrado acusó a los ex militares de haber integrado una “asociación ilícita” que definió como la “concertación de un acuerdo criminal”, entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay, para “aniquilar los elementos políticos subversivos” del continente con el apoyo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos preocupados en los años ’70 por la posible expansión del marxismo en la región.
Entre los casos que investiga, se incluye la desaparición de 32 ciudadanos uruguayos, entre ellos los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en 1976, y decenas de ciudadanos argentinos como la nuera del escritor Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena, Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.
Dentro del Plan Cóndor se inscribe también la actuación de la DINA chilena, cuyos agentes fueron los responsables del asesinato, en Buenos Aires y en Washington, de dos funcionarios del gobierno de Salvador Allende: Carlos Prats y Orlando Letelier.
Debieron transcurrir tres años desde el primer procesamiento dictado por el ex juez federal Jorge Urso, quien inició la causa junto con su ex colega Adolfo Bagnasco en setiembre de 2004. La mayor parte de la instrucción estuvo a cargo de su remplazante, Guillermo Montenegro, quien recientemente renunció a sus funciones para dedicarse a la política pero le dejó a su subrogante, Sergio Torres, una investigación que en los Tribunales fue catalogada de “prolija y brillante”.
La decisión del magistrado se esperaba desde hace un año, cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los imputados por los delitos de “privación ilegal de la libertad y asociación ilícita agravada”.
En la Argentina, uno de los centros clandestinos que actuó como lugar de detención de los secuestrados por el Plan Cóndor fue Automotores Orletti.
De todos los represores que deberán afrontar el juicio oral y público tanto Videla como Menéndez cumplen arresto domiciliario. Los demás -la lista incluye a Eduardo De Lío, Carlos Caggiano Tudesco, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Carlos Tragant, Antonio Guañabens Perelló, Ernesto Alais y Carlos Landoni, además de los ya mencionados- si bien fueron beneficiados por la Cámara de Casación con la libertad provisional, están detenidos por distintas causas que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad.
Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides, Juan Pablo Saá, Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.
Julia Izumi corresponsalía Buenos Aires La Justicia decidió elevar a juicio oral y público a los responsables del Plan Cóndor, por lo que 17 represores, entre ellos Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Eduardo Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Juan Pablo Saá, deberán someterse a proceso por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas llevada a cabo en la década del ’70.
La decisión adoptada por el juez federal Sergio Torres viene a confirmar que en la Justicia local existe una reactivación de las causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos que venían sufriendo demoras en distintas instancias. Hace dos semanas, la Cámara de Casación destrabó la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA al convalidar la investigación tras cuatro años de estancamiento; se presume que el mismo destino tendrá el expediente sobre los delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.
El magistrado acusó a los ex militares de haber integrado una “asociación ilícita” que definió como la “concertación de un acuerdo criminal”, entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay, para “aniquilar los elementos políticos subversivos” del continente con el apoyo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos preocupados en los años ’70 por la posible expansión del marxismo en la región.
Entre los casos que investiga, se incluye la desaparición de 32 ciudadanos uruguayos, entre ellos los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en 1976, y decenas de ciudadanos argentinos como la nuera del escritor Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena, Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.
Dentro del Plan Cóndor se inscribe también la actuación de la DINA chilena, cuyos agentes fueron los responsables del asesinato, en Buenos Aires y en Washington, de dos funcionarios del gobierno de Salvador Allende: Carlos Prats y Orlando Letelier.
Debieron transcurrir tres años desde el primer procesamiento dictado por el ex juez federal Jorge Urso, quien inició la causa junto con su ex colega Adolfo Bagnasco en setiembre de 2004. La mayor parte de la instrucción estuvo a cargo de su remplazante, Guillermo Montenegro, quien recientemente renunció a sus funciones para dedicarse a la política pero le dejó a su subrogante, Sergio Torres, una investigación que en los Tribunales fue catalogada de “prolija y brillante”.
La decisión del magistrado se esperaba desde hace un año, cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los imputados por los delitos de “privación ilegal de la libertad y asociación ilícita agravada”.
En la Argentina, uno de los centros clandestinos que actuó como lugar de detención de los secuestrados por el Plan Cóndor fue Automotores Orletti.
De todos los represores que deberán afrontar el juicio oral y público tanto Videla como Menéndez cumplen arresto domiciliario. Los demás -la lista incluye a Eduardo De Lío, Carlos Caggiano Tudesco, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Carlos Tragant, Antonio Guañabens Perelló, Ernesto Alais y Carlos Landoni, además de los ya mencionados- si bien fueron beneficiados por la Cámara de Casación con la libertad provisional, están detenidos por distintas causas que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad.
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